Carlos Alvarado: 100 días de suspenso

Lo que se preveía, pero quizá peor: un poder político reducido y una prioridad fiscal casi absoluta y omnipresente. La sorpresa: su posición fría en asuntos de derechos humanos.

El gobierno de Carlos Alvarado cumple sus primeros 100 días confirmando dos tendencias muy claras: una fuerte debilidad política y una manifiesta voluntad de frenar, casi desesperadamente, el creciente descalabro fiscal que quedó del gobierno anterior. A ello se suma una sorpresa: la postergación de promesas en derechos humanos que le provoca agrios reproches de grupos seguidores suyos en la campaña. 100 días de eso y de pocas cosas más.

Es como una película que haya empezado con una escena de suspenso: la de un mandatario con el beneficio de la duda, caminando sobre una cuerda floja, conteniendo la respiración y tratando de mantener balances que considera indispensables, a pesar de que algunos abucheos desde la tribuna más cercana.

Las circunstancias (finanzas, seguridad, ritmo económico) le absorben las energías sin importar demasiado la condición de juventud y progresismo con la cual quedó electo. Por ahora sobresale su inclinación por el pragmatismo, incluso más allá de sus promesas de campaña.

A Alvarado le llega la cifra cabalística de 100 días, el primer momento evaluación informal, aferrado al papel protagónico de su ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y al equipo económico al que se alió en un intento de coalición informal para enfrentar la polarización electoral y el paisaje temible de las finanzas públicas.

Hay programados varios actos protocolarios y anuncios de proyectos gubernamentales, pero no hay un “informe de los 100 días” ni nada que se parezca a aquel polémico reporte que hizo hace cuatro años Luis Guillermo Solís, con acusaciones al gobierno anterior. Carlos Alvarado no; el “estado de situación” se va conociendo poco a poco.

Menos dispuesto a las cámaras que sus antecesores, el mandatario ha optado por el segundo plano para cumplir su promesa de “trabajar, trabajar y trabajar”, sabiendo que es el gobierno de menor apoyo legislativo en décadas y que debe vigilar cada paso, calcular cada paso. Necesita a la oposición multicolor tanto como necesita el apoyo de sectores con poder como los empresarios, la Iglesia Católica y las universidades, coinciden personas trabajan con él.

Con solo diez diputados de 57, el gobierno de Alvarado supera los tres meses sin haber logrado que la Asamblea Legislativa le garantice una reforma fiscal que sirva para contener el deterioro diario de las finanzas y tranquilizar a las calificadoras internacionales. Más bien ha tenido que afrontar los efectos de la gestión del primer mandato del Partido Acción Ciudadana (PAC) y millonarias cuentas por pagar que no estaban en las previsiones.

Por si no estaba claro, la Contraloría General de la República (CGR) publicó en la primera semana de agosto una fuerte advertencia sobre el agravamiento de los indicadores financieros del país y la postergación de soluciones políticas. Hay mayor vulnerabilidad sobre el tipo de cambio y las tasas de interés. “Es realmente sombrío… El país vive la coyuntura más compleja de las últimas décadas”, dijo la contralora Marta Acosta sobre el panorama fiscal en el que juega una función clave su antigua jefa en la CGR, Rocío Aguilar, como actual Ministra de Hacienda.

Figura estelar

El de Aguilar es otro de los rostros necesarios para explicar estos 100 días, desde el momento mismo de la designación y luego con la presentación de planes de contención de gasto público (una señal aplaudida por sectores usualmente críticos del PAC). En el entorno económico, la sensación de riesgo se mezcla de momento con cifras positivas en rubros como construcción y exportaciones.

En agosto vinieron otras malas noticias financieras sobre nuevas cuentas por pagar (₡600.000 millones) que no estaban en el paisaje, adquiridas en el gobierno anterior ante la falta de liquidez, y la decisión de Hacienda de amortizar títulos por ₡182.000 millones, a pesar de no tener la autorización de los diputados que exige la ley.

Este pago ilegal le valió a Aguilar –y al gobierno de Alvarado– nuevas críticas. Una publicación del Partido Liberación Nacional (PLN) pide la destitución de la ministra y la diputada liberacionista Franggi Nicolás la denunció penalmente. Sin embargo, la mayor bancada del Congreso no apoya estas gestiones. Es un ejemplo de otra circunstancia de Alvarado: gobernar ante partidos opositores que viven sus crisis propias.

Uno de los diputados verdiblancos dijo a UNIVERSIDAD que temen estar propiciando la salida de una de las jerarcas que más confianza genera del sector económico, aunque al mismo tiempo mantiene molestos a los principales voceros del movimiento sindical.

Y ahí está Carlos, con su conocido gesto facial de “todo va a salir bien”, pero con algunos exabruptos de ofuscación cuando se le pregunta por el cumplimiento de su promesa para hacer aplicable de manera plena la ley de aborto terapéutico. Podría firmar un documento y salir del asunto, pero hay cálculos de por medio. Es aquí cuando se activan los reclamos del sector progresista, incluso desde la propia bancada, como en el caso de la legisladora Paola Vega.

Como se preveía, “el Gobierno se ha visto muy limitado en su ejercicio político y, más que seguir una agenda propia, ha tenido que generar una serie de concesiones”, explicó el político Daniel Schuster. “Una vez se apruebe la reforma fiscal, posiblemente la dinámica cambie”, agregó.

Con él coincide Kevin Casas, el exvicepresidente y miembro de una de las comisiones multipartidistas que convocó Alvarado para plantear reformas al funcionamiento del Estado. “El Presidente fue hábil al atraer a gente de otros partidos a su gabinete. El problema es que eso no le generó músculo y sigue débil apostando casi todo a una reforma fiscal. Seguro que se aprobará, porque tiene que aprobarse, y uno se pregunta qué pasará el día siguiente”, aseveró.

Los otros valores

Diez días después de tomar el poder, el jueves 17 de mayo, el presidente Alvarado hizo un viaje del que casi nadie se enteró. En avioneta de Seguridad Pública fue a San Isidro de El General y tuvo ahí un encuentro largo con el obispo Gabriel Enrique Montero. Sin equipo de prensa y sin cámaras, fue y volvió volando.

Semanas después de insistir ante Presidencia sobre el contenido de esa reunión, este semanario recibió la respuesta: hablaron sobre el “desarrollo socioeconómico” de la zona sur del país y supuestamente era parte de la agenda normal del despacho presidencial.

No era esperable un encuentro tan pronto del nuevo presidente con la cúpula de la Iglesia Católica. O quizá sí. El día posterior al triunfo en segunda ronda fue a la Basílica de los Ángeles para cumplirle una promesa a la mamá, y el 8 de junio asistió a un acto en el Templo Votivo del Sagrado Corazón, en San José, junto a José Rafael Quirós, arzobispo de San José. Hubo críticas de un sacerdote famoso y los obispos salieron en defensa del mandatario.

Todo esto sería normal de un presidente en la Costa Rica confesional si no hubiera sido porque Alvarado llevó en la campaña electoral ciertas banderas de los derechos humanos que se refutan desde la Iglesia Católica y sus aliados del movimiento evangélico, el tema que marcó la campaña electoral.

Ahora, cumpliéndose los 100 días que se usan como un primer momento de medición de los gobiernos, queda claro que Carlos Alvarado no estaba dispuesto a seguir polemizando con los líderes de una comunidad religiosa que abarca casi al 60% de la población y que, a fin de cuentas, pudo haber sido determinante en el resultado electoral en la disyuntiva frente al partido evangélico Restauración Nacional, según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ya suficientemente limitado se sabía Alvarado al comenzar su gobierno. Por eso la apuesta osada de incluir profesionales de otros partidos en el gabinete y dar la cartera de Presidencia a Piza, en un intento de lograr mayor apoyo a la Asamblea Legislativa, aunque los resultados no hayan sido los esperados.

Otro acto que descolocó a sectores progresistas fue la decisión de Alvarado de convocar al Congreso un proyecto de ley de los diputados del PUSC en el cual proponen legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, pero mediante una figura legal que sería discriminatoria e inconstitucional.

Al menos esto es lo que dice el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (9 de enero) que él mismo defendía en campaña y por la sentencia de la Sala Constitucional del pasado 8 de agosto, una semana antes de cumplirse los 100 días del gobierno actual.

El mandatario ha reiterado sus compromisos en aborto terapéutico y matrimonio igualitario, pero no los materializa con actos. Más bien, da señales confusas que le aumentan el riesgo de perder credibilidad ante su base, aquella que hace un año y un mes le permitió ser el candidato presidencial del PAC, señaló Casas.

“Me parece que el Gobierno se equivoca al seguir postergando este tema por cálculos políticos”, dijo a la prensa José María Villalta, único diputado de Frente Amplio, coincidente con el PAC en algunas de las banderas sobre derechos humanos.

Todo esto lo deben de haber sopesado el mandatario y su círculo reducido de colaboradores de confianza, pero las conclusiones parecen claras: primero el salvavidas financiero y después todo. Por eso los fuertes mensajes sobre contención del gasto, las gestiones ante instituciones descentralizadas para sumarlas a ese ahorro y el plan fiscal con alza en impuestos, aunque ahí también ha debido hacer concesiones a grupos de presión.

Pendientes

Pocos temas adicionales han saltado a la agenda noticiosa. Se registra la protesta de taxistas contra la plataforma de transportes Uber, uno de los pocos momentos en que ha sido protagonista el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza. El acuerdo incluía una serie de promesas a los concesionarios de taxi, en detrimento de la plataforma moderna, lo que también le generó reproches del Gobierno visibles en redes sociales y en los medios.

Antes de ello, Alvarado debió gestionar un conflicto en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) entre figuras políticas del riñón del PAC, lo que le costó el puesto al presidente ejecutivo, Mario Alfaro.

La enumeración de jerarcas visibles no puede acabar sin el ministro de Educación, Édgar Mora, un profesional de formas heterodoxas que con sus expresiones salidas de norma se ha convertido en blanco de la oposición. Tanto que Restauración Nacional promovió un voto de censura en la Asamblea Legislativa, aunque sin los votos suficientes.

Otro ministro destacado ha sido Michael Soto, a cargo de uno de los sectores que preocupan a la población: el deterioro de la seguridad. Apostó al principio por “megaoperativos” que sirvieron para lanzar señales de más contundencia contra el crimen, pero los asesinatos de dos mujeres turistas la semana antepasada pusieron la inseguridad de nuevo en el foco.

La cifra de homicidios en este 2018 supera la que había a agosto del 2017, el año en que se rompió el record de asesinatos en Costa Rica. Sin embargo, Soto señala “pequeñas victorias”: los meses de mayo, junio y julio de este año (los que abarca el gobierno actual) presentan menos homicidios en esos mismos meses del 2017. Este problema se advertía ya y tampoco es atribuible a esta administración, aunque sí es una de las prioridades mencionadas por el mandatario.

También se han visto impulsos en infraestructura con Rodolfo Méndez en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y algunos pasos que recuerdan el acento ambientalista del discurso de la toma de posesión.

En otras áreas, los imprevistos han marcado la agenda. Se ve con claridad en Relaciones Exteriores, donde la vicepresidenta y ministra Epsy Campbell ha dedicado buena parte de sus acciones públicas a atender asuntos relacionados con la crisis en Nicaragua, bajo la consideración adicional del fuerte impacto económico y social que puede tener en Costa Rica.

Sus mensajes, con el claro respaldo de Alvarado, han sido categóricos al condenar la represión abusiva del gobierno de Daniel Ortega ante las protestas que comenzaron desde abril y que se resumen en más de 300 muertos, una economía paralizada, obstáculos al comercio regional y miles de nicaragüenses que han cruzado hacia Costa Rica.

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