La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, y el director de despacho, Mario Zamora, fueron denunciados ante la Fiscalía por el Jefe del Departamentos de Recursos Humanos, Hernán Rojas, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, faltas al deber de control interno, abuso de autoridad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícitos.
El Sindicato de los funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes (Sidef) comunicó sobre la denuncia y dijo ser conocedor de las múltiples advertencias que Rojas habría realizado sobre nombramientos que no cumplían requisitos, pagos prolongrados de recargos injustificados, favorecimientos de asesores cercanos al despacho, traslados forzosos de personal sin justificación, “entre tantas otras estrategias de hostigamiento laboral”.
Estas advertencias, indica el Sindicato, habrían sido realizadas directamente al despacho de Crespo, pero “nunca fueron entendidos como el derecho corresponde; por el contrario, la respuesta prepotente fue el hostigamiento y las constantes amenazas”.
“No estamos ante un conflicto interno entre el funcionariado y la Defensora de los Habitantes y su despacho, no estamos ante un conflicto personal, cientos de voces de la sociedad civil organizada nos dan la razón: estamos ante una crisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado la Defensoría de los Habitantes, a la vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales” dice el comunicado.
Esta no sería la primera vez que funcionarios se pronuncian en contra del quehacer de la Defensora, en el 2020 un grupo de 81 funcionarios presentaron una carta a la Asamblea Legislativa en la que pedían se abriera una investigación en su contra y solicitaba su renuncia.
Parte de las personas firmantes de esta carta denunciaron este año persecución laboral y sindical en su contra con posible relación a la postura que tomaron dos años atrás.
El secretario de Sidef y actual director de Niñez, Adolescencia y Juventud, Álvaro Paniagua; la directora jurídica, Catalina Delgado; la directora de Niñez, Kattia Rodríguez; el jefe de Recursos Humanos, Hernán Rojas y la funcionaria de la Dirección de Igualdad y No Discriminación, Marjorie Herrera, son algunas de las personas firmantes que han sido denunciadas penalmente por Crespo.
Crespo también fue cuestionada por el Grupo de Trabajo Agenda Cedaw por el traslado de una persona funcionaria que asiste su trabajo desde hace 14 años y la acusaron de desmantelar una instancia que lucha por la erradicación de la discriminación basada en género y le solicitan abrir una investigación “en los procedimientos que constituyen acoso laboral para las funcionarias de instancias como la Defensoría de género para poder removerlas y colocarlas en otras instancias donde sus conocimientos no serán aprovechados al máximo”
Además, en julio fue confrontada por la Mesa Nacional Indígena por visitar Salitre, guiada por la abogada, Thais Vidal, quien fue condenada a cárcel por usurpar de forma violenta a una mujer indígena su tierra en territorio indígena. Durante esta visita Vidal le habría pedido separar de investigaciones a Paniagua y a Herrera.
Defensora califica de ‘ilegal’ recuperación de tierras que por ley pertenecen a las comunidades indígenas
Ante consultas de UNIVERSIDAD, Catalina Crespo no quizo referirse a por qué decidió ser guiada, en su última visita a Salitre, por una abogada condenada por usurpar una tierra a una mujer indígena al sacarla de su casa de forma violenta con la ayuda de otras 20 personas
Otras 18 organizaciones civiles que defienden los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA y la población LGBTI habrían denunciado “trato indignante por parte de la defensora” y “falta de compromiso y claridad” en junio cuando la jerarca presentó su informe de labores ante la Asamblea Legislativa.
En el comunicado también mencionan un “horrible ambiente de persecución laboral a lo interno de la Defensoría de los Habitantes que ha trascendido a la opinión pública y que se ve reflejado en un informe carente de profundidad”.