El cartel de licitación 2023LY-000002-0001101142 para adjudicar la administración de diez áreas de salud fue debilitado por miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Así lo denunció la directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, Karla Solano, al gerente médico a.i. de la institución, Alexander Sánchez, en el oficio DRSS-AGAST-0311-2024 del 19 de junio del 2024.
De acuerdo con Solano, los cambios en el cartel fueron solicitados de manera informal por parte de directivos de la CCSS (aunque no especifica los nombres). Entre los cambios se encuentran “dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años, así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en casos de ser adjudicado con más de una partida”.
Este nuevo cartel o pliego de condiciones fue elaborado luego de que los directivos aprobaran, el 20 de marzo del año anterior en la sesión 9.320, dejar sin efecto la licitación anterior, la cual había recibido un sinnúmero de objeciones por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta recomendación fue hecha en esa sesión por parte de la Comisión de Cooperativas, integrada a inicios del 2023, por los entonces directivos Isabel Camareno, Roberto Quirós y Juan Ignacio Monge.
Actualmente, la Junta Directiva de la CCSS insiste en adjudicar a las cooperativas —pese a sus excesivos precios— la administración de las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José.
Una eventual adjudicación de estas áreas de salud a las cooperativas se podría traducir en sobreprecios de hasta ₡210 mil millones, según estudios técnicos elaborados por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS.
Por su parte, cooperativas como Asemeco han cuestionado públicamente estos estudios, argumentando que existen “falencias técnicas” en la valoración de las ofertas.
UNIVERSIDAD solicitó a la CCSS una reacción sobre este tema; sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Críticas
Consultado sobre este tema, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, indicó que la administración de estas cooperativas debería regresar a la CCSS.
“Nosotros somos contundentes y no queremos dejar duda de nuestra posición. Esas áreas de salud deben volver a ser gestionadas otra vez por la CCSS. Ese proceso está maleado, manoseado, ese proceso tiene cifras financieras de costos que le van a costar a la CCSS ₡210 mil millones a las finanzas de la CCSS en los próximos años. Eso es inadmisible en momentos en que la CCSS tiene serios problemas porque el Gobierno no quiere honrar la deuda que mantiene con ella”, indicó Vargas, quien agregó que estas irregularidades merecen una investigación pues no son “inocentadas”.
Vargas agregó que pareciera que existe una crisis de credibilidad en el cooperativismo con lo que pasó en Coopeservidores “y lo que podría pasar con otras cooperativas del sector que andan en alitas de cucaracha”.
“Este no es el momento para experimentar con un cheque en blanco, porque así como están con esas irregularidades denunciadas, es como un cheque en blanco que la CCSS le daría a los gerentes corporativos de esas cooperativas de salud”, añadió.
CCSS posterga decisión 15 días más
El pasado sábado, la Junta Directiva de la CCSS decidió postergar la decisión de adjudicar las diez áreas de salud por 15 días más. De esta forma, la decisión se tomaría en el mes de julio.
Esta decisión se dio “ante dudas razonables” de los directivos que “imposibilitan la toma del acto final en esta sesión y anteponiendo el interés público en aras de una decisión informada”. Esto permitiría una ampliación de los análisis técnicos y financieros que permitan sustentar la decisión final.
Los directivos acordaron también conformar un nuevo equipo intergerencial (médico-financiero y logístico) con el apoyo de la Dirección Jurídica y liderado por la Gerencia de Logística, para, en el plazo de 15 días, analizar si se cuentan con los elementos suficientes para presentar un plan robusto motivado por el interés público que vele por la continuidad de los servicios “con el fin de determinar escenarios de una adjudicación total o parcial”.
Finalmente, los directivos instruyeron a la Gerencia Médica para que en conjunto con Logística y Financiera desarrollen un modelo de precalificación de potenciales oferentes para disponer de un banco de proveedores que puedan otorgar servicios en el primer nivel de atención.
Precios excesivos
UNIVERSIDAD informó recientemente que, en abril anterior, un grupo de técnicos del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera de la CCSS elaboró un informe que arrojó un aumento excesivo del costo que pretenden cobrar las cooperativas interesadas en administrar diez áreas de salud con respecto a los contratos actuales.
Según el estudio, en los últimos cuatro años, se ha realizado un gasto anual de ₡29.200 millones en la contratación de diez áreas de salud con proveedores externos a la institución.
Este pago subiría a ₡50.282 millones anuales de contratarse nuevamente a las cooperativas. Esto representa un crecimiento de más del 60% respecto al gasto real del 2023 en esas diez áreas de salud.
Según los datos mostrados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), esta diferencia (₡21.082 millones) sería de ₡210.820 millones en diez años, plazo que duraría el contrato. Esto podría financiar el 93% del nuevo Hospital de Limón, el cual ha sido anunciado con un costo de ₡225.000 millones.
Este aumento en el costo, según indicó la jefe del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera, Azyhadee Picado, en el oficio DFC-ACC-0489-2024, se daría “sin que se logre acreditar por parte de la Gerencia Médica una mayor complejidad, cantidad de servicios o mejoras significativas en la contratación actual y que sea medible a través del factor precio”.
Este estudio de razonabilidad de precios fue respaldado por un equipo técnico intergerencial —conformado por solicitud de la Junta Directiva de la CCSS— quienes indicaron que el Área de Contabilidad de Costos desarrolló un estudio de razonabilidad bajo los principios lógicos que se deben cumplir para su elaboración.
Por su parte, las cooperativas han asegurado que estos señalamientos desde la CCSS son contradictorios, pues afirman que sus ofertas están por debajo del presupuesto aprobado y del precio unitario anunciado en SICOP.
