Luego de enfrentar la tasa más alta de homicidios en los últimos años, el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, mantendrá un enfoque humanista y enfocado en los derechos humanos para lidiar con el problema de la inseguridad ciudadana.
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En ese sentido, mantendrá algunas políticas del gobierno de Luis Guillermo Solís y reforzará las áreas donde su equipo, liderado por el exmagistrado José Manuel Arroyo, encontró debilidades y falencias en la actual administración.
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El PAC le dedica 12 páginas de las 188 de su Plan de Gobierno al tema de seguridad. El documento divide esta propuesta en cuatro ejes: prevención, lucha contra el delito, aplicación de la justicia y abordaje de la persona infractora y la víctima.
Prevención
En cuanto a la prevención, se buscaría que el Viceministerio de Paz implemente campañas de desarme contra el consumo de drogas y control de armas. Además, se redactarían planes de prevención en conjunto con las policías y los gobiernos locales, mientras que se capacitaría a los estudiantes de escuelas y colegios para identificar situaciones de riesgo.
Un gobierno de Carlos Alvarado mantendría la promoción de espacios públicos como los Centros Cívicos para la Paz, junto con iniciativas en coordinación con los municipios que busquen utilizar los terrenos que son de propiedad en las urbanizaciones y otros centros de recreo y aporte.
Carlos Alvarado apostaría por integrar los mapas de inseguridad con los de pobreza que utilizó en el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el objetivo de determinar las áreas de mayor conflicto y que requieren atención urgente para disminuir la vulnerabilidad de su población. “De esta forma no solo se disminuiría la pobreza, sino que también el riesgo social producido por la influencia de los agentes generadores de prácticas delictivas”, se lee en el documento.
Otra de las modificaciones que destaca el plan del PAC está en la transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) hacia la Inteligencia Estratégica Nacional, lo que implica contar con una visión sustentada en la aplicación de técnicas modernas para obtener información, en manos de personal interdisciplinario.
Alvarado aumentaría la inteligencia especializada en control de drogas, avanzaría hacia la creación de una judicatura que vea exclusivamente casos de narcotráfico e impulsaría la profesionalización de jueces, fiscales y agentes policiales. Pese a que no tiene una postura abierta en favor de la regulación de drogas como la marihuana, considera necesario abrir un diálogo nacional sobre la regulación de sustancias psicoactivas.
Para abrir este flanco, el PAC apostaría por imitar la campaña de prevención del consumo de tabaco, ya que, sin prohibición, ha logrado una caída significativa de los adictos al tabaco, lo cual demuestra “que se puede reducir la adicción sin la prohibición, pero sí con la regulación e información”.
Lucha contra el delito
La consolidación del mecanismo de Alerta y Respuesta Temprana, al dotar a los cuerpos policiales de herramientas para el cumplimiento de sus labores, con un enfoque de derechos humanos, figura en los planes del PAC. También, buscaría modificar reglamentos para evitar el uso indebido de las loterías electrónicas como un instrumento para lavar capitales provenientes de actividades ilegales.
La administración de Carlos Alvarado apostaría por redactar una nueva ley de armas o apoyar las iniciativas de modificación parcial que permitan establecer controles más estrictos en la regulación del uso de armas de fuego en el país. Una de estas medidas concretas sería el marcaje de armas, que permita conocer las características, “tal como funciona el VIN de los vehículos”. Asimismo, Alvarado impulsaría una reforma a las reglas de portación de armas en las empresas de seguridad privada.
Por otro lado, se propone mejorar la vigilancia aérea y marítima por medio de radares para interceptar naves en altamar y en el espacio aéreo que transporten drogas a otros destinos, así como las que se utilizan para abastecer el mercado local. Esta medida se utilizaría para disminuir la dependencia de patrullajes conjuntos, que deben ser suscritos con otros países que tienen más naves con mayor autonomía en aguas adentro, donde las nacionales no pueden llegar.
Alvarado usaría escáneres en las fronteras para combatir el contrabando de mercancías, narcotráfico, trata de personas, tráfico de biodiversidad y armas, así como el trasiego de capitales.
Aplicación de la justicia
Un gobierno del PAC, que no repetiría con Marco Feoli al frente del Ministerio de Justicia, sí mantendría las políticas orientadas a la reducción del hacinamiento carcelario y descriminalización de la pobreza.
Una de las propuestas que encabeza este enfoque garantista es el fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología (INC), un órgano técnico encargado de estudiar y dar seguimiento a los privados de libertad, con el fin de determinar su avance dentro del sistema y la posibilidad de otorgar traslados a centros semiabiertos.
De acuerdo con los cálculos de José Manuel Arroyo, vocero del PAC en temas de justicia, se aumentaría un 20% del personal del INC, específicamente en las áreas de psicología y trabajo social. “Lo que debería hacerse en días está tomando semanas, cuando no, meses. Ya sea para decir que sí o que no”, agregó Arroyo.
Desde un gobierno de Carlos Alvarado se estimularía la normativa que permita a los jueces contar con las herramientas para diferenciar a quienes cometen actos delictivos en función de la vulnerabilidad de cada persona, con el fin de establecer penas más justas, según la visión del PAC que señala que “no todo debe ser penado con cárcel, pudiéndose aplicar otras alternativas”.
De acuerdo con el programa del PAC, “la cárcel pocas veces repara el daño que la persona ofensora ocasiona a la víctima”, por lo que reforzarán los programas de justicia restaurativa, así como las iniciativas de acompañamiento de los privados de libertad, como es el caso de la Oficina de Inserción Social, que inició en 2018 y funciona como una bolsa de empleo para las personas que están a punto de egresar del sistema, entre otras de sus funciones.
El bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios, la ampliación de los programas de educación primaria, secundaria e idiomas, así como el impulso de un nuevo código penal, son parte de la oferta en materia de justicia.
Abordaje de infractores y víctimas
El PAC buscaría mejorar la atención a los infractores de ley con algún problema mental; además, introduciría una “visión humanista” con respecto a las medidas de seguridad que se aplican a esta población.
Por otro lado, se planteará una transformación del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), con el fin de que el problema del consumo se aborde como un asunto de salud pública “más que como un asunto eminentemente penal y discriminador”.
En cuanto a las cárceles, Carlos Alvarado buscaría que, cuando se requieran construir nuevas prisiones, se tome como ejemplo las tres unidades productivas construidas durante la administración Solís, con espacios aptos para el trabajo, estudio y la recreación, con mayor libertad de movimiento.
Un gobierno de Carlos Alvarado tomaría las lecciones aprendidas en cuanto a vigilancia electrónica de privados de libertad, para realizar modificaciones a las normas que regulan este mecanismo. “Se supone que esos medios de control son para generar una reinserción controlada. Estos son mecanismos ultra-avanzados de control social. La idea sería que estos nuevos mecanismos se puedan aplicar a personas que requieran de controles más estrictos a la hora de adquirir una mayor libertad”, dijo Arroyo, quien considera que se están brindando tobilleras a quienes no necesitan de mecanismos tan invasivos.
Además, pretende la creación de una red de seguimiento que permita a los usuarios del sistema reincorporarse a la sociedad de manera productiva. Según datos del Ministerio de Justicia, la reincidencia cerró el año pasado en un 5% de las personas, una cifra que pretende bajarse por parte del nuevo Gobierno.