Carlos Chinchilla solía dar en público el número de su teléfono celular como una señal de apertura, como un gesto casi extremo de cercanía del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Después simplemente no lo contestaba o lo hacía solo cuando veía alguna conveniencia dentro de los momentos de crisis de su corto período en el cargo, que fueron casi todos.
Ahora, conocida su intempestiva activación de la pensión millonaria que le confiere la ley, tampoco contesta el teléfono. Como si fuera un botón de emergencia que le permite salirse del incendio, Chinchilla decidió abortar su carrera política en el Poder Judicial antes de que se concretara una sanción que implicaba irse suspendido para la casa sin salario durante dos meses, algo inaceptable para el expediente, quien, se supone, debería inspirar y liderar al Poder de la República que funciona como un seguro para el sistema democrático. O eso dicen.
Chinchilla se jubila a los 55 años dejando atrás una carrera judicial de tres décadas que lo llevó hasta la cima de la Corte Suprema, un acto que para él tenía valor en sí mismo, según varias personas que se relacionaron con él. Él ambicionaba ser el presidente sin que importara demasiado tener o no un proyecto, los aliados que le rodearan o el terreno (inestable) de un Poder que, a diferencia del pasado reciente, ya no se puede aislar de la presión ciudadana ni regirse por los arreglos entre líderes de dos partidos políticos.
Esa presidencia llegó a manos de Chinchilla el 22 de mayo de 2017 en una votación con suficiente mayoría en la Corte Suprema. Su rival, Guillermo Rivas, era un contendor débil que no parecía estar demasiado convencido de tomar la brasa después del período de transición de Zarella Villanueva y del fuerte mandato de Luis Paulino Mora.
Para Chinchilla, en cambio, esa elección era una oportunidad dorada y para ello tenía a su favor el trabajo de un recién llegado del “mundo exterior”, el mediático magistrado Celso Gamboa, sin quien sería imposible explicar los últimos 14 meses de Chinchilla.
En ese momento el “cementazo” aún no había estallado, pero ya había fango en el terreno político, en el Poder Judicial, por la división entre “garantistas” y “punitivos” y el predominio de condiciones que ya comprometían la eficacia y, por tanto, la credibilidad del Poder Judicial; aunque en ese momento nada urgía.
El ambiente, consideraba Chinchilla, era aún potable para cumplir sus pretensiones de ascenso, sus posiciones cercanas a la “mano dura” premiadas por las mediciones de popularidad y un estilo de liderazgo tibio que lo hacía depender de otros gestores, como Celso Gamboa y el magistrado de la Sala Constitucional Luis Fernando Salazar.
De ellos tres, solo Salazar queda ahora en la Corte Plena. En procesos que aún siguen abiertos, Gamboa perdió su silla quemado por las llamas del “cementazo”, y Chinchilla también, a pesar de sus esfuerzos por distanciarse de su amigo Celso después de los cuestionamientos. De poco sirvieron las posiciones populares (“yo tengo una visión más de comunicación para con el pueblo”) y los contactos políticos con los sectores más tradicionales del país, según varios de sus críticos.
“No supo estar a la altura de los tiempos que vivimos en este Poder. Uno puede pensar ahora que no tenía la visión, la habilidad y quizás tampoco la ética. Con la ambición no basta”, decía una magistrada que votó por Chinchilla en mayo de 2017. Pide no revelar su nombre por la misma razón que suelen hacerlo los miembros de la Corte: entre ellos se juzgan, negocian, se apoyan o no y creen que así ayudan a evitar conflictos que empañarían (más) la imagen del Poder Judicial.
Incluso amigos de Chinchilla prefieren el anonimato. No quieren pagar una factura política por defenderlo ahora que sale por la puerta trasera, que se acoge a una pensión privilegiada. Y que, encima, demanda al Estado por la sanción de dos meses que sus compañeros magistrados aprobaron en secreto cinco días después de una primera sanción (amonestación escrita) que recibió críticas desde varios sectores. La reacción popular que siempre buscó Chinchilla para su favor lo acompañó, pero en contra, en el momento de la salida.
No es que lograra en ningún momento presentarse como un personaje fuerte. Una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica proyectaba, en julio de 2017 (antes de que reventara el “cementazo”), que a él lo conocía uno de cada cuatro costarricenses y le daban una nota reprobatoria: un 6.
Ocho meses después, en marzo de 2017, habiendo tenido que comparecer ante los diputados junto al resto de sus compañeros de la Sala Penal, Chinchilla recibía una calificación aún menor: 4,8, menor que los presidentes de ese momento en el Ejecutivo, Luis Guillermo Solís, y el Legislativo, Gonzalo Ramírez.
Para marzo ya se conocía la relación de Gamboa y de Luis Fernando Salazar como operadores con Chinchilla. Se sabía también que este había sido el instructor en la Sala Penal cuando desestimaron una investigación contra los diputados de entonces, Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, a pesar de un informe de la policía judicial que mostraba cientos de contactos telefónicos con el empresario cementero Juan Carlos Bolaños (que lleva seis meses en prisión preventiva). También se sabía que Chinchilla era amigo cercano de Otto Guevara.
Guevara no devolvió las llamadas que le hicimos para redactar para esta información. Tampoco otros políticos cercanos a Chinchilla, salvo el exdiputado liberacionista Ronny Monge, que lo describió como conservador, de línea punitiva y líder.
“Un líder es una persona que tiene seguidores, y él los tenía”, indicó este político tras recordar la coyuntura complicada para Chinchilla y los cuestionamientos desde el día 1 de su presidencia judicial. Fue aquella noche de celebración en la finca de empresarios autobuseros en Belén, hecha pública por la divulgación de una fotografía en la que salía el homenajeado con gente de su confianza como el exdiputado del PLN Alex Sibaja, la legisladora liberacionista Paulina Ramírez, el magistrado Salazar, Ronny Monge, el presidente legislativo Gonzalo Ramírez y Celso Gamboa.
Eso fue el 22 de mayo de 2017, cuando el hombre que después intentaría mostrar su pensamiento y su estilo en varias entrevistas, celebraba el triunfo en la presidencia del Poder Judicial.
“Un juez tiene que ser una persona estudiosa, recatada; no puede tener un comportamiento como cualquier otro ciudadano. Tiene que evitar estar en situaciones incómodas. Evitar el ojo público o que se le cuestione por estar tomando licor o que se le pase la mano. Ser juez es un apostolado”, dijo a la revista Firma dos meses después.
Casi nadie le vio demasiada coincidencia entre esa idea de “apostolado” y la imagen que proyectaba este aficionado al motociclismo “pandillero” recreativo que practica con su Harley Davidson. Es un hombre vanidoso que siempre trató de hacer coincidir la corbata con el pañuelo y que solía dejar olorosa a su perfume la mano de quien saludaba. Usaba mancuernillas doradas y tampoco erradicó la imagen de “don juan”, con su sonrisa frecuente que no a todos inspiraba confianza.
Uno de sus “adversarios” fue el exmagistrados José Manuel Arroyo, quien siempre le criticó la falta de visión para conducir el Poder Judicial ante los desafíos actuales.
“Él privilegiaba las apariencias por sobre las esencias y eso es un defecto fatal para un juez en esas instancias. Le interesa impresionar hacia afuera, con poca sustancia”.
Otros críticos de Chinchilla no logran dejar de compararlo con la gestión de Luis Paulino Mora, quien falleció estando en la Presidencia en el 2013. Le admiraban la capacidad de ejecución y la habilidad política para incluso anticiparse a los conflictos. Y para ellos, Chinchilla era todo lo contrario. Lo recuerdan abrumado o disperso en las últimas sesiones del pleno.
A Chinchilla le correspondieron momentos de confusión política, de una mayor visibilización de la Corte y fuertes cuestionamientos a los privilegios de los magistrados y un sector del Poder Judicial, desde donde se gestó una huelga sin precedentes en 2017.
Después debió enfrentar el efecto del “cementazo” en el que pudo haber tenido responsabilidad penal, pues él es objeto de una investigación aún pendiente a cargo de la fiscal Emilia Navas. Estar pensionado no lo eximiría de eventuales responsabilidades.
Así parece acabar la carrera judicial de este abogado que entró al ámbito penal por una oportunidad laboral en Golfito, aunque prefería el derecho administrativo. Graduado de licenciatura en la UCR y de doctor en la Complutense de Madrid, se desarrolló más bien lejos de los libros y la academia, más cerca de las fuentes de poder político según qué momento.
Por unos años defendió incluso un sindicato de jueces, el gremio que ahora pedía la salida de este hombre oriundo de Desamparados que creía estar cumpliendo bien su “apostolado”, mientras el Poder Judicial era un barco que hacía aguas.
Chinchilla no logró tomar el timón y ahora todo es peor que en mayo de 2017. Ahora está pensionado a sus 55 años, sigue sin contestar las llamadas y esperando su futuro legal según los designios. Como decía él: “la vida y Dios lo van a ubicar a uno en el lugar adecuado”.
