Críticas a los estilos autoritarios de liderazgo por parte de los fiscales generales, politización de los casos y poca proactividad para resolver el rezago fiscal fueron algunas de las críticas que realizaron, en sus entrevistas con la comisión de nombramientos de la Corte Plena, los cinco candidatos a Fiscal General que comparecieron este jueves ante la instancia.
La comisión, integrada por las magistradas Julia Varela, Patricia Solano, así como los magistrados Fernando Cruz, Luis Guillermo Rivas, Jesús Ramírez y Luis Fernando Salazar, escuchó las propuestas de trabajo e interrogó a Ewald Acuña, Simón Angulo, Jorge Araya, Fernando Cubero y Carlo Díaz.
Los candidatos señalaron como parte de sus propuestas medidas para gestionar y resolver el rezago de casos, que ya supera los 14.000 casos con más de dos años de haber ingresado a la Fiscalía y que no han tenido resolución.
Así mismo, hicieron propuestas sobre estilos de liderazgo saludable “no tiránico” y coincidieron en la urgencia de reparar el ambiente laboral, que consideran, se ha vuelto hostil a lo interno del Ministerio Público. Además, destacaron la necesidad de sanear la imagen y la credibilidad del Poder Judicial como tal, evitando los juicios mediáticos y el manejo politizado de los casos. pues aseguran que la neutralidad de la instancia se ha perdido.
Ewald Acuña, primer entrevistado, planteó en su propuesta la necesidad de incorporar inteligencia artificial para obtener datos que ayuden a dirigir la política de persecusion penal porque “si la justicia no es pronta, no es cumplida” y la prioridad debe ser resolver la mora. En este mismo sentido planteó la necesidad de que desde la Fiscalía General se ejecuten actos administrativos para que las investigaciones se concluyan, fijando plazos y reglamentando los criterios de oportunidad, entre otras medidas.
Bajo su liderazgo, dijo Acuña, priorizaría la persecusión de la delincuencia económica, el crimen organizado y violencia de género, y se desdoblaría la Fiscalía de cibercrimen, pues con la digitalización del mundo actualmente concentra muchos tipos de delitos. El penalista propuso además potenciar la supervisión y capacitación del personal, garantizar una “fiscalía no politizada” y evitar los juicios mediáticos, pues constituyen presiones indebidas.
Simón Angulo, quien fuera juez de juicio en Puntarenas (y renunciara a su cargo tras 20 años alegando acoso laboral), inició su intervención resaltando la importancia de un cambio en el estilo de liderazgo. “Yo tengo una visión de trabajo, no de liderazgo tiránico”, dijo el candidato. Hasta ahora, consideró, “el trato a los fiscales por parte de los fiscales generales no ha sido el mejor, el más adecuado o el más humano, por eso yo priorizaría un trato humano, profesional y que entienda las distintas generaciones que coexisten en la fiscalía”.
Sobre el rezago fiscal, Angulo responzabilizó a los anteriores jerarcas, a quienes “les ha faltado arrollarse las mangas y sentarse con los fiscales a resolver, a peticionar y a gestionar para que los asuntos se cierren”. El candidato, que admitió que dentro del Ministerio se le ga calificado como “rebelde”, dijo serlo solamente a favor de causas justas y destacó su pasión por la justicia, así como su particular interés en la protección de los derechos de la niñez, las mujeres y la persecusión de delitos ambientales.
Adicionalmente, ante las preguntas de las y los magistrados, Angulo dijo que en su criterio y “con mucho respeto”, la Fiscalía General debería tener rango constituticonal y no debería ser electa por la Corte Plena, ni rendirle cuentas; a lo que el magistrado Fernando Cruz le respondió, con ironía, “No, no, mejor que se las rinda al Parlamento”.
El exfiscal del caso Casas Vita, Jorge Araya, quien en el 2019 denunció haber sido separado de su cargo por hostigamiento por parte de Emilia Navas, fue el tercero en comparecer.
Araya destacó su esperiencia como juez y en administración, y propuso el uso de inteligencia artificial o machine learning para reducir los procesos administrativos y mejorar la eficiencia de la entidad. Además, el exfiscal planteó la necesidad de crear una especie de “división 911” en el seno de la fiscalía, que monitoree los expedientes en las fiscalias territoriales de modo que independientemente de los fiscales a cargo, los casos que “están empantanados se peudan sacar”.
Sobre la relación de la institución con la prensa, dijo que “siempre va a ser muy álgido porque hay un desequilibrio enorme”, pero destacó que la Ficalía debe ser siempre transparente y asumir que representa ante la población al Poder Judicial.
Sobre el ambiente interno del Ministerio, el exfiscal dijo que en su criterio es evidente “que es necesario prescindir de algunas conductas” e insistió en que bajo un posible liderazgo suyo se motivaría al personal mediante la participación y la inclusión en los procesos de toma de decisión.
Fernando Cubero, fiscal pensionado, comentó que llegó a la institución en 1987 y trabajó trenta años, siempre dentro del Ministerio Público, lo que “marcó su vocación como fiscal”. El exfuncionario fue el más tajante en sus críticas a las administraciones anteriores, afirmando que “hace veinticinco años la visión de la Fiscalía estaba clara y la hemos perdido”.
“Hay un descrédito total del Ministerio Público”, dijo Cubero señalando problemas de motivacion, credibilidad y vulnerabilidad ante presiones indebidas. “En el 98 con la Reforma Procesal Penal teníamos clara la cosa: la independiencia del Ministerio Público, alejado de coacción por parte de grupos económicos y organizados, una clara política de persecusión penal y en términos generales un gran orgullo de ser jueces”, indicó.
Con el objetivo de agilizar el quehacer de la institución, el exfiscal propuso utilizar más el proceso de flagrancia y plantearse la meta de que el ejercicio penal sea mínimo. “Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero hay que decirlo: despenalizacion, hay que pensar en eso, porque el procedimiento está trabado”, dijo. Además, dijo que hay que hacer modificaciones para eliminar las audiencia preliminares, sentar plazos y responsabilidades de los funcionarios, y ampliar los criterios de oportunidad.
Adicionalmente planteó la posibilidad de mejorar la credibilidad de la fiscalía a través de la mayor comunicación con la ciudadanía. “Así como nos enteramos de la restricción vehicular una semana antes, la gente debería poder saber cuales son las líneas básicas de la política de persecución”, agregó. Entre otros puntos, consideró que “hay que ponerle coto a los juicios mediáticos” e investigar las filtraciones de información.
El último entrevistado de la tarde fue Carlo Díaz, quien se desempeña como fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena. Díaz presentó ante la comisión un estudio que realizó, mapeando los casos rezagados por fiscalía. Según indicó, en los últimos años la incidencia de casos se ha duplicado y eso ha generado que la tasa de resolución baje, dejando 14891 casos con más de dos años de antigüedad, 13205 de los cuales están en fiscalías territoriales y 1686 son delitos sexuales.
“Estas fiscalías pueden y deben mejorar su rendimiento”, afirmó el candidato, que centró su presentación en la necesidad de reorganizar el ministerio, implementando medidas de planificación, medición y evaluación constante para aumentar la productividad. Además, dijo que implementaría medidas de “austeridad y calidad”.
Como parte de su “plan de descongestión”, afirmó, se crearía una “fiscalía itinerante” que no implicaría más recursos, porque igual “no se los darían”. Según consideró, buena parte de los rezagso se deben a que no se gestionan apropiadamente las cosas. “El fiscal puede priorizar casos, hacer equipos de trabajo, etc. eso está regulado en la ley y se debe hacer”, indicó.
