Solo tres semanas después de que el Partido Acción Ciudadana (PAC) asumió su segundo mandato en la historia, un escándalo plagado de figuras del Partido no solo “descabezó” al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), sino que además dejó en entredicho la credibilidad de varias figuras de Gobierno, tanto de la vieja como de la actual administración.
El caso se incubó desde meses atrás en el Sinart: de Gobierno PAC a Gobierno PAC; sin embargo, estalló pasadas las elecciones, y dejó desperdigados distintos testimonios sobre una misma serie de eventos, todos relacionados con la institución pública.
El escándalo, sin embargo, salió a la luz hasta mediados de mayo, cuando trascendió una denuncia interpuesta por la ministra de Cultura, Sylvie Durán, contra el presidente ejecutivo del Sinart, Mario Alfaro, por un presunto tráfico de influencias.
La denuncia la presentó Durán en la última sesión del Consejo de Gobierno pasado, alegando la posibilidad de que Alfaro pudiera haber intentado beneficiar a Coopeasesorías S.A., una organización compuesta por familiares suyos.
Esa acusación finalmente derivó en la apertura de una investigación contra de Alfaro y, posteriormente, en su destitución este mismo martes.
La cooperativa en cuestión además había solicitado un financiamiento por ¢500 millones al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), con el argumento de que el Sinart —junto con otras 15 empresas— le había dado su visto bueno para contratar sus servicios de factoreo.
Según la denuncia, Alfaro incluso habría podido solicitar una reunión con el Infocoop para discutir la viabilidad de aplicar la técnica de factoreo como método de cobro adelantado, algo que finalmente no ocurrió, pero que encendió todas las alarmas.
Estas alarmas también se encendieron en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público recién conformada en el Congreso, donde también se abrieron pesquisas desde el lunes pasado.
Esta comisión, que tiene poco de haber sido integrada e instalada, se estrenó citando a comparecer al ahora expresidente ejecutivo Alfaro y a la ministra Durán, un espacio en el que —como si un presidente ejecutivo y una ministra no fueran suficientes— terminaron siendo mencionados también otra buena cantidad de ministros, funcionarios y hasta diputados “de la casa”: todos PAC.
El presunto tráfico de influencias, entonces, estaba destinado a ser solo un capítulo de la historia tras la defensa de Mario Alfaro, quien argumentó que la acusación le parecía una simple represalia por la destitución de un funcionario en el Sinart, pues el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, conocía y había desestimado los hechos desde agosto de 2017.
¿Represalia?
El nombre de Pablo Cárdenas pasó hasta cierto punto desapercibido en el ambiente político hasta al viernes 25 de mayo, fecha en la que fue despedido tras asumir funciones como Director de Comunicación de Casa Presidencial. Allí, acompañaría al nuevo ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, quien —como el actual presidente Carlos Alvarado y como Mario Alfaro— fue asesor legislativo de la fracción del PAC entre 2006 y 2010.
No obstante, la gestión de Cárdenas en comunicación había empezado mucho antes, en el Sinart, donde fue director de general hasta abril, cuando fue despedido por el Consejo Ejecutivo por “pérdida de confianza”.
Según comentó Mario Alfaro en su comparecencia con los diputados de la República, el despido de Cárdenas habría sido la causa de que se reavivara el caso de Coopeasesorías en su contra, ocho meses después de que ese tema ya hubiera pasado por el despacho del entonces ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Específicamente, Mario Alfaro aseguró que la movida del Consejo Ejecutivo del Sinart no cayó bien en los altos mandos del Gobierno de Luis Guillermo Solís.
Según Mario Alfaro, Sylvie Durán y Sergio Alfaro lo habían citado a una reunión el 10 de noviembre, con la presencia de Cárdenas, y en ella le recordaron la “inconveniencia” de separar a Cárdenas por tensiones internas.
Según Durán, esta inconveniencia radicaba en que Cárdenas conocía a la perfección el proceso de transformación del Sinart que inició en 2014; mientras que Mario Alfaro había llegado a la Presidencia Ejecutiva apenas en mayo de 2016 para suplir a Germán Vargas, quien se acogió en aquel entonces a su pensión y decidió evitar molestias internas sobre su tarea.
No obstante, para Mario Alfaro la importancia de mantener a Cárdenas iba más allá de ese argumento e incluso mostró a los diputados un mensaje de texto que le envió el exministro de Comunicación, Mauricio Herrera, afirmando que –en el Gobierno– “había mucha molestia” por el despido.
Más tarde, Mario Alfaro afirmó también que Cárdenas siempre actuó “bajo la protección de la ministra Durán, como su operador y su cuota de poder dentro de la entidad estatal”, con facultades para realizar nombramientos y modificar la programación.
Destituido Cárdenas, ya a inicios de mayo, el expresidente ejecutivo aseguró que Mauricio Herrera también le llamó para ofrecerle que presentara su renuncia y se evitara el conflicto que acarrearía una investigación pública, algo que el jerarca del Sinart rechazó.
Tras su cese en el Sinart, Pablo Cárdenas fue recontratado por el Estado como Director de Comunicación de la Presidencia, campo del que lo cesan después de asumir, por no estar colegiado como periodista, según las versiones oficiales.
Sobre las acusaciones de posibles represalias, la ministra Durán dijo haber presentado la denuncia hasta que fue enterada de los hechos por un periodista y tras conversar con Luis Emilio Cuenca, entonces viceministro de Trabajo. Esos fueron insumos con los que encontró “un campanazo de alarma” suficientemente fuerte para hacerlo.
“Yo entiendo que por razones de temporalidad se pretenda asociar a otros elementos, pero la investigación tiene que ver estrictamente con las relaciones que podría o no tener el señor Mario Alfaro con el Infocoop”, apuntó.
Caso Enrique Sánchez
Antes del despido de Pablo Cárdenas como director general del Sinart, otro hecho causó revuelo y molestia a lo interno del Sistema: Pablo Cárdenas habría intentado despedir con responsabilidad patronal (es decir pagándole indemnización) a su exasesor, el hoy diputado oficialista Enrique Sánchez, antes de que este renunciara para asumir su curul dentro de la fracción oficialista.
Esta decisión la expresó Cárdenas en el Consejo Ejecutivo del Sinart y se la comunicó a Enrique Sánchez, quien laboró por poco más de un año en el Sinart.
Ese despido, habría generado molestia entre los altos mandos del Sinart, que posteriormente abrieron una investigación para definir si hubo irregularidad alguna en el proceso.
Conocida la molestia interna, incluso antes de la investigación, Cárdenas se comunicó con Sánchez de nuevo, quien ofreció colocar su renuncia retroactiva “para evitar malas interpretaciones”, según el mismo diputado explicó.
Sánchez se había alejado de su puesto entre el 2 de enero y el 9 de febrero para enfrentar su campaña, fue despedido el 12 de febrero (luego de la primera ronda electoral, cuando ya estaba electo como diputado) y, finalmente, presentó la carta de renuncia retroactiva diez días después.
De ese despido con responsabilidad patronal no quedó registro alguno más allá de las declaraciones de los involucrados.
Por este motivo, la investigación no encontró irregularidades suficientes para abrir un procedimiento disciplinario contra de ninguno de los implicados, pues —como mencionó Mario Alfaro ante los diputados— nunca se consumaron las intenciones iniciales.
“No hay registro de que él haya firmado una carta de despido y el informe legal es muy estricto con eso, se ciñe con eso, yo le pedí a nuestro asesor legal que se abocara a presentar un informe técnico-legal y no hay una carta o una copia de que él haya firmado el recibido”, apuntó el expresidente ejecutivo.
En campaña no
Junto con el intento de despido al hoy diputado Enrique Sánchez, se abrió una investigación por ese mismo proceso, un expediente que finalmente no determinó mayores consecuencias, pero que —tras su apertura— en plena campaña electoral habría enfrentado escollos para conocerse en el Consejo del Sinart antes de los comicios de segunda ronda.
Así lo reveló Mario Alfaro, quien indicó que habría existido una suerte de boicot contra las sesiones del Consejo para evitar que avanzara la investigación, probablemente presumiendo un resultado negativo que finalmente nunca ocurrió contra el diputado electo.
Según el expresidente ejecutivo, “hubo una intención de paralizar el trabajo del Consejo Ejecutivo del Sinart” apelando a la ausencia de los representantes de los ministerios a la sesión del 15 de marzo, con lo que habría bastado para evitar el cuórum necesario.
Mario Alfaro indicó también que el día siguiente recibió una llamada del entonces ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, consultando por la sesión y diciéndole que “no podían permitir que sesionaran”.
También dijo que entre el 16 y el 22 de marzo recibió una solicitud de reunión del exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien le habría pedido de forma expresa que no se conociera el informe antes de las elecciones del 1º de abril. Eso finalmente no ocurrió por motivos de agenda.
Descalabro
Como primer gran movimiento tras conocerse a fondo el conflicto, el presidente de la República, Carlos Alvarado, decidió separar a Mario Alfaro una vez conocidos los resultados del informe de investigación ordenada por el Consejo de Gobierno anterior.
La decisión fue revelada la tarde de este martes, concluida la sesión del Consejo de Gobierno, donde se tomó la decisión sin la intervención de Sylvie Durán ni Juan Carlos Mendoza, como lo había solicitado Alfaro.
En el caso de Durán, Alfaro había manifestado su incomodidad por una relación “desgastada” y la inconveniencia de su juicio por haber presentado la denuncia; mientras que en el caso de Mendoza, mencionó conocer que este era “amigo” de Cárdenas y destacó la improcedencia de que participara en el proceso por ser el jefe directo de esa persona.
La única solicitud que no le fue aceptada al expresidente ejecutivo del Sinart fue la de invitarle a realizar un descargo, algo que había mencionado como un posible “acto de transparencia”.
De cualquier manera, el presidente Alvarado tomó su primera gran decisión, la destitución de uno de sus jerarcas institucionales de bases partidarias, incluso con la venia de la diputada del PAC en la Comisión de Ingreso y Gasto, Paola Vega, quien solicitó la remoción desde el lunes.
Para calcular las prestaciones que deberán pagársele a Alfaro por cesantía, el Consejo de Gobierno acordó elevar la consulta a la Procuraduría General de la República.
No obstante, quedarán por verse las conclusiones de gran parte de las acusaciones restantes, incluidas las que se desprendan de las averiguaciones que continúen revelándose en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa.
Dicho organismo ya citó a comparecer al ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza; al exjerarca de esa rama, Mauricio Herrera; al exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; al exdirector general del Sinart, Pablo Cárdenas; y al directivo de Coopeasesorías que aseguró tener el aval del Sinart para una contratación, Alejandro Alfaro.
A solo días del inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, el primero de ellos ya azotó al nuevo Gobierno y lo puso contra las cuerdas. El señalamiento de un posible tráfico de influencias contra el presidente ejecutivo del Sinart ahora desembocó en acusaciones cruzadas en la misma trinchera.
