De la extensa lista de 25 candidaturas a la próxima Presidencia de la República, UNIVERSIDAD identificó únicamente a 5 de ellas que no participan en ningún tipo de sociedad, según la información del Registro Nacional.
Se trata de Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) quien, no obstante, aparece como omisa en información para el Ministerio de Hacienda; al igual que José María Villalta del Frente Amplio; Fabricio Alvarado de Nueva República; Jhonn Vega del Partido de los Trabajadores y Martín Chinchilla de Pueblo Unido.
Chinchilla, adeuda ₡77 mil colones del impuesto de renta del 2019, según reporta la base pública de la Administración Tributaria. Esta información fue rectificada por el candidato, el miércoles 26 de enero y puede leerse su respuesta más adelante.
En un cuadro que acompaña este reportaje pueden revisarse la información de deudas reportadas por el sistema de patrono al día de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda. En consolidado, son 15 candidaturas quienes suman ₡162 millones de deudas en impuestos tributarios y ₡77 millones en aportes a la seguridad social (un total de ₡240 millones).
Rotsay Rosales, académico y coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), considera que esta información, que es pública, forma parte de los “elementos indispensables de que sean de conocimiento ciudadano y sobre los cuales las personas gobernantes, periódica y sistemáticamente, deberían rendir cuentas”.
“Nosotras, las personas ciudadanas, con independencia de las instancias de petición y rendición de cuentas; porque somos nosotras el soberano, el pueblo y ciudadanía, tenemos el derecho de conocer todos los aspectos que eran considerados de absoluta privacidad y que hoy son de interés público”, Rotsay Rosales OPNA-UCR.
“Que la ciudadanía, en general, tenga acceso a conocimiento de aspectos como las actividades profesionales, la trayectoria académica y profesional y laboral, las actividades de tipo económico o negocios, y quizás de lo más importante y tradicional: el conjunto de ideas que tiene una persona candidata o que aspira a un puesto de elección popular son elementos de juicio indispensable para que la ciudadanía esté más informada y pueda generar un mejor criterio para tomar una decisión frente a esa candidatura o esa persona, que va a decirse su representante cuando asuma un cargo de elección popular”, explicó el investigador de la UCR, especializado en redes de influencia en el país.
En total este semanario hizo una revisión de 96 sociedades; descartando aquellas en las que las personas candidatas aparecen como “agentes residentes”, es decir, representantes legales que reciben comunicaciones de sociedades cuyos verdaderos dueños no residen en Costa Rica.
De este descarte se tomaron en cuenta sociedades del actual diputado y candidato de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank; el candidato de Unión Liberal, Federico Malavassi (quien es la candidatura con la lista más extensa de participación en sociedades, con 18 de ellas); y Sergio Mena de Nueva Generación. Los tres son abogados de profesión.
En el caso de Malavassi, UNIVERSIDAD también identificó a siete sociedades fragmentadas bajo el nombre de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA). Malavassi es Presidente de la sociedad principal de la UACA y también de las sociedades anónimas UACA Santa Cruz Chorotega, UACA San Ramón del Valle Central, UACA Ciudada Neilly, UACA Cipreses, UACA Guápiles del Trópico Húmedo y UACA Servicios Profesionales Multidisciplinarios. Según el sitio web de la UACA, la universidad privada cuenta con 5 sedes en el país.
Candidatos con silla en UCCAEP y Cámara de Exportadores
El caso de Federico Malavassi también destaca dentro de la revisión porque el candidato ocupa una silla de vocal dentro de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
De la influencia de esta agrupación se puede mencionar que, entre otras fuertes figuras empresariales que participan en el extenso directorio de la Uccaep, aparece como secretario el presidente de la Asociación Bancaria Costarricense, Álvaro Saborío de Rocafort, primo hermano del candidato Rodolfo Piza del partido Nuestro Pueblo.
Piza aparece, en el cuadro que acompaña este reportaje, como uno de los 13 candidatos con deudas ante la Caja y Hacienda.
También con una liga de gran influencia está la candidata Natalia Díaz de Unidos Podemos.
De tres sociedades que se revisaron, Díaz participa como Directora 7 de la Cámara de Exportadores. Díaz es conocida políticamente como exdiputada 2014-2018 por el Movimiento Libertario. La candidata es una de 9 de los 25 aspirantes a la Presidencia que no reportan deudas ni ante la Caja ni ante Hacienda.
En el caso del candidato de Movimiento Libertario, Luis Alberto Cordero, acumula la mayor participación en fundaciones (4 de 10 de sus sociedades). Entre ellas, Cordero es fundador de Blue Morpho Camp, donde participa como director Edgar Zürcher Gurdián, identificado en otras publicaciones de este semanario como un influyente banquero de Promérica y tenedor de Zonas Francas.
15 deudores identificados
Hay nueve candidaturas que no reportan deudas ni a la Caja ni al Ministerio de Hacienda. Se tratan de Díaz de Unidos Podemos; Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana (cuatro sociedades); Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano (tres sociedades); Maricela Morales de Unión Costarricense Democrática (dos sociedades); Carmen Quesada de Justicia Social Costarricense (una) y cuatro de los candidatos que no reportan sociedades.
La excepción es Martín Chinchilla, quien tiene deudas con Hacienda.
Los mayores deudores de impuestos son Óscar Campos de Unión Nacional, que reporta ₡98 millones, y la mayoría proviene de la sociedad Fiduciaria Unibanc. El segundo mayor deudor es Christian Rivera de Alianza Demócrata Cristiana, quien suma ₡61 millones entre sus sociedades Instituto de Imagen y Estética Corporal IEC (donde es vocal) y la Clínica Integral Dr. Christian Rivera (donde, a pesar de llevar su nombre, figura como tesorero).
En el caso de la Caja, el mayor deudor es el diputado y candidato de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank con una suma de ₡59 millones. Rivera, nuevamente, aparece en segundo lugar, adeudando un consolidado de ₡15 millones por la sociedad Instituto de Imagen y Estética Corporal IEC, monto que se encuentra en cobro judicial.
Respuesta de Liberación Nacional
Durante el proceso de revisión en las plataformas públicas, este artículo consignó originalmente una deuda tributaria para el candidato de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, dentro de una sociedad llamada Pamela S.A.
Mientras que la deuda sí aparece en la Administración Tributaria Virtual (ATV) del Ministerio de Hacienda, el equipo de prensa de Figueres contactó a UNIVERSIDAD para aclarar que el candidato presidencial no tiene participación en la directiva.
“Es importante aclarar que don José María no aparece ni como director, ni como fiscal, ni tampoco en el poder generalísimo que ahí se indica. Adjuntamos fotografías de la última personería de esta sociedad (…) La única forma de sacar la información de los personeros es directamente en el Registro pues las plataformas muy pocas veces se presentan actualizadas”, escribió la coordinadora de prensa Angie López a este semanario.
Respuesta de Pueblo Unido sobre deuda tributaria de Martín Chinchilla
El 26 de enero, el candidato de Pueblo Unido, Martín Chinchilla, envió información a UNIVERSIDAD sobre el cumplimiento de su deuda tributaria. Según verifició este semanario en la base de datos oficial y pública de ATV de Hacienda, aparecía como moroso por un total de ₡77 mil colones del impuesto de renta del 2019.
La respuesta de Chinchilla, asegura que esa “morosidad expuesta corresponde a los pagos parciales del periodo 2019, que se registran en los meses de marzo, junio y setiembre, mismos que no se cancelaron en los meses indicados, debido a que, de acuerdo a mi declaración de renta de ese periodo, mi impuesto correspondía a la suma de ¢101.250,00 de los cuales se pagaron ¢74.250,00 y se liquidó el último pago por la suma de ¢26.920.00, los cuales fueron cancelados debidamente en su momento y por lo tanto no hay deuda existente”.
Chinchilla afirma que “Si ese rubro supuesto, por ustedes señalado, se pagara, redunda en que se le está pagando a Hacienda un importe que en la realidad no se debe”.
Puede leer la respuesta completa a continuación:
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