La buena noticia para el gobierno de Carlos Alvarado es que no está peor, pero su imagen popular sigue (como desde el inicio de sus gestión) en estado crítico.
El mandatario llegará a su primer año de mandato con una situación tan crítica como la que marcó el inicio de este período, en mayo del 2018: más o menos dos opiniones negativas por cada opinión positiva.
La impopularidad de la gestión del gobierno de Alvarado, caracterizado por un experimento de formar un gabinete con figuras de distintos partidos, apenas se movió después de la inflamable reforma fiscal que impulsó en 2018 y que logró ver aprobada para el cambio de año, a pesar de la huelga de trabajadores públicos más larga en los siglos XX y XXI.
La gestión del gobierno la aplauden el 23% y la fustigan el 51% de los encuestados, indica. Esta medición de popularidad de Alvarado y de su gobierno se cruza con un estado de pesimismo sobre el rumbo del país.
La percepción a futuro es de tres notas negativas frente a una positiva, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El estudio, realizado con 998 entrevistas telefónicas por celular entre el 25 y el 27 de marzo, permite proyectar que el 50% de las opiniones sobre el Presidente son negativas, mientras que solo 27% son favorables. Esos porcentajes eran 30% y 52% en noviembre pasado.
Estas críticas no son nuevas. Acompañan a Alvarado desde el momento mismo en que tomó poderes, el 8 de mayo del 2018, después de unas elecciones traumáticas e impredecibles.
El candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) logró mantener esta bandera en el poder, pero con un contexto muy distinto al de su predecesor, Luis Guillermo Solís. Alvarado empezó a gobernar a sus 37 años, unido a figuras de otros partidos y sin posibilidades de la “luna de miel” popular que suelen gozar los mandatarios en sus primeros meses.
Ahora, consolidado el “gobierno de unidad” que ha abierto puertas a figuras como Rodolfo Piza, Edna Camacho (ambos del PUSC), Dyalá Jiménez Figueres (PLN) y Patricia Mora (Frente Amplio), el gobierno sigue de malas ante la opinión pública. Puede decirse que no mejoró a pesar de haber logrado aprobar la postergada reforma fiscal o podría decirse que no empeoró a pesar de que Alvarado contrarió a miles de costarricenses que participaron en la huelga entre septiembre y diciembre.
En el camino han quedado varados los roles de figuras del PAC como Juan Carlos Mendoza (abandonó en diciembre el Ministerio de Comunicación) o la de la vicepresidenta Epsy Campbell, que se vio obligada a ceder la Cancillería por cuestionamientos a los nombramientos internos.
Con el protagonismo de Piza, de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar y de la Primera Dama, Claudia Dobles, Alvarado intenta sacar adelante su gobierno a pesar de los aprietos fiscales, del deterioro del empleo y de la impopularidad de medidas como aumento de impuestos o el cambio de las reglas laborales para el sector público.
“El presidente y su gobierno no logran revertir. Está en una situación de debilidad. Tiene flancos débiles que pueden agravarse si se deteriora el desempleo, por ejemplo. La recuperación que tiene en apoyo de la población es muy marginal”, comentó el investigador Ronald Alfaro, a cargo de las encuestas del CIEP-UCR.
Pesimismo, economía y desempleo
El 56% de la muestra cree que Costa Rica en el futuro enfrentará realidades peores que las actuales, mientras que solo el 16% se permite opiniones optimistas sobre el rumbo del país, según la encuesta, con un margen de error de 3,1 puntos hacia arriba o hacia abajo.
La brecha es aún mayor cuando se observan las opiniones sobre la situación económica del país. Las opiniones positivas las vierte solo el 8,5% de la muestra, frente a un 76% que da valoraciones negativas. Pese a ello, en los últimos cuatro meses hubo una reducción muy leve de las respuestas desfavorables.
Este punto tiene una relación directa con el problema que los encuestados señalan como prioritario: el desempleo; y el segundo más grave: costo de la vida y situación económica. En esta ocasión el tercer lugar en las angustias nacionales le corresponde a la inseguridad.
Esta pregunta sobre los problemas nacionales coincide con las noticias recientes sobre el desempleo, su tasa de 12% (récord en la última década) y el agravamiento en zonas específicas, como en la provincia de Limón. Son los encuestados de esta provincia, precisamente, los que más señalan al desempleo como el mayor problema del país, mientras los josefinos señalan mayoritariamente al costo de la vida.
La identificación del desempleo como mayor problema del país aumenta también entre personas que están desempleadas, personas que tienen “grandes dificultades” de ingresos, mujeres, personas con solo estudios de secundaria y en edades de 35 a 54 años, se reporta en el informe del CIEP.
Cae imagen de la Iglesia católica después de divulgarse casos de pedofilia
La calificación promedio que la población da a la Iglesia católica se resume en una línea bastante estable que ha venido cayendo de manera leve en los últimos cinco años, según ha medido del CIEP de la UCR.
Así llegó a noviembre del 2018, momento de la última encuesta, con una nota cercana a 6,5 en la escala 1-10. Había caído un punto desde el año 2014, pero esa pérdida parecía suave comparada con un lapso de cinco años.
El problema ahora es que volvió a caer otro punto en la nota promedio, pero en un período de solo cinco meses, de acuerdo con la encuesta más reciente del CIEP sobre la opinión que tienen los costarricenses frente a figuras o instituciones de interés público.
Los de cinco meses es solo el tiempo que transcurrió entre una encuesta y otra, pero el plazo podría ser menor, pues fue en febrero cuando se elevaron en la opinión pública las acusaciones contra el conocido sacerdote Mauricio Víquez por abusos sexuales contra menores y, como consecuencia, otras denuncias contra presbíteros de la Iglesia católica.
La Iglesia entró en “turbulencias, reconoció el obispo José Rafael Quirós en referencia a las acusaciones por abusos sexuales, un problema de alcance global que obligó al Papa Francisco a celebrar en febrero una cumbre sobre pedofilia en Roma.
También se cuestionó un posible encubrimiento de parte de las autoridades eclesiásticas locales, así como la cultura interna que permite, perdona o propicia estas conductas.
Semanas después, la población encuestada por el CIEP rebaja la nota a la Iglesia. Ya no aprueba: el promedio es un 5,5, solo por encima de Recope (5,2), el Gobierno (4,6), la Asamblea Legislativa (4,8) y los partidos políticos (3,6).
Sin embargo, estas últimas traen notas reprobatorias sostenidas desde hace varios años, mientras que la Iglesia católica es la institución de interés público que más ha caído desde 2012, casi dos puntos en esa nota de 1-10.
En el rubro “otras iglesias” (en la cual caben las organizaciones evangélicas que han aumentado su participación política), la nota promedio que otorgan los encuestados es 5,4, muy parecida a la de la Iglesia católica, pero en el pasado la nota máxima fue 6,3 (noviembre 2015).
El estudio solo se pidió calificar al Poder Judicial como un todo (6,3, en aparente recuperación después del “cementazo” en 2018), a su policía de investigación (OIJ, con nota 7,2, entre las más altas) y a su Sala Constitucional (5,9, en sus rangos usuales). Sin embargo, el Ministerio Público (órgano investigador y acusador) recibe un respaldo popular relativo en su trabajo sobre el “caso crucitas” y en las denuncias por abusos sexuales dentro de la Iglesia católica.
El 37% de los encuestados reprobó el trabajo de la Fiscalía en el caso crucitas, mientras un 49% lo valoró bien, a pesar de que la última noticia de él fue el sobreseimiento preliminar a favor del expresidentes Óscar Arias y la elevación a juicio a otros involucrados. El 14% contestó que la labor fue “regular”.
Sobre las denuncias de abusos por parte de sacerdotes (en tres casos que están en manos del Ministerio Público), el 32% reprueba las acciones de los fiscales y el 59% las califica como buenas. El 9% dijo que “regular”.
La nota popular castiga a Óscar Arias y a Epsy Campbell
El expresidente Óscar Arias ya no es el político mejor valorado, como solía registrarse en encuestas anteriores del CIEP de la UCR. El exmadatario, acusado en febrero por violación, perdió altura en el escalafón de figuras públicas, junto a la vicepresidenta Epsy Campbell, aunque por razones muy distintas.
Arias pasó de tener una nota promedio de 6,3 a un 5,1 y registra así la caída más considerable. Está una décima por debajo de la exmandataria Laura Chinchilla y una décima por encima del actuar gobernante, Carlos Alvarado.
La lista de figuras públicas (cuyos nombres figuran en una lista que los encuestadores entregan a los encuestados) la encabeza el expresidentes Abel Pacheco, seguido de la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, y de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, aunque a estas dos las conoce menos de un tercio de la población.
En el cuarto lugar de las notas a figuras públicas aparece el presidente del Tribunal Supremo de elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, a pesar de que pasó de una nota de 6,1 a 5,4. Esto ocurrió en los últimos cinco meses, que incluyen los intentos de investigación de un sector de diputados y los cuestionamientos de magistrados en el proceso de reelección del veterano juez electoral.
La vicepresidenta y excanciller Epsy Campbell es la figura política peor calificada de la lista que entra el CIEP a sus encuestados, la cual incluye expresidentes, vicepresidentes, presidentes de supremos poderes y ministros específicos, como Rodolfo Piza (Presidencia) o la ministra de Hacienda.
Campbell (figura conocida del Partido Acción Ciudadana) tiene una nota promedio de 3,9, una décima más baja que la de noviembre pasado. Parece que no fue grande el impacto de su salida forzada del cargo de ministra de Relaciones Exteriores (diciembre), pues ya recibía una alta reprobación popular. Ahora ejerce como vicepresidenta con funciones puntuales, igual que Marvin Rodríguez.
ARMAS Y VACUNAS: DISCUSIONES QUE NO DISCUTE LA GENTE
El enfrentamiento sobre la cantidad de armas que puede tener una persona o sobre la oposición a las vacunas es un asunto de círculos de poder, activistas, prensa, redes sociales u otras instancias, pero no de la mayoría popular.
Esto se proyecta de la encuesta CIEP-UCR de este mes de abril, después de varios meses de noticias en torno a un proyecto de ley para regular las armas de fuego y sobre casos de extranjeros que carecían de vacunas contra el sarampión y han traído el virus al país.
Mientras ciertos grupos con alcance internacional se declaran opuestos a estas medidas preventivas, en Costa Rica no hay mucho espacio para dudas: dos tercios rechazan que las personas puedan comprar armas de fuego y dos tercios apoyan una restricción en la cantidad de armas per cápita, de una a tres unidades. Además, el 83% favorece el endurecimiento de controles.
En vacunas los números son aún más tajantes: el 96% de la población está de acuerdo en que todas las personas sean vacunadas cuando corresponde. Solo el 4% se separa de ese tratamiento preventivo generalizado en Costa Rica.
