Así como la espuma, los casos de violencia dentro de los hogares costarricenses crecieron más del doble en los últimos cuatro años.
Según datos del Ministerio de Salud publicados el pasado 28 de febrero en su boletín epidemiológico N°7, mientras en el 2021 los casos de violencia intrafamiliar en el país llegaron a un total de 9.406, para el 2024 este número aumentó a 23.046; esto representa un aumento del 145%.
En lo que va del 2025, esta cartera registra un total de 2.659 casos de violencia intrafamiliar.
Estos datos resultan alarmantes, según varios especialistas consultados, quienes aseguran que el país atraviesa una crisis social potenciada por la pobreza, la falta de empleo, el crimen organizado, la disminución en la inversión de programas sociales, entre otros.
“Este aumento de la violencia generalizada es bastante claro y habitual en muchos países. (…) Estamos en una olla de presión. Cuando hay una crisis social la violencia aumenta dirigida hacia la población más vulnerable”, señaló Ana María Jurado, psicóloga e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien considera que el crecimiento de violencia suele ser común después de eventos “fuertes”, tales como epidemias o pandemias.
La violencia intrafamiliar es cualquier situación de maltrato físico, psicológico, sexual o patrimonial en el que la persona que realiza el acto violento tiene una relación de consanguinidad, afinidad o adopción con la persona agredida.
Mayor afectación: mujeres y niñas
Esta crisis social que enfrenta el país tiene como sus principales víctimas a niñas, mujeres jóvenes y adultas mayores, quienes, son violentadas de diferentes formas dentro de sus propios hogares.
De acuerdo con datos de Salud, para el 2021 los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres fueron de un 75,2%, en comparación con un 24,8% correspondiente a hombres.
Esta misma relación se repitió en el 2024, cuando en un 68,4% de los casos, las afectadas fueron mujeres, mientras que un 32,4% hombres.
Por edad, los grupos más afectados corresponden a personas menores de un año, adolescentes y jóvenes con edades entre los 10 y 19 años, así como adultos mayores de 75 años y más.
“Hay una violencia social desatada, donde generalmente las mujeres, los niños y las niñas, y los adultos mayores son las principales víctimas, y eso se traslada al interior de los hogares”, mencionó la presidenta de la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres, Sylvia Meza.
Meza destacó que el alto número de casos de violencia intrafamiliar reportados en el país tiene “cierta correspondencia” con el aumento de femicidios y solicitudes de medidas de protección.
Según estadísticas del Observatorio de Género del Poder Judicial, los femicidios pasaron de 20 en el año 2021 a 30 en el 2024, con un pico importante de 31 en el 2023.
En el caso de las medidas de protección estas crecieron de 51.137 a 53.752 en el período 2021-2024, dijo.
La también psicóloga agregó que la violencia simbólica a la cual se enfrenta la sociedad diariamente, tiene relación también con este aumento en los casos, pues empodera a muchos a hombres para que maltraten a sus parejas dentro de los hogares.
Predominan casos de abandono y negligencia
El Ministerio de Salud reveló también que el abandono de niños y de personas adultas mayores es el tipo de violencia dentro de los hogares que registra más casos en el país, alcanzando un total de 14.941 en el período comprendido entre el 2021 y el 2024.
Este tipo de violencia intrafamiliar pasó de 1.794 casos en el 2021 a 5.786 en 2024, según estadísticas del Ministerio Salud.
“La pandemia dejó a la población en una situación económica bastante precaria. Hubo una pérdida significativa de trabajo. La realidad ahora es que no hay una disminución del desempleo, sino un aumento de la gente que dejó de buscar trabajo. Salieron de la fuerza de trabajo para engrosar las listas del empleo informal”, señaló la psicóloga Ana María Jurado, quien dijo que esta situación es la que mejor explica —aunque no justifica— un mayor abandono de adultos mayores.
Este tipo de violencia doméstica es seguida por los casos de abuso psicológico, los cuales pasaron de 2.364 en 2021 a 4.312 en 2024, y de los relacionados con abuso físico que aumentaron de 1.409 a 5.738 en ese mismo período.
Los casos registrados de abuso sexual, por su parte, crecieron de 1.245 en 2021 a 4.054 el año anterior.
Puntarenas reporta mayor incidencia
En cuanto a provincias, los datos del Ministerio de Salud arrojaron que Puntarenas encabeza la mayor tasa de incidencia de casos notificados de violencia intrafamiliar reportados en los últimos cuatro años.
Para el 2021, la tasa de incidencia de casos en esta provincia fue de 446,6 por 100.000 habitantes, la cual aumentó a 784,4 para el 2024.
Esta provincia costera es secundada por Limón que pasó de una tasa de incidencia de 240,9 por 100.000 habitantes en 2021 a 521,6 en 2024.
De acuerdo con la presidenta de la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres, Sylvia Meza, una mayor incidencia en Puntarenas y Limón se debe a que ambos lugares han sido excluidos y abandonados por el Estado desde hace muchos años. Asimismo, estas zonas han sido tomadas por el crimen organizado.
Esta no es la única problemática que golpea a esta provincia. Recientemente, el Ministerio de Salud reveló que Puntarenas reportó el año anterior la mayor tasa incidencia de depresión por 100.000 habitantes en el país.
De acuerdo con esta cartera, en el 2024 Puntarenas registró una tasa de 279 por 100.000 habitantes, seguida de San José, con 101. El promedio nacional, por su parte, fue de 192.
El cantón puntarenense con la mayor incidencia de casos de depresión corresponde a Montes de Oro, con 606,8 por 100.000 habitantes.
La salud mental, de acuerdo con las especialistas, es otro de los factores que influye en el aumento de la violencia intrafamiliar.
Menos prevención e inversión social
Finalmente, ambas psicólogas enfatizaron que el estallido de esta violencia en los hogares costarricenses es alimentado también por una menor prevención e inversión social por parte del Gobierno.
De acuerdo con la psicóloga Ana María Jurado, con la regla fiscal, el Ministerio de Hacienda ha recortado el financiamiento de la población más vulnerable. Muchas familias, por ejemplo, han perdido los subsidios que antes recibían por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), incluidos los estudiantes, lo que muchas veces los excluye del sistema educativo.
UNIVERSIDAD informó semanas atrás, por ejemplo, que en el 2022 el Gobierno otorgó 387.739 becas Avancemos a estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema; mientras que para este año la meta apenas asciende a 320.000.
“No veo una intención real y firme. Esto no se puede atender si no se hace desde la institucionalidad y con políticas públicas y no veo una intención de hacerlo. (…) Mi preocupación es que la desatención y no hacer nada genera un aumento (de casos)”, mencionó Jurado.
Desde su perspectiva, tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) son dos instituciones creadas para proteger a estas dos poblaciones vulnerables; sin embargo, se requiere de un liderazgo con conocimiento y comprometido para llevar adelante esta protección.
“Las instituciones se crearon para proteger a estas personas, niños y mujeres, pero, si esto se pierde, vuelven a su vulnerabilidad. (…) Tenemos figuras dentro de ministerios que no han tenido el liderazgo que este aumento de la violencia requiere para volver a proteger a la población más vulnerable. (…) Lo que hay que hacer es regresar a la política pública que ya existe y no hacerse de la vista gorda, volver a aplicarla, porque lo que hemos tenido es un deterioro”, añadió.
En esa misma línea, la presidenta de la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres destacó que las autoridades deben enfocarse en prevención.
En el país, por ejemplo, existe ya una política para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades; no obstante, esta no está “siendo aplicada en su totalidad” por este Gobierno.
“Es una política nacional, pero resulta que a este Gobierno no le gusta, entonces están haciendo otras cosas que no están contribuyendo a disminuir la violencia. (…) La prevención no le gusta a ningún Gobierno, porque es algo que requiere de mucha inversión y que se ve a muy largo plazo. El Gobierno no está previniendo”, mencionó Meza, quien agregó que, con la reducción en la inversión social para así pagar deuda pública, se está “hipotecando” el futuro de las próximas generaciones. La también psicóloga destacó que es necesario promover “cambios culturales” en el país, pues “vivimos en una sociedad que condona la violencia y le da más poder a los hombres”. Asimismo, se deben realizar campañas de prevención “sistemáticas y constantes”, ojalá en radio y televisión, y no solamente en redes sociales.
PANI abarrotado de denuncias
Consultada sobre este tema, la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, indicó que esta institución se encuentra desbordada por denuncias de violencia. Este crecimiento exponencial en las denuncias demanda respuesta inmediata del PANI.
“Con este crecimiento exponencial en la cantidad de denuncias sobre todo en los últimos tiempos, la sociedad está demandando una respuesta inmediata para la atención de situaciones que significan un riesgo inminente. Esto hace que la fuerza del PANI se aboque más en denuncias en comparación con otros periodos”, indicó Garza, quien destacó que todo esto se atiende pese al recurso limitado que tiene la institución.
En el 2022, por ejemplo, se atendieron 127.000 personas menores de edad víctimas de algún tipo de situación violatoria de derechos, mientras que el número fue de 137.000 en el 2023, agregó la jerarca.
La jerarca del PANI coincidió también en que enfermedades de salud mental, pobreza, desempleo, patrones disfuncionales a nivel familiar y consumo de sustancias psicoactivas, entre otros, inciden en el aumento de la violencia dentro de los hogares.
Sobre prevención, Garza enumeró las diferentes herramientas o programas que ofrece la institución para así proteger los derechos de las personas menores edad.
Además, indicó que la protección de estas personas no recae únicamente en el PANI, sino también en la Iglesia, sociedad civil y en otras instituciones, quienes también tienen “corresponsabilidad”.
UNIVERSIDAD solicitó también una entrevista sobre el tema al Inamu; sin embargo, desde la oficina de prensa de esta dependencia indicaron que la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, se encontraba fuera del país.
