Carretera a Caldera no tuvo fiscalización asegura experto

Un variado menú de denuncias sobre múltiples incumplimientos en la construcción y falta de fiscalización de la carretera San José-Caldera, e incapacidad del Estado

Enrique Molina de la empresa supervisora IMNSA.

El trabajo del Consejo Nacional de Concesiones debe ser revisado, advierten.

Un variado menú de denuncias sobre múltiples incumplimientos en la construcción y falta de fiscalización de la carretera San José-Caldera, e incapacidad del Estado costarricense para manejar estos proyectos, salió a relucir en las primeras comparecencias ante la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa sobre las concesiones de obras públicas.

“Se ha dicho que hubo debilidad en la fiscalización, yo no digo que hubo debilidad en la fiscalización, yo digo que no existió fiscalización”, espetó el ingeniero Enrique Molina, de la empresa IMNSA que supervisó la construcción de la carretera durante un año hasta setiembre del año pasado.

Dijo que antes de que el proyecto se iniciara, el 8 de enero del 2008, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) había contratado un ingeniero que iba a tener la función de fiscalizar la obra, “y por razones que no me competen a mi esa persona fue cesada en sus funciones”, de manera que desde que empezó el proyecto no hubo órgano fiscalizador.

Relató ante los diputados de la comisión, mostrando gráficos y fotos en  una pantalla parte de los 263 incumplimientos por parte de la constructora, que la supervisora comunicó a la gerente del proyecto (Hadda Muñoz), y al secretario técnico del CNC (Guillermo Matamoros) sin que hubiera reacción de parte de estos para obligar a la concesionaria a reparar las fallas, afirmó.

En estos días se ha estado confundiendo lo que es la fiscalización con lo que es la supervisión, dijo Molina al sacudirse de acusaciones por la prensa donde funcionarios del MOPT les achacan la responsabilidad de las fallas de construcción que se han evidenciado con los constantes derrumbes y hundimientos en la carretera, principalmente en sección II, entre Ciudad Colón y Orotina.

Explicó que de acuerdo con la ley de concesión de obra pública, el órgano fiscalizador debe supervisar tanto a los funcionarios del CNC como al concesionario, mientras que la supervisora vigila únicamente a la constructora y rinde sus informes a la gerencia del proyecto, por lo que no se le puede responsabilizar de las fallas de la fiscalización.

Señaló que de las 263 no conformidades (incumplimientos de la constructora) 211 aún estaban sin analizar cuando ellos salieron del proyecto. Se  trataba de anomalías en el área ambiental, en pavimentos, estructuras, procedimientos constructivos, planes de manejo de tránsito, salud ocupacional, drenajes y otros.

“Cuando esas anomalías estaban aumentando, solicitamos una reunión con la gerente y el secretario técnico, donde les dijimos que estábamos muy preocupados porque no veíamos que el concesionario tuviera el menor interés en arreglar las fallas, y pese a que habíamos hablado con ellos seguían haciendo las cosas como ellos querían. La reacción de la gerencia y del secretario fue nula. Solicitamos que se parara el proyecto para reparar lo que se estaba haciendo mal y la respuesta un mes después fue: ustedes quedan fuera del proyecto.”

El exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Rodolfo Méndez Mata sostuvo que sería temerario iniciar nuevos procesos de concesión de obras públicas, hasta tanto el Estado costarricense no esté preparado y capacitado para garantizar la adecuada administración, gestión y fiscalización de los contratos. Sobre todo, que esté en condiciones de cumplir sus propios compromisos ante los concesionarios.

El exministro compareció en calidad de persona versada en el materia de concesiones. Consideró oportuno que los diputados realicen estas investigaciones, con miras a corregir las causas de las falta de éxito de los contratos de concesión hasta la fecha. Es un momento para superar los errores o las deficiencias del sistema en aras del interés nacional, no es satanizar necesariamente las concesiones que podrían ser necesarias.

Dijo, sin embargo, que personalmente prefiere la contratación ordinaria con recursos públicos, y no el proceso de concesión, ya que este instrumento, que ha sido exitoso en muchos otros países, no lo ha sido en Costa Rica. “Si existen otras modalidades de contratación que resuelvan los problemas y necesidades de infraestructura del país, bienvenidos entonces los otros mecanismos”, apuntó.

El presidente de la comisión legislativa, Víctor Emilio Granados, dijo que la ausencia de fiscalización del proyecto, y la debilidad del CNC, son preocupaciones que le quedan tras estas primeras comparecencias.

El CNC no está ejerciendo un papel proactivo a favor del Estado, vigilando que la calidad de la carretera sea la que nosotros merecemos, comentó el diputado. En estas condiciones “sería temerario seguir dando concesiones, por lo menos hasta saber por qué la ley no está funcionando como todos queremos que funcionara”, coincidió el legislador del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE).

En cuando a la vía a Caldera, hay evidencias de que la concesionaria incumplió lo que dice el contrato, que hay mala calidad de la obra, en la construcción, en la mezcla asfáltica, que los taludes no hicieron de acuerdo con las especificaciones técnicas, hay evidente falta de control, resumió.

 

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