Casi la mitad de los diputados electos (27) para la Asamblea Legislativa aprobaron la tarde de este lunes una moción pidiéndole al presidente de la República, Carlos Alvarado, abstenerse de “emitir o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma” la interpretación legal del aborto impune: una solicitud que, sin embargo, no es vinculante para el Ejecutivo.
En favor de la iniciativa votaron los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Restauración Nacional (PRN), del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), dos del Partido Integración Nacional (PIN) y los independientes del bloque Nueva República; quienes superaron por un voto al resto de la Asamblea, encabezado por las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Acción Ciudadana (PAC), junto con el frenteamplista José María Villalta y la integracionista Zoila Rosa Volio Pacheco.
27 diputados acaban de aprobar la moción en la que piden al pres. Alvarado que se abstenga de "emitir, o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune". Esto no es vinculante para el Ejecutivo. @SemanarioU pic.twitter.com/cfcdoCKqln
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) January 21, 2019
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El aborto impune está establecido en el artículo 121 del Código Penal, según el cual “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico (…) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.
Los legisladores se manifestaron como respuesta a las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien apenas la semana pasada aseguró que el presidente Carlos Alvarado firmará la norma técnica para regular el aborto terapéutico en el transcurso de este 2019, conforme estaba previsto.
La norma técnica buscaría reglamentar las formas en que se puede aplicar el aborto establecido en el Código Penal, como cualquier protocolo o reglamento. No obstante, la corriente más conservadora de la Asamblea, encabezada por los partidos de corte cristiano, asegura que esa norma permitiría ampliar el marco normativo disponible para aumentar los causales que podría solicitar una mujer para solicitar la interrupción de su embarazo.
Los diputados del PAC y del FA intentaron revisar la moción con el objetivo de revertir la decisión; sin embargo, la intención no fue acogida por el resto de los legisladores y fracasó, también por diferencia de un voto.
Los diputados discuten en esta momento esta moción, en la que varios diputados le piden al presidente Alvarado que se abstenga de "emitir, o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune" @SemanarioU pic.twitter.com/Qi78dTP0Dd
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) January 17, 2019
Uno de los principales defensores de la reversión fue el frenteamplista José María Villalta, quien argumentó que la intención no solo se estaba planteando de forma incorrecta porque incluía una recomendación al Ejecutivo a través de una moción de orden, sino porque además le pedía al Gobierno “abstenerse de cumplir con una de sus funciones constitucionales”, como se trata de la regllamentación.
En esa línea, Villlata señaló que no reglamentar una ley sólo abre el espacio para “diferentes interpretaciones” , muchas de ellas violatorias de los derechos humanos, como ha ocurrido en el caso del aborto impune, cuyo vacío legal ha sido señalado por al menos tres organismos internacionales de derechos humanos.
En contraposición, ganó el criterio de congresistas como la restauracionista Xiomara Rodríguez, quien más bien señaló que no podía apoyar una norma que hable de “salud” de la mujer, sino solo su “integridad física”. Según Rodríguez, la norma técnica le permitiría al médico delinquir “amparado en la ley”, pues el aborto sería una opción aún si no corre riesgo la vida de la mujer.
En el Plenario, Rodríguez, médica de profesión, además señaló que no sabía “por qué tanta prisa” para aprobar una norma técnica en la materia, pues las estadísticas de mortalidad materna son apenas cercanas al 2% en el país (en realidad 2,5 por cada 10.000 nacimientos). Además, señaló que las mujeres “pueden correr el mismo riesgo en una clínica clandestina que en una clínica de alta clase”.
PLN y PAC tienen dudas
A pesar de que ni el PAC ni el PLN apoyaron la moción aprobada por los partidos cristianos o de tendencia aún más conservadora, la fracción liberacionista sí presentó una moción en la que para manifestarse contra el “aborto libre o cualquier medida que pretenda flexibilizar las normas en esa materia”.
Ellos sí reconocían la importancia de generar una norma técnica; sin embargo, junto con el apoyo de cinco diputados del PAC (Víctor Morales, Mario Castillo, Ramón Carranza, Welmer Ramos y Catalina Montero) votaron favorablemente esa petición.
La moción, eso sí, fue rechazada con votación de 22 a 31 diputados, pues los legisladores cristianos y de corte conservador no querían validar de ninguna forma a la norma.
No obstante, la moción liberacionista sí sirvió para dejar clara la posición de Liberación Nacional sobre el aborto, así como la división existente en el PAC en relación con la aplicación del aborto en términos generales.
Sobre la moción, el jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, subrayó que en esa agrupación están “totalmente comprometidos con la defensa del no nacido”; mientras que, por parte de los diputados del PAC que aprobaron la iniciativa, Luis Ramón Carranza agregó que estaba “a favor de la vida y en contra rotundamente del aborto libre”.
Además de las mociones antes reseñadas, los diputados también votaron y aprobaron una tercera moción para pedirle al Ministerio de Salud un borrador de la norma técnica sobre aborto terapéutico, una petición que contó con el respaldo de 44 congresistas y el único rechazo del PAC, del Frente Amplio (FA) y de la restauracionista Zoila Volio.
Ellos defendieron la no politización de la norma, como un asunto eminentemente técnico; sin embargo, no pudieron evitar la aprobación de la iniciativa que propuso el republicano Otto Roberto Vargas.
Vargas incluso amenazó con acudir a la Sala Constitucional si la norma ampliara el ámbito de aplicación del aborto impune con la norma técnica, a pesar de que el Gobierno ha reiterado que esa no es la intención. “Ese eventual decreto ejecutivo tiene que ser respetuoso del pueblo, de la jerarquía de las normas y no debe ir más allá de los estipulado en la ley”, subrayó.
Un compromiso
La norma técnica sobre aborto terapéutico es un compromiso del presidente Alvarado desde su campaña como candidato presidencial; sin embargo, ha decidido no firmarla todavía, aunque no ha ahondado en las razones para posponer ese acto.
El compromiso también lo había asumido en su momento el gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, quien finalmente incumplió con lo prometido.
Específicamente, el Gobierno había adquirido ese compromiso como respuesta a la lucha de dos mujeres conocidas como Ana y Aurora, quienes demandaron al Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, tras sobrellevar partos inviables por la ausencia de un protocolo para que los médicos tuvieran que aplicar sus respectivos abortos de forma obligatoria.
Ambas mujeres tuvieron que llegar hasta el momento de sus partos, a pesar de que sabían que sus fetos resultarían sin vida.
Presentadas sus denuncias ante la CIDH, el gobierno de Luis Guillermo Solís se comprometió a avanzar con una guía para evitar ese tipo de perjuicios y aprobarla tan pronto como fuera posible; no obstante, la solución “amistosa” finalmente no llegó a buen puerto.
Ahora, el presidente Alvarado ha subrayado desde el inicio de su mandato que firmará la norma; aunque sigue sin encontrar el momento adecuado.
No obstante, la semana pasada el ministro Piza, excandidato del PUSC, de corte conservador pero aliado del Gobierno, aseguró que el mandatario firmará el documento este año, de modo que entre en vigencia de forma inmediata y sea vinculante para todo el sector médico.
La norma técnica fue desarrollada por especialistas en la materia y pretende establecer las pautas necesarias para desarrollar abortos seguros, siempre y cuando la salud o la vida de la mujer gestante corran peligro.
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Esta nota se editó para agregar la corrección al dato difundido por la diputada Xiomara Rodríguez en relación con la tasa de mortalidad materna, que no se calcula en porcentajes sino en cifras por cada 10.000 habitantes.
