Mediante un oficio emitido el día de ayer, el diputado del Frente Amplio José María Villalta solicitó a las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que se investigue si personas vinculadas al llamado caso ‘diamante’ han hecho aportes económicos a campañas o pre-campañas electorales.
En su misiva, Villalta menciona en primer lugar que “la información conocida habla de la existencia de contribuciones económicas presuntamente ilegales, y la existencia de estructuras paralelas ilegales de financiamiento que involucran a políticos y empresarios”.
Al respecto, citó el caso de Rolando Araya Monge, quien fue precandidato presidencial en el Partido Liberación Nacional (PLN) y aspira a la Presidencia por el Partido Costa Rica Justa, y que “habría recibido, antes de las elecciones primarias del PLN, contribuciones ilegales por la suma de $20 mil dólares, de parte del empresario José Daniel Cruz Porras”, de la empresa Explotec.
También menciona a su hermano Jhonny, actual alcalde de San José quien “habría recibido una contribución” también de Cruz Porras, con el fin de “ganar las distritales” en las elecciones internas del PLN.
El alcalde de Cartago Mario, Redondo Poveda, “habría recibido financiamiento de parte de la empresa MECO, mientras que el de Alajuela, Humberto Soto Herrera, de igual manera “habría recibido financiamiento ilegal de parte de la empresa MECO por ₡4 millones de colones; el de Osa, Alberto Cole de León, también de parte de MECO “₡1,8 millones de colones”, todo ello de cara a las elecciones municipales pasadas.
Villalta también mencionó a Orlando Guerrero Vargas, “tesorero en varias campañas electorales” del PLN y actualmente es candidato a vicepresidente por el Partido Costa Rica Justa, a quien, “se le señala como creador de estructuras paralelas de financiamiento, así como por la gestión de contribuciones ilegales para precandidatos, candidatos y partidos políticos”.
Por ello, el legislador solicitó al TSE que determine si aparecen como contribuyentes en pre-campañas o campañas electorales, desde 2010 hasta 2022, Carlos Cerdas Araya, dueño de las empresas MECO, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), e Iksa Integra Kapitales S.A.; así como Abel González, Alejandro Bolaños, Luis Fernando Gutiérrez y Sergio Alvarado, todos ellos gerentes de MECO.
También incluyó a al mencionado José Daniel Cruz Porras, y a Rainier Alois Anders, socio de Cruz Porras en Explotec y otras empresas, así como a José Mariano Alpízar, también socio de Cruz en la empresa J.J.M.A.A. De Occidente S.A., y a Marco Vinicio Montero, también socio de Cruz en otras empresas.
Así, Villalta solicitó que se investigue las “eventuales contribuciones económicas ilegales en favor de Rolando Araya Monge, Jhonny Araya Monge, Mario Redondo Poveda, Humberto Soto
Herrera, Alberto Cole de León” por parte de esos empresarios; así como la gestión de contribuciones económicas y “creación de estructuras paralelas ilegales” por parte de Orlando Guerrero Vargas en el PLN y el Partido Costa Rica Justa.
Finalmente, el legislador también solicitó se investigue “la presunta existencia” de estructuras paralelas ilegales de financiamiento en el PLN, Patria Justa y la llamada Alianza Demócrata Cristiana, de Mario Redondo.
A través de la oficina de prensa del TSE, el letrado Andrei Cambronero informó que hoy mismo el TSE dispuso remitir la gestión de Villalta al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Por otra parte se añadió una respuesta que el jefe de ese Departamento, Ronald Chacón, envió a La Nación, en la cual dijo que a raíz de las publicaciones de medios de prensa sobre el caso diamante, ese Departamento en ejercicio de sus competencias dispuso abrir dos investigaciones preliminares, bajo la modalidad de “estudio especial”.
