El almacén conocido como Casa Blanca respaldó un crédito bancario por ¢1.125 millones con su inventario de electrodomésticos.
El 23 de enero pasado, el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José rechazó el convenio preventivo presentado por Land Business S. A. –firma dueña de los almacenes Casa Blanca–, ante su imposibilidad de hacer frente al pago de las deudas por alrededor ¢13.800 millones de colones, que la empresa tiene con bancos públicos y privados.
Días más tarde la firma planteó una apelación que ahora se encuentra a la espera de la decisión judicial.
Así lo reveló el Gerente Comercial de Casa Blanca, Minor Alfaro, en una entrevista en la cual también afirmó que su propuesta de acuerdo fue rechazada por una falla de procedimiento “subsanable” y no por su contenido. Además, dio a conocer que el convenio plantea una estrategia para diversificar el portafolio de servicios de Casa Blanca, incorporando actividades financieras como la venta de seguros y de planes de ortodoncia, entre otros. Aseguró que “los salarios” de quienes trabajan para la empresa no corren riesgo (ver la entrevista: “Del crédito al detalle a la venta de seguros”).
Por su parte, Javier Cascante, Superintendente de Entidades Financieras (Sugef), afirmó que, luego de que el Juzgado se negase a abrir el convenio preventivo, los acreedores, que incluyen a bancos públicos y privados, financieras y proveedores, “han sostenido reuniones para buscar una salida conveniente para las partes. Las entidades se encuentran en una etapa de evaluación de la situación financiera de la empresa y, a partir de sus resultados, cada una tendrá que definir las acciones a seguir”.
Entre otros asuntos, “las entidades están valorando la categoría de riesgo del deudor y las medidas prudenciales que deben adoptar, conforme lo dispuesto por la Sugef”, añadió.
Como informamos en nuestra edición anterior, este es el segundo caso reciente en que importantes empresas locales se declaran incapaces de hacer frente a sus deudas y presentan convenios preventivos para renegociar el pago de esos faltantes.
El primero fue el de la Corporación Yanber, ocurrido en mayo del 2015, el cual afectó a 17 bancos acreedores, entre ellos los estatales, por un monto global de $64 millones (casi ¢36 mil millones al tipo de cambio actual). A raíz de este caso existen en curso tres procesos judiciales, pues se investiga la posible manipulación de cifras en las auditorías presentadas por la empresa, y que habrían inducido a los bancos a continuar prestándole dinero incluso siete meses antes de solicitar un convenio preventivo.
¿Créditos bien respaldados?
Ni el gerente de Casa Blanca ni la Sugef han querido revelar cuáles son los bancos y demás entidades acreedoras de las deudas de esta firma. Sin embargo, existen registros de la empresa de información Equifax según los cuales Land Business Sociedad Anónima, la dueña de Casa Blanca, debe dinero a los bancos privados Lafise, Promérica e Internacional.
En el caso de Lafise, este banco otorgó a Land Business Sociedad Anónima un préstamo por el cual recibió, como prenda, el “inventario de electrodomésticos y varios de 13 almacenes”, por un valor de ¢1.125 millones.
Según esa base de datos, la Junta Directiva de este banco está integrada por empresarios y abogados notorios, como Alfonso Robelo Callejas (Director 1), Alejandro Batalla Bonilla (Secretario) y Thelmo Vargas Madrigal (Director 4).
En cuanto a los bancos Promérica e Internacional, se trata de varias hipotecas. De estas, la más llamativa es por un monto total de ¢20 millones por un inmueble con valor fiscal de más de ¢477 millones, cuyo deudor es Land Business Sociedad Anónima, y cuyo fiador es Alfredo Chavarría Ferraro, quien a su vez es el Presidente de la Junta Directiva de Land Business Sociedad Anónima y Presidente Ejecutivo de Casa Blanca.
Chavarría Ferraro fue denunciado junto con dos hermanos ante el Ministerio Público en 1997 por la Policía de Control Fiscal, en tanto dueños de las empresas Distribuidora Omega; Distribuidora Zeta; Importadora del Istmo; y Comercial Internacional de Oriente; por una supuesta evasión de impuestos aduaneros al traer electrodomésticos al país.
Según se explicó en su momento, al parecer estas empresas presentaron facturas que tenían precios menores a los originalmente pagados, un mecanismo de evasión fiscal conocido como “subfacturación”, por un monto de ¢170 millones. Los impuestos de importación no pagados ascendieron a unos ¢300 millones de ese tiempo.
Según la denuncia, se cometieron tres delitos: defraudación fiscal aduanera, falsificación de documento público y uso de documento falso.
Según la información de Equifax, actualmente Alfredo Chavarría Ferraro también es integrante de las juntas directivas de otras 90 sociedades anónimas, mientras que David Julián Mata Quesada, Tesorero de Land Business Sociedad Anónima, integra otras 724 sociedades de ese tipo.
UNIVERSIDAD pidió a Alfredo Chavarría Ferraro informar a qué se dedican esas sociedades, así como su versión sobre la denuncia planteada contra él por defraudación fiscal en 1997; sin embargo, el empresario no contestó la pregunta sobre la denuncia y únicamente respondió que “por más de 30 años hemos contado con varias empresas que han brindado trabajo a miles de costarricenses. Nos sentimos orgullosos de haber ayudado al desarrollo del país y hoy Casa Blanca es una empresa que trabaja fuertemente para sus clientes, de la mano de la innovación y el bienestar de sus colaboradores”.
El Área de Prensa del Ministerio Público explicó que en el sistema de gestión informática de la Fiscalía de San José, II Circuito Judicial, se registra el expediente 98-000260-0175-PE, seguido en contra de tres personas de apellidos Chavarría Ferraro.
Agregó que -en esa causa penal- el 27 de noviembre del 2011 la Fiscalía solicitó una desestimación al Juzgado Penal de ese mismo circuito judicial. Sin embargo, la Coordinadora de esa Área, Tatiana Vargas Vindas, comentó que “lamentablemente, por lo antiguo que es el expediente, no contamos con registros de hechos y delitos investigados ni motivo de la solicitud del Ministerio Público”.
Consultamos también al Departamento de Prensa del Poder Judicial si el Juzgado Penal ordenó o no desestimar el caso relativo a ese expediente, pero se nos dijo que el Tribunal Penal de II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, “no registra ninguna causa bajo ese número de expediente y apellidos”.
Consultado sobre si, a la luz de estos antecedentes, el Banco Lafise había realizado el proceso de debida diligencia antes de otorgar créditos a Land Business Sociedad Anónima, Mauricio Camacho, Gerente de Crédito de ese banco aseguró que “el banco investiga y analiza de manera disciplinada y sistemática, siguiendo los procedimientos y normativa aplicable, los riesgos de toda transacción de crédito” (ver la entrevista: “Las garantías son solo un factor”).
Sobre el riesgo que puede implicar que una entidad regulada acepte como prenda para otorgar un crédito aparatos eléctricos cuya vida útil caduca, el Superintendente Cascante alegó que cada entidad financiera “define el apetito de riesgo que está dispuesta a asumir en su gestión crediticia, lo cual incluye la definición de las garantías que acepta sobre los créditos que otorga, como, por ejemplo, la prenda sin desplazamiento sobre inventarios”.
Agregó que, según el “Reglamento para la calificación de deudores”, de la Sugef, se aceptan “las prendas sobre inventario como mitigador de las operaciones de crédito, las cuales se regulan conforme lo dispuesto en la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley N°9246. Cabe agregar que en los contratos normalmente se observan, entre otros aspectos, que las entidades incluyen una serie de cláusulas sobre ese tipo de garantías, tales como que el deudor deberá mantener el valor de la prenda durante la vigencia del crédito, para lo cual se obliga a realizar las sustituciones o renovaciones de los bienes que fueren necesarias, todo a efecto de salvaguardar el derecho preferente sobre la prenda”.
Además, que en esos contratos la entidad bancaria tiene “derecho de exigir mejoras en la garantía, y si el deudor no se sujeta a ello, o no cumple con tal requisito, se considera que vence el plazo del contrato, y la obligación se vuelve exigible en su totalidad como de plazo vencido. Además, la entidad acreedora en cualquier momento durante la vigencia del crédito puede inspeccionar y revisar los bienes, y exigir que se corrijan los defectos correspondientes”.
Sin embargo, Cascante evitó opinar sobre los antecedentes del Presidente de la Junta Directiva de Land Business Sociedad Anónima y Presidente Ejecutivo de Casa Blanca.
Minor Alfaro, Gerente Comercial de Casa Blanca: Del crédito al detalle a la venta de seguros
¿Recibieron ya una respuesta del Juzgado sobre su propuesta de convenio preventivo?
-Hemos recibido comunicación oficial acerca del Convenio Preventivo de acreedores que presentamos. Dicha comunicación nos indica que el convenio no fue aceptado por un fallo en el procedimiento y no por un tema de nuestra propuesta para la reestructuración de pagos. Por esa razón, iniciamos inmediatamente un proceso de apelación, el cual esperamos que obtengamos respuesta lo más pronto posible, ya que es un procedimiento que podemos subsanar.
¿Podría explicarnos brevemente cuál es su estrategia para saldar las deudas?
-Casa Blanca se encuentra desarrollando una nueva estrategia financiera, con el fin de que la empresa pueda hacer frente a todas sus obligaciones financieras. Como parte de esta estrategia, la compañía presentó recientemente un proceso denominado convenio preventivo de acreedores (CPA), al Juzgado Concursal de San José.
El instrumento del Convenio Preventivo de acreedores está contemplado en nuestra legislación civil. Esta Ley fue creada para realizar una reestructuración de pagos para los deudores que han atravesado una situación económica que no les permita cubrir con todas sus obligaciones financieras. Es importante aclarar que es una forma de reorganizarse financieramente, de conformidad con la ley para garantizar la continuidad de la empresa en el tiempo, y no es un proceso de quiebra.
¿Existe riesgo para los puestos de trabajo actuales de la empresa?
-Casa Blanca es una empresa en marcha que trabaja fuertemente por el bienestar de sus clientes y sus colaboradores, muestra de esto es que continuamos diversificando nuestro portafolio de servicios, tales como: venta de seguros, planes de ortodoncia, entre otros; por lo tanto, continuamos hacia adelante de la mano de la innovación, Queremos aclarar que el salario de ningún colaborador se verá afectado y más bien, al entrar a regir este convenio, esperamos consolidar una mayor oferta de inventarios y así una mayor venta, lo que generaría un mayor ingreso a nuestros colaboradores en puestos de Venta.
¿Otros grupos empresariales similares a Casa Blanca, les han ofrecido comprar su empresa?
-Casa Blanca es una empresa con más de 35 años de estar en el mercado, con patrimonio familiar costarricense y que seguirá trabajando fuertemente para sus clientes. Contamos como muy buena aceptación en el mercado y así lo demuestran los estudios recientes. Como ha sido siempre su característica en los más de 30 años de operar, Casa Blanca continuará innovando para el 2017. Un ejemplo de esto fue el lanzamiento de la venta de seguros de desempleo, desempleo plus y enfermedades graves en los puntos de venta de forma muy exitosa que realizamos en enero de este año.
Según la Sugef, las deudas de Casa Blanca ascienden a 13.800 millones de colones aproximadamente. Entre los acreedores aparecen los bancos privado Lafise e Internacional de Costa Rica. ¿Hay también bancos estatales?
-En la lista de acreedores hay bancos privados y estatales.
La personería jurídica de Casa Blanca corresponde a Land Business Sociedad Anónima. ¿Es una firma de capital costarricense?
-Es correcto.
Mauricio Camacho, Gerente de Crédito de Banco Lafise: “Las garantías son solo un factor”
¿Dada la rápida caducidad de la vida útil de los electrodomésticos, no resulta muy riesgoso que el banco diera un crédito por ese monto tan alto a Casa Blanca aceptando como garantía algo tan poco estable o duradero?
-El banco cuenta una garantía parcial sobre bienes muebles y con otros tipos de garantías que en conjunto cubren satisfactoriamente su exposición en un porcentaje mayor al 100%. Es importante aclarar que las garantías son solo uno más de los factores a tomar en cuenta dentro del proceso de análisis crediticio.
Dos integrantes de la junta directiva de Land Business Sociedad Anónima aparecen también en otras 91 y 724 sociedades anónimas. Y uno de ellos fue denunciado ante el Ministerio Público en 1997 por la Policía Fiscal del Ministerio de Hacienda por defraudación fiscal aduanera, falsificación de documento público y uso de documento falso. ¿Hizo el banco el proceso de debida diligencia para otorgar créditos a esa empresa?
-El Banco investiga y analiza de manera disciplinada y sistemática, siguiendo los procedimientos y normativa aplicable, los riesgos de toda transacción de crédito y considera dichos riesgos en el contexto de sus políticas de crédito.
¿Qué hará el banco para afrontar las deudas de Casa Blanca?
-El Banco procederá conforme a lo establecido en la legislación nacional aplicable, respetando igualmente las decisiones pendientes de las autoridades judiciales.
