Tras 23 años de idas y venidas, el caso contra Miguel Ángel Rodríguez y seis imputados más por los reaseguros del INS irá a juicio oral y público en 2024.
Así lo informó esta tarde el Tribunal Penal de Hacienda y agregó que el debate se realizará del 6 de mayo al 27 de setiembre del año siguiente. “Mediante voto de mayoría se determinó que lo procedente es que los hechos se conozcan en un debate hasta llegar al dictado de una sentencia”, indicó el tribunal.
Cabe recordar que en junio de 2001 la justicia costarricense abrió un expediente para investigar los supuestos pagos hechos por empresas reaseguradoras del Reino Unido e indagó a Rodríguez y a otros funcionarios de su gobierno como Cristóbal Zawadzki, presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS). Se investiga si Rodríguez y sus allegados cometieron el delito de peculado.
Según lo que se conoce del caso, la firma inglesa PWS y las corredoras Guy Carpenter y Willis Re habrían pagado comisiones y dádivas para asegurar el lucrativo negocio de los reaseguros del INS. El reaseguro es una transacción mediante la cual una compañía aseguradora indemniza a otra, en este caso el INS, contra la totalidad o parte de la pérdida que pueda sufrir a partir de una póliza o pólizas que haya emitido. Por ese servicio, la compañía cedente, —o sea, el INS—, paga al reasegurador una prima.
Caso de Miguel Ángel Rodríguez y reaseguros sigue impune tras 22 años, mientras que hace más de una década hubo condena en Inglaterra
Análisis del caso ordenado en el Poder Judicial muestra que el principal “cuello de botella” de 15 años en el trámite del caso se dio en las etapas procesales de investigación y la intermedia de valoración de la prueba.
También es importante recordar que en octubre de 2010 en el Reino Unido se dio una condena por el caso, cuando Julian Messent, un alto ejecutivo de la firma aseguradora PWS, admitió ante un juez haber autorizado 41 “pagos corruptos” por 1,2 millones de libras esterlinas a funcionarios estatales costarricenses entre febrero de 1999 y junio del 2002 (alrededor de $1,8 millones ese año, en que 1 libra esterlina se cotizó en promedio en $1,5).
Cuando Messet confesó ante autoridades judiciales en octubre de 2010, detalló entre otras cosas que “los pagos subrepticios fueron realizados a través de cuentas bancarias a nombre de las esposas de dos funcionarios costarricenses en Panamá y Estados Unidos y una agencia de viajes en la Florida”.
Sin embargo, en Costa Rica y tras más de dos décadas, como reportó UNIVERSIDAD en agosto pasado, ni siquiera se había logrado dar inicio a un solo día de juicio para que finalmente se resolvieran las acusaciones y más bien, en noviembre del año pasado, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública había declarado el caso con “actividad procesal defectuosa”, precisamente, por la tardanza del proceso.
Los efectos de esa decisión, eso sí, se determinarían una vez que adquiriera firmeza pero fue justo derivado de ello, que el Tribunal Penal de Hacienda emitió la resolución en la que se señala las fechas para el debate.
