El arranque del proyecto vial San José – San Ramón aún no tiene fecha de inicio, y depende de que la Contraloría General de la República (CGR) autorice una adenda para modificar el contrato de fideicomiso, a fin de darle al estatal Banco de Costa Rica (BCR) el control total de obras, para procurar mayor rapidez.
En teoría ese sería el último obstáculo para el inicio de las demoradas obras de ampliación de esa carretera.
El proyecto ha sufrido un viacrucis de incumplimientos y atrasos desde que se empezó a proponer hace dos décadas, y ahora el presidente Luis Guillermo Solís promete echarlo a andar durante su administración, a la que le quedan 11 meses para el traspaso de poder al gobierno que resulte electo en los comicios de febrero.
Recientemente se presentó ante la CGR la solicitud de autorización de la adenda contractual. Con ese cambio al contrato original de fideicomiso, el BCR dirigirá las obras de construcción con mayor rapidez, aseguró José Pablo Quirós, ingeniero jefe del proyecto.
Para llegar a la etapa de contratación de las obras es necesario que se autorice por parte del ente contralor la modificación al contrato. A partir de ese momento se iniciarán todas las tareas correspondientes a la conceptualización del proyecto, cuyo costo dependerá de los resultados que arrojen los estudios que se contratarán, puntualizó Quirós.
Paul Brenes, integrante del grupo cívico que en conjunto con varias entidades públicas presentaron la actual propuesta para desarrollar esa vía de 56 kilómetros (mediante un contrato de fideicomiso en el cual el BCR es fiduciario), manifestó que esperan que la Contraloría sea muy expedita en la autorización de la adenda, que es lo que falta para que el Banco empiece la obra.
Brenes se declaró convencido de que la adenda mejora el fideicomiso, y permitirá al Banco hacer directamente las contrataciones para el diseño, construcción y gestión de la carretera. Esto le dará control total de la obra durante los 30 años que va a durar el fideicomiso.
El Banco ya tiene preparado todo para que a más tardar en noviembre se saquen los términos de referencia para la contratación, que es una invitación a una contratación abreviada, ya que la carretera se va a contratar llave en mano y se contrata el diseño, construcción y mantenimiento de la obra a una sola empresa.
Además es a suma alzada, nadie puede pedir ajustes, lo que se dijo desde el primer día eso es lo que cuesta la carretera y a fecha fija, por lo que no hay manera de postergar, según explicó Brenes, integrante del movimiento cívico Foro de Occidente en San Ramón.
Los obstáculos se han venido venciendo y “estoy seguro de que no la van a parar”, confió el dirigente de San Ramón, quien dijo que las informaciones contradictorias que circularon en los últimos días sobre el costo final que tendrá el proyecto, se atribuyen a una “campaña de miedo” impulsada por gente del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que ha estado boicoteando, y “tratando de asustar a la Contralora” (Marta Acosta) para que no refrende la adenda, afirmó.
Comentó que el Conavi le presentó al presidente Solís, en febrero, un cronograma en el que entregaban la obra construida en el 2024, mientras que el Banco dice que la tendrá lista en el 2019.
“Por eso es que hay gente poniendo trabas, pero esto (el proyecto en manos del Banco) va a cambiarlo todo (en materia de contratación de carreteras), todos los paradigmas se caen, inclusive el paradigma del chorizo”, aseguró Brenes.
Añadió que la información cierta sobre el proyecto es la que está en el documento titulado “De la protesta a la propuesta”. Dicho informe es un estudio técnico, jurídico y financiero que salió del grupo que trabajó en el nuevo proyecto para la carretera. En la formulación de la propuesta participaron entidades como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, entre otras.
En ese documento el costo de la obra se estimó en $440 millones (unos ¢253.000 millones al cambio actual), y se calculó al máximo para que diera seguridad al financiamiento, pero seguramente va a ser más bajo, consideró Brenes.
Semanas atrás, una declaración del nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, German Valverde, sobre que el peaje de ida y regreso en la carretera a San Ramón costará ¢4000, desató un revuelo de críticas en medios e inquietud en las comunidades, ya que sería similar al que iba a cobrar OAS, y se había dicho que con la nueva propuesta sería menor.
El monto del peaje figuró como uno de los motivos del rechazo al contrato con la firma brasileña, unido a que la carretera quedaría con los dos carriles de la calzada actual. Por lo tanto no resolvía el problema del congestionamiento en esa vía, por la que circulan 100.000 vehículos al día.
El presidente Solís salió a paso para calmar los ánimos indicando que es prematuro hablar del costo cuando aún no se ha iniciado la construcción de la carretera, que es prioridad de esta administración. “Adelantar cifras en este momento solo lleva a la incertidumbre, porque no sabemos cuánto va a costar”, manifestó.
El proyecto de ampliación de la vía a San Ramón contempla tres secciones: un tramo de 1,6 kilómetros entre La Sabana de San José y el intercambio con la carretera de Circunvalación, con tres carriles en cada sentido; un tramo de 12,6 kilómetros entre Circunvalación y el Aeropuerto Juan Santamaría, con cuatro carriles por sentido; y una sección de 41 kilómetros entre el Aeropuerto y la ciudad de San Ramón, a dos carriles por sentido.
Ruta tortuosa
El proceso de ampliación de la carretera San José – San Ramón (ruta N°1) ha tenido un recorrido largo. En primera instancia la obra se iba a hacer mediante una concesión de obra pública.
Sin embargo, Autopistas del Valle, la empresa española que obtuvo el contrato, durante cinco años no pudo empezar, y cedió la concesión a OAS, constructora brasileña.
En el año 2013, comunidades lideradas por el movimiento cívico Foro de Occidente de San Ramón empezaron protestas contra la concesión. Estaban molestos no solo por el peaje a pagar, que consideraban abusivo, sino porque el trayecto entre el cruce de Manolos y San Ramón, la mayor sección de la vía concesionada, no tenía prácticamente cambios en cuanto a su capacidad, pues se mantenía en dos carriles.
Los habitantes del Occidente del valle central percibían que iban a tener que pagar todo el peaje, sin mejorar los tiempos de viaje.
Ante la revuelta social, la entonces presidenta Laura Chinchilla finiquitó con OAS el contrato (que estaba valorado en $524 millones y los críticos lo consideraban inflado), lo que implicó un pago de $35 millones a la empresa por concepto de indemnización sin que se hubiera puesto una piedra de la obra.
En el 2015 se aprobó la ley 9292 para ejecutar el proyecto mediante un fideicomiso, y el 26 de agosto del 2016 se suscribió el contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón, entre el BCR, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Sin embargo, por los atrasos que se mantenían en la implementación, en enero pasado el Banco condicionó su permanencia en el proyecto a que se modificara el contrato y se le diera el control total de la obra, sin injerencia del Conavi.
Como no había acuerdo entre el Banco y el Conavi, el presidente Solís llamó a las partes a no atrasar más la obra, y en junio pasado el Conavi accedió a firmar la adenda con las modificaciones al contrato.
