Desde el 2007, Shi Alarcón, directora de Casa Rara, ha estado involucrada en ayudar a la comunidad LGTBIQ+. La iniciativa se empezó a gestar cuando sus amigos que “salían del closet” se quedaban sin hogar debido al rechazo de sus familias y ella les acogía en su apartamento.
Tras dos situaciones con personas en las cuales buscaron de su ayuda para un refugio, Shi y Roig Brenes se plantearon la idea de generar un espacio para recibir a personas entre 15 y 25 años que se autoperciben como LGTBIQ+ y están en riesgo de condición de calle, o bien, tienen dificultades económicas debido al rechazo de sus familiares.
Así nace Casa Rara: una organización cuyo nombre muestra que recibe a aquellos que se sienten fuera de lo “normal” y acoge a aquellos que son diferentes. Además, les brindan recursos de todo tipo para que puedan decidir sobre sus propias vidas: desde dinero hasta formación feminista y acompañamiento psicológico.
Debido a su trabajo, obtuvo el distintivo de mariscal de la Marcha de la Diversidad 2019.
Actualmente, 24 personas reciben incentivos económicos de la organización, cerca de 60 personas reciben apoyo terapéutico y constantemente atienden situaciones de emergencia y brindan asesoría ante cualquier necesidad que la persona presente.
La organización se está planteando a futuro generar un mecanismo para emplear a la gente joven. En torno a la temática, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha mencionado que debido a la discriminación, las personas LGTBIQ+ tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral lo que les coloca en una posición de exclusión social.
Por otra parte, Casa Rara tiene ideado a largo plazo abrir un hospicio para personas LGTBIQ+ adultas mayores. En el país, según el Centro de investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), no existen opciones de este tipo.
Un Estado ausente
La organización ha detectado una serie desigualdades en que las personas LGTBIQ+ están en riesgo de exclusión social como lo son la vital, la existencial y la de recursos. La vital se refiere al ambiente donde se desarrolla la persona. La existencial es la que engloba los asuntos personales de la persona como lo es el género y la edad. Por otra parte, la de recursos, como es el económico o bien la educación.
Parte de la problemática de la atención integral de las desigualdades y la exclusión social que presenta la comunidad LGTBIQ+ radica en la falta de información por parte del Estado acerca de esta población.
Según Luis Salazar, comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTIQ+, “actualmente, se está realizando un trabajo conjunto con el INEC con el fin de obtener información sobre las personas LGBTIQ+ en el país, ya que en el sistema estadístico nacional no se han incluido variables en la temática, así como tampoco en las encuestas del INEC, incluidas aquellas donde se recoge información sobre desempleo”.
Por su parte, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) cuenta con información sobre el sexo registral, no sobre orientación sexual de las personas.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mencionó a la Asociación Ciudadana Acceder en la “Guía de situación de los derechos de las personas LGTBI en Costa Rica” en el 2018, que “están coordinando con universidades para realizar una investigación y obtener datos sobre sexualidad de los menores de edad del país y de esta forma saber quiénes se definen en la población LGTBI”.
Según Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y género, “una de las problemáticas más grandes es no tener información, y al no tener información es imposible hacer política pública para atender problemas” como la discriminación, el bullying y los crímenes de odio.
Debido a esta problemática, la ONU en su examen periódico universal recomendó a Costa Rica “mejorar y desglosar los datos basados en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales con miras a comprender claramente la situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”. Costa Rica aceptó tales recomendaciones.
Además, le aconsejó al país “realizar esfuerzos complementarios para procurar que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales gocen efectivamente de sus derechos consagrados en la legislación costarricense, centrándose especialmente en su acceso al sistema de salud y el empleo”. Costa Rica aceptó técnicamente la propuesta de la ONU.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó el 18 de mayo del presente año la directriz 047-P, donde se ordena a la Administración Pública incorporar variables sobre orientación sexual e identidad de género en sus fichas de información, fórmulas y otros instrumentos de recolección o consignación de datos personales.
Para ello, se generó el informe “Marco de referencia para la producción y divulgación de estadísticas LGBTIQ+”, en el que se busca incluir las variables de orientación sexual, identidad de género e intersexualidad en las estadísticas nacionales donde lo sea pertinente, y buscando resguardar la seguridad y privacidad de la persona.
*Este trabajo fue realizado en producción con Francella Madrigal y Gabriela Villalobos, estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
