Caso Aldesa: La supervisión que llegó tarde

Dos reformas legales fueron presentadas después del descalabro financiero que afecta a 500 personas físicas y jurídicas.

El jefe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro, dice que su representada “no tiene absolutamente nada que ver con Aldesa ni con ninguna entidad de ese grupo”.

Además, sostiene que “todas las consultas deben ser canalizadas a la Sugeval (Superintendencia General de Valores)”.

La jefa de la Sugeval, María Lucía Fernández, sí responde a nuestras preguntas, pero, tal y como lo hiciera la semana pasada ante la comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, reitera que únicamente puede dar cuenta de la parte regulada de Aldesa Corporación de Inversiones, esto es, de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión.

“Es importante aclarar que Aldesa SAFI no capta dinero, ya que esta sociedad tiene por objeto único la administración de fondos de inversión”, alegó Fernández.

En la “zona gris” –desregulada- de las operaciones de Aldesa, se encuentran, como en el metafísico limbo, los $200 millones que ese grupo económico adeuda a 500 personas físicas y jurídicas, incluyendo asociaciones solidaristas de empresas de Inversión Extranjera Directa; es decir, de las zonas francas que confiaron sus ahorros a ese grupo económico.

Las autoridades supervisoras se desmarcan de toda responsabilidad de supervisión sobre esa parte del negocio del grupo debido a que, técnicamente, esas operaciones no constituían una intermediación financiera, pues estaban destinadas a desarrollar proyectos inmobiliarios y, por eso, no estaban cubiertas por la Ley Reguladora del Mercado de Valores o alcanzadas por la Ley Orgánica del Banco Central.

De hecho, Fernández explicó que fue después de que se hiciera pública la crisis de Aldesa, el pasado 8 de marzo, cuando se presentaron dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa con el fin, precisamente, de que se acabaran las “zonas grises” que impiden la supervisión consolidada de los grupos económicos.

Pero, hasta que esta tragedia ocurrió, Aldesa Corporación de Inversiones llevaba 28 años operando así en el país, posiblemente con base únicamente en la confianza que inspiraban sus dueños y accionistas, todos de renombre.

El presidente de la corporación es el exministro de Transportes y empresario, Javier Chaves Bolaños. Las juntas directivas de varias de las empresas del grupo están integradas por economistas y empresarios reconocidos, como Luis Mesalles, Lanzo Luconi y Mario Montealegre, o como el también reconocido exdirector del diario La Nación, Eduardo Ulibarri, con nombramientos que vencen hasta en el año 2118. Es decir, en el siglo XXII, algo muy decidor de la confianza pero también muy común en el mundo de las personerías jurídicas.

Para más confianza, si bien Aldesa es un negocio de la familia Chaves, el presidente de la corporación está casado con la respetada economista Edna Camacho, hasta hace poco ministra de Coordinación Económica y hoy representante del país ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La superintendenta Fernández explicó que el proyecto de Ley de Supervisión Consolidada N° 21.355 contiene reformas a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, específicamente a los artículos 141, 143, 155 y que agrega un artículo 141 bis.

“Esta reforma da mayor alcance a la supervisión y establece sanciones ante incumplimientos de los Grupos Financieros y sus vinculaciones con otras empresas relacionadas”, dijo.

Agregó que el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo (Presidencia y Ministerio de Hacienda) el 23 de abril de 2019. Esto es con posterioridad a que el presidente de Aldesa anunciara que recurrió al Juzgado Concursal del I Circuito de San José para presentar un plan remedial, el cual, de ser aprobado, busca volver a hacer rentables esos proyectos en un plazo de tres años (Ver nota relacionada: “No sabemos de otros grupos que operen de modo similar”).

En esa ocasión, Chaves también anunció el cierre de Aldesa Puesto de Bolsa, el despido de 53 personas y el traslado de esos capitales al Puesto de Bolsa Inversiones SAMA. Mientras tanto, los inversionistas privados de esos proyectos no recibirían su dinero, dijo.

El más reciente episodio de este doloroso thriller financiero ocurrió el 18 de julio pasado, cuando las personas acreedoras de las inversiones “privadas” de Aldesa asistieron a una audiencia solicitada por la empresa ante el Tribunal Segundo de Apelaciones, con el fin de solicitar que se anularan las dos negativas del Juzgado Concsursal de San José por las cuales este rechazó el plan remedial propuesto.

Flora Fernández Amón sobre audiencia: “Salimos en silencio y cabizbajos”. (Foto de Katya Alvarado).

Flora Fernández Amón, representante de una de las familias afectadas, describió el ánimo de las personas inversionistas al salir de la actividad, a la cual no se permitió ingresar a la prensa ni a quienes participaron usar teléfonos celulares.

“Todos salimos cabizbajos y en silencio”, dijo.

El interés declarado por los abogados de Aldesa, de que se acepte el plan remedial porque, de declararse la quiebra de la compañía las personas acreedoras no podrán recuperar su dinero, pareció convertirse entonces en motivo de una siniestra coincidencia de intereses con las personas afectadas, en medio del luto que ya portan desde el 8 de marzo pasado.


María Lucía Fernández, de Sugeval: “No sabemos de otros grupos que operen de modo similar”

Afirma que informó al Conassif del impacto del caso Aldesa en las empresas reguladas.

María Flórez-Estrada Pimentel

maria.florez-estrada@ucr.ac.cr

La superintendenta General de Valores, María Lucía Fernández, respondió a nuestras preguntas sobre lo último del caso Aldesa.

¿De quién fue la iniciativa de presentar esos proyectos ante la Asamblea Legislativa y en qué años fueron presentados?

-El proyecto de reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores fue presentado el 8 de marzo de 2019, mientras que el de Supervisión Consolidada el 23 de abril de 2019.

Ambos proyectos de ley son una importante mejora al marco legal del sistema financiero nacional y son iniciativa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), las Superintendencias y el Banco Central de Costa Rica.

Además, estos proyectos forman parte de la agenda de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En las reuniones que realiza el Conassif, ¿expuso usted acerca de la crisis en Aldesa Fondo de Inversión y se discutió acerca del impacto que tendría la crisis de Aldesa Corporación de Inversiones en el sistema y en el mercado financiero?

-La Sugeval informa periódicamente al Conassif los asuntos relevantes sobre sus regulados. En el caso de Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, se han presentado informes detallados relacionados con la solicitud y el proceso de desinscripción del servicio de custodia del Puesto de Bolsa, y la desinscripción y proceso de cierre de los fondos financieros administrados por la sociedad administradora.

Adicionalmente, la Sugeval informó al Conassif de la solicitud de administración por intervención judicial de Aldesa Corporación de Inversiones, puntualmente del impacto en las empresas reguladas y de las acciones de la Sugeval en protección de la separación patrimonial de los clientes y sus inversiones en los productos regulados de oferta pública.

¿Existen en este momento otras empresas o grupos económicos que operan de un modo similar al de Aldesa? Si es así, ¿cuáles son y qué previsiones toma la Sugeval al respecto?

-La Sugeval no tiene a este momento conocimiento de otras empresas o grupos económicos que operen en forma similar.

 


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