Carlos Alvarado paga la factura del malestar: rechazo pasa de 36% a 65% en un año

El último cuatrimestre resultó crítico para el mandatario, cuya calificación popular es aún menor que la del Gobierno, en un ambiente de pérdida generalizada de la confianza en las instituciones.

El descontento popular con la situación del país le pasa una alta factura a la figura del presidente Carlos Alvarado, que recibe casi el doble de opiniones desfavorables de las que se recogían hace un año, cuando ya acusaba un bajo apoyo ciudadano.

La cantidad de costarricenses que tienen un mal concepto sobre el trabajo del mandatario pasó de 36% en agosto de 2018 a 65% en este mes del 2019, en un momento del cuatrienio que suele coincidir con los peores ratos de los gobernantes en el país.


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Fue tal el deterioro de la imagen de Alvarado, que por primera vez el presidente sale peor calificado que el Gobierno como un todo. Eso le vale ser ahora la figura política con menor nota ante el resto de exmandatarios y presidentes actuales de los supremos poderes.

Tales son los resultados de la encuesta que realizó entre el 26 y 29 de agosto el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta se llevó a cabo mediante 983 llamadas a teléfonos celulares, medio por el cual los participantes concedieron la entrevista.

“La figura del Presidente sufre un deterioro fuerte que, sin embargo, se corresponde con los ciclos presidenciales. La mitad del segundo año suele ser un punto difícil, como se ve en los estudios. La pregunta es si podrá reponerse como lo hizo relativamente Luis Guillermo Solís o si arrastrará ese desgaste como le ocurrió a Laura Chinchilla”.

Ronald Alfaro, Investigador CIEP-UCR

Se hizo un mes después del conocido exabrupto de Alvarado en la celebración del 25 de julio en Guanacaste y dos semanas después de la polémica por la huelga en la Caja del Seguro Social (CCSS), pero antes de la agitada visita del mandatario a Limón (31 de agosto) y de la aprobación del proyecto sobre huelgas en el Congreso (3 de septiembre).

En semanas recientes también se han publicado más reportes sobre la crisis fiscal y sobre la ralentización de la economía nacional, lo que impacta en las dificultades de la población para encontrar trabajo y llevar ingresos a sus casas; además de la vigencia de la crisis fiscal que dificulta al Gobierno atender las demandas de gasto.

Esta encuesta, con un margen de error de 3,1 puntos, muestra cómo el mandatario paga el costo del descontento popular por la situación del país, sobre todo por el estado de la economía nacional y la de los hogares.

El pesimismo en la mirada

El 71% refleja malestar y un 24% tiene un descontento alto. Solo un 5% de la población encuestada se expresa contenta con el momento que vive el país, pese al aumento en el desempleo, la crisis fiscal y el enfriamiento de la economía; además de los numerosos conflictos entre sectores por sus propios intereses, con el Gobierno en medio.

El principal problema del país se conecta con esa sensación de malestar por lo económico: el desempleo, que afecta al 11,9% de la población económicamente activa a mediados de este 2019, según las mediciones del Instituto de Estadística y Censos.

La medición de descontento popular en esta encuesta del CIEP se basa en 25 variables para abarcar numerosos aspectos sobre la situación del país. Ordenados de mayor a menor por grados de descontento ciudadano, los primeros cinco tienen que ver con asuntos económicos y después aparecen los temas políticos.

La variable más crítica se refiere a la dificultad de conseguir empleo, señalada por el 85% de los encuestados. En el sexto lugar aparece “el funcionamiento de la Asamblea Legislativa” y en el séptimo, la labor del Presidente. Así va reduciéndose hasta llegar a las afirmaciones que refuerzan elementos básicos de un sistema político, lo que hace a los investigadores del CIEP concluir que la estructura democrática e institucional aún prevalece en Costa Rica.

La repartición del descontento (70% en nivel medio y 24% en nivel alto) no ha cambiado demasiado desde 2015, cuando el CIEP hizo las mismas preguntas y cruzó las mismas variables. En ese momento el gobierno de Luis Guillermo Solís también se acercaba a su mayor punto de percepciones negativas, en meses previos al hucarán Otto, con más del 60% de opiniones desfavorables.

Caída en Zapote

Ahora el gobierno de Carlos Alvarado supera el 60% en opiniones negativas y las positivas son menos de 20%; es una situación que, sin embargo, no llega aún al grado de deterioro que presentaba la administración de Laura Chinchilla en abril del 2013.

El apoyo al gobierno de Alvarado y a él como figura política nunca ha sido ventajoso. Tras comenzar en mayo de 2018 sin la llamada “luna de miel” que suelen gozar los mandatarios al iniciar su gestión, el saldo negativo no ha parado de crecer. La última medición, en marzo, presentaba que la única buena noticia para Alvarado era que su impopularidad no crecía más. Bueno, ahora sí crece.

La valoración negativa contra Alvarado aumentó 29 puntos en un año (15 puntos durante los últimos cinco meses) y la positiva cayó 14 puntos desde agosto 2018. El CIEP ha hecho cuatro encuestas desde ese momento y en cada una se deteriora más el favor popular.

Semejantes en adversidad son las tendencias de calificaciones ciudadanas sobre la gestión del Gobierno, sobre el rumbo del país y sobre el estado de la economía. Todos los indicadores empeoran. Los números dan cuenta de una atmósfera de pesimismo, lamentos y críticas en muchas direcciones.

Ese ambiente alcanza al resto de instituciones. Prácticamente todas en esta encuesta empeoraron ante los ojos de la ciudadanía, a excepción de la Iglesia Católica, que había sufrido una caída fuerte en el estudio anterior, después de las revelaciones de abusos sexuales por sacerdotes, y que ahora mejora de manera leve su nota, con tres décimas.

Universidades públicas o privadas, entidades estatales descentralizadas, el Tribunal de Elecciones, la Policía o la Contraloría, Sala Constitucional y partidos políticos… todos sufren la “pérdida generalizada de confianza en las instituciones y fuerte reprobación de los políticos”, como dice el informe del CIEP.

La entidad que más redujo su nota fue la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que pasó de un 6,2 a un 5,6 por motivos que la encuesta no muestra. Sin embargo, el deterioro en la calificación llega después de varios meses de tensiones por limitaciones en el gasto y los intentos de limitar el crecimiento en salarios.

Esta nota es, aunque por poco, la más baja desde que el CIEP consulta por la entidad encargada de la atención médica y del manejo del mayor fondo de pensiones en Costa Rica. Este estudio se realizó dos semanas después de que finalizó una huelga que provocó un alto perjuicio a los servicios de salud y que solo se acabó con un acuerdo patronal-sindical que ahora es objeto de discusión.

Ese acuerdo tuvo el apoyo del presidente Carlos Alvarado, quien aún esta semana reiteró su respaldo al presidente de la CCSS, Román Macaya, criticado por varios sectores por las concesiones a las organizaciones sindicales, para apartarse en materia laboral de lo que establece la reforma fiscal.

Este es solo uno de los focos de conflicto que reflejan las tensiones del momento y que también detonan en las manos de Alvarado, al que varios expertos señalan como falto de escudos protectores, de colaboradores que le eviten exponerse públicamente ante todos los problemas.

Los que más castigan a Alvarado

Personas que solo tienen educación primaria, que viven en provincias costeras y que carecen de trabajos remunerados son quienes más duro critican la gestión de Carlos Alvarado, deja ver el estudio. Son sectores, en general, con peores condiciones de vida.

A la inversa, los grupos que aún dan alguna opinión favorable sobre la gestión de Alvarado se ubican en mayor medida en el Valle Central y poseen estudios universitarios, pero sobresale que su condición laboral es nula, pues predomina población que no estudia ni trabaja, que solo estudia o que ya está jubilada. No se evidencian diferencias por edad o género.

El estudio demostró que los perfiles de quienes expresan descontento no necesariamente coinciden con los que más critican la gestión del gobierno. En el primer grupo destacan de manera notable las personas que tienen entre 35 y 55 años, además hay un peso mayor de la población femenina. Sí coinciden en el acento mayor en las provincias costeras y en los que carecen de ingresos, sea porque están desempleados o porque se dedican a tareas en su propio hogar.

Si se mide el descontento entre quienes reportaron tener trabajo, el indicador sube en los empleados del sector privado y en menor medida en los patronos. Los trabajadores del sector público están menos descontentos que el promedio, y aún menos los que se dedican a trabajar por cuenta propia. Todos los grupos, sin embargo, ubican su promedio por encima del 55%, lo cual habla de un descontento generalizado.

El estudio, sin embargo, clasificó el descontento en tres tipos: con la economía (dónde es más alto), con la democracia representativa (partidos y Asamblea Legislativa) y con Gobierno e instituciones, en el cual se incluye por supuesto la figura presidencial. En este último es donde cambia el perfil geográfico, educativo y laboral de manera más evidente: los más molestos son los habitantes de San José y quienes poseen estudios universitarios, además de los trabajadores del sector público.


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