44 expedientes por daño ambiental esperan finalizar proceso

Casos contra piñeras se añejan atorados en Tribunal Ambiental

El caso activo más antiguo data del 2001.
Tribunal maneja 3.600 casos con solo siete abogados y sin sistemas de cómputo que integren expedientes

Entre los 3.600 expedientes que tramita actualmente el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), languidece un grupo muy particular: varias docenas de casos donde figuran empresas piñeras acusadas de daño ambiental y que, años después de iniciados, aún no tienen un punto final.

En total son 44 “expedientes piñeros”, como les llaman en el Tribunal, y varían en formas y tamaños, pero todos comparten una condición: siguen sin encontrar su fin, algunos desde hace más de una década y otros apenas con meses de antigüedad, todos esperando llegar a audiencia y terminar el proceso en esta dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía.

Los cargos son variados y en su mayoría están relacionados con etapas del cultivo y la atención de las plantaciones, desde afectación al recurso hídrico e invasión de áreas protegidas hasta el cambio de uso de suelo y daños a humedales o a nacientes.

“Hay asuntos que se mueven rápido o más lento, pero el tema de piñeras es complicado: no es tan sencillo como decir se cortaron cinco árboles o tal”, explica Ligia Umaña, jueza y presidenta del TAA.

El caso de las piñeras involucra procesos complejos relacionados con la hidrografía de la zona o el comportamiento de aguas llovidas y generalmente involucra un abanico de instituciones estatales a quienes el Tribunal necesita.

“Es complicado porque la valoración del daño ambiental es compleja y además muchas veces tenemos dilaciones para obtener los informes que solicitamos; a veces requieren más insumos técnicos y pedimos dos o tres veces cada uno”, señala la jueza.

El trabajo del Tribunal Ambiental es distinto del que efectúan otras instancias judiciales, ya que debe probar los daños causados al ambiente por individuos o sociedades.

Sin embargo, la respuesta no siempre es expedita. El caso más antiguo que todavía está activo dentro del Tribunal involucra a una empresa piñera ubicada en Pueblo Nuevo de Chilamate, en el cantón de Sarapiquí, que fue acusada de vertido de aguas y afectación de áreas de protección en el 2001.

Estos 44 expedientes piñeros esperan todavía llegar a la fase de audiencia, una etapa del proceso interno del TAA donde tres jueces deben valorar la evidencia y emitir su sentencia: declarar la culpabilidad o decidir que no existe tal daño (vea recuadro: “Vida legal en el Tribunal Ambiental”).

El Tribunal Ambiental no puede ofrecer datos claros sobre cuántos expedientes han llegado a esta etapa porque carece de un sistema digital integrado de seguimiento que permita generar reportes y estadísticas.

Pero el personal señala que son apenas un puñado los que llegaron a fase de audiencia en los últimos seis años.

De los seis abogados tramitadores del TAA, Daniel Montero es quien labora de manera más cercana con expedientes piñeros y solo recuerda dos casos que hayan llegado a audiencia desde el 2009.

Montero y sus seis colegas son uno de los puntos clave: más allá de los 44 expedientes de las piñeras, los siete abogados tramitadores deben manejar más de 3.500 casos al mismo tiempo.

“Imagínese usted, tener 500 o 600 expedientes a la vez es humanamente… complicado”, sentencia la jueza Umaña.

Los casos de piñeras, que tienen sus propias complicaciones, naturalmente quedan atrás.

Los problemas

Ocho de los casos contra piñeras ante el Tribunal Ambiental Administrativo están a la espera de la valoración del impacto de daño ambiental y la valoración económica del daño: es decir, hasta dónde pueden señalarse los efectos negativos de la acción juzgada y cuánto le costarían al infractor.

“El tema de la valoración económica del daño no deja de ser una piedra en el zapato. No es un asunto sencillo. Cuando se trata de piñeras es mucho más complejo”, explicó la jueza.

Un problema para esto son las metodologías: el TAA no tiene personal para hacer análisis económico y además las instituciones que los hacen no cuentan con criterios uniformes.

Un ejemplo es el de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que desde el 2008 intenta cuantificar el impacto económico que sufrió por una posible contaminación de un acuífero en la zona del Caribe.

El abogado Montero señala que solo conoce un economista ambiental en todo el Minae, lo que imposibilita pasar a audiencia con el resto del expediente aunque la evidencia sea sólida.

“Si usted va a enjuiciar una piñera que tiene capacidad de tener un equipo de peritos para tener su propia valoración, usted tiene que tener una posición muy sólida”, apunta el letrado.

Para esto, el ministro Édgar Gutiérrez, jerarca del Minae, prepara cambios a lo interno de su cartera para fortalecer el rol técnico de esta instancia.

Otro asunto crítico que atrasa los expedientes son las solicitudes de información que debe hacer el TAA, pues la entrega de información no siempre es expedita: la jueza Umaña recuerda que hay casos que han pedido informes hasta seis veces.

“A nosotros a veces no se nos toma en serio”, señala la presidenta del Tribunal y lo compara con la celeridad que obtienen las solicitudes de información que hace la Sala Constitucional.

En 2014, el Estado de la Nación señaló que “el cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad” y recordó que en informes previos habían señalado el mismo problema.

Según la Cámara de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), que agrupa a las empresas del sector, el cultivo de piña en Costa Rica se extiende por 38.000 hectáreas, aporta cerca de 28.000 empleos y su exportación reportó ingresos por $806 millones en 2015.

“Canapep y sus asociados vamos por la senda correcta en lo ambiental y social, ya que nuestro trabajo como Cámara y el de la Comisión Socio Ambiental de la Piña (COSAP), de la cual la Universidad de Costa Rica forma parte, tienen muy claro nuestro trabajo en estas dos áreas” apunta Abel Chaves, presidente de la Canapep.

Chaves señala que las empresas tienen sus propios mecanismos y planes de trabajo en materia ambiental y social que están basados en la legislación nacional y que la Cámara realiza evaluaciones y auditorías anuales.

“El hecho de que el Tribunal tenga este número de casos abiertos que usted nos menciona obedece principalmente a que un 13% de estos expedientes nacieron por oficio y el 87% son por denuncias y el que permanezcan abiertos desconocemos las razones que tiene el Tribunal Ambiental para mantenerlos en este estatus”.

Certificación

De manera paralela al trabajo que hace el equipo del Tribunal Ambiental, existe una serie de medidas complementarias y preventivas para combatir la contaminación ambiental de las piñeras, como las buenas prácticas agrícolas y las certificaciones.

“Ahora con el tema de certificaciones ambientales y una serie de herramientas que están en el mercado internacional, las mismas compañías se están despabilando para no cumplir con la normativa ambiental”, explica Umaña.

El director de Normas de Políticas para la Red de Agricultura Sostenible, Oliver Bach, es de quienes apuesta a los consumidores como un mecanismo de protección.

“Un factor que empuja en la piña, al igual que en el banano, la aplicación de buenas prácticas es el mercado mismo”, dice Bach, un biólogo alemán que tras 23 años en Costa Rica es uno de los principales expertos en sostenibilidad agrícola.

A pesar de casos en ambos cultivos, Bach es enfático en que la mayoría de productores costarricenses de banano y piña buscan acatar la robusta legislación laboral y ambiental del país.

“A pesar de todos los desafíos ambientales y sociolaborales, Costa Rica es líder en la región”, concluye el alemán.

El problema es que, si bien existen empresas piñeras que se esfuerzan por cambiar sus prácticas, las que no lo hacen pueden pasar años antes que la justicia las alcance.

“Hay asuntos que se mueven rápido o más lento, pero el tema de piñeras es complicado: no es tan sencillo como decir se cortaron cinco árboles o tal”.
Ligia Umaña,Tribunal Ambiental Administrativo

 

Vida legal en el Tribunal Ambiental

Estas son las etapas que cumple un expediente que llega al Tribunal Ambiental Administrativo, dependencia del Minae.

  1. Ingreso del caso: un ciudadano presenta una denuncia o el Tribunal actúa de oficio y abre un expediente ante un supuesto daño ambiental.
  1. Admisión: Los abogados y técnicos del TAA hacen una revisión preliminar para determinar si el caso cumple los requisitos mínimos para iniciar el proceso.
  1. Fase preliminar de investigación: el equipo de abogados y técnicos del TAA recopilan evidencia alrededor del caso.
  1. Valoración del daño: alguna entidad competente, como el Sinac o el AyA, realiza una valoración del impacto ambiental y económico.
  1. Imputación: si el caso tiene méritos, se imputa al acusado de supuesto daño ambiental; de otro modo, se desestima. El acusado es notificado.
  1. Audiencia: el caso es llevado ante el tribunal, compuesto actualmente por tres juezas.
  1. Acto final: se determina si el acusado es culpable o si se declara sin lugar.


P21-Piña

Estado lleva ocho años pagando contaminación de acuífero

AyA ha gastado más de tres millones de dólares en proveer agua en Siquirres.

Ocho años y medio después de que aparecieran residuos de plaguicidas relacionados con piñeras en un acuífero en Siquirres, el Estado todavía costea las medidas paliativas para sobrellevar la crisis de agua en cuatro comunidades de la zona.

Desde el 22 de agosto del 2007, cuando el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) empezó a repartir agua en camiones cisterna, la institución ha gastado más tres millones de dólares en esta distribución de agua, según datos del Estado de la Nación. UNIVERSIDAD contactó a la entidad para actualizar la cifra pero no recibió respuesta al cierre de edición.

Las comunidades de Milano, El Cairo, La Francia y Luisiana, donde viven 7.000 personas, solo acceden al agua potable en esa forma y no pueden aprovechar el acuífero de El Cairo, porque quedó contaminado con el pesticida bromacil, usado en las plantaciones de piña de Siquirres.

La primera evidencia de la contaminación ambiental llegó en 2003, cuando el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de la Universidad Nacional, detectó residuos de plaguicidas en agua para consumo humano en la zona. En 2007 y años sucesivos, posteriores análisis determinaron que el líquido no era potable.

“Las fuentes están ubicada en la parte baja de donde terminan las plantaciones piñeras y la parte alta es zona de recarga. Ahí, en su momento, quien sembró piña fue otra empresa y vendió a Corporación del Monte”, explicó Xinia Briceño, presidenta de la Asociación Administradora del Sistema del Acueducto Rural de Milano, que sirve a cerca de 1.000 familias de la zona.

Aun así, una visita de UNIVERSIDAD a la zona afectada constató que el líquido que reparte el AyA solo les alcanza a las familias para comer y beber, y deben recurrir al agua de la tubería para bañarse y hacer otras tareas domésticas.

El Estado ha sido incapaz de cobrarles a los productores de piña por su daño ambiental, al no haberse logrado realizar una valoración económica del perjuicio, y siguen abiertos casos ante el Tribunal Ambiental Administrativo, presentados desde el 2008.

Hastiados, los habitantes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo del año pasado, junto con organizaciones locales y la Universidad de Santa Clara, en California.

“Es la primera vez que un caso como el nuestro llega a la CIDH y se expone el tema como un derecho humano”, señaló Briceño.

Briceño es clara: con el dinero que el Estado ha invertido en enviar cada dos días un camión cisterna con 12.000 litros de agua para la comunidad, ya se podía haber construido un nuevo acueducto para la zona.


 

Piña tica domina el mundo

Costa Rica es el actor dominante en el mercado mundial de piña: el país proveyó el 62% de la piña exportada a nivel global en 2014, según datos de la organización internacional TradeMap, mientras que un cultivo tradicional como el banano apenas acapara 10% del comercio del orbe.

La fruta casi siempre se dirige hacia el norte: 53% de la piña va hacia Estados Unidos y 44% a los mercados europeos. En ambos mercados, Costa Rica provee más del 80% de las importaciones de piña.

Banano y piña ocuparon, respectivamente, el tercero y cuarto lugar entre los principales productos costarricenses de exportación en el 2014, según datos de Promotora de Comercio Exterior (Procomer), solo superados por microprocesadores y dispositivos médicos.

La piña costarricense destaca a nivel global porque aquí se cultiva una variedad desarrollada en el país y conocida como la piña dorada.

“Las exportaciones de piña surgen como resultado de una estrategia de ampliación de la oferta exportable nacional que ha tenido mucho éxito en términos comerciales”, indica un análisis de base del Programa Estado de la Nación, realizado en 2015 por el economista Francisco Gamboa, quien trabajó como Director de Inteligencia Comercial de Procomer.


 

 

 

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