La necesidad de que se apruebe una reforma al CNP, la amenaza que ven en la Alianza del Pacífico y la pesca de arrastre son los puntos de discordia.
El hecho de que el Poder Ejecutivo haya retirado de la corriente legislativa el proyecto de reforma del Consejo Nacional de Producción (CNP) ha generado zozobra entre los campesinos del país, al punto que el pasado 5 de abril el Consejo Nacional Agroalimentario realizó una manifestación ante la Casa Presidencial.
Sin embargo, en este momento la preocupación de los campesinos va más allá, pues sienten como una amenaza, la posibilidad de que Costa Rica se adhiera a la iniciativa de libre comercio denominada Alianza del Pacífico.
Además, el sector de los pescadores artesanales teme por las consecuencias de que en el país se legalice la técnica de la pesca de arrastre.
El Consejo Nacional Agroalimentario reúne a unas 60 organizaciones campesinas del país y su presidente, José Oviedo, encabezó una delegación de representantes del sector quienes establecieron el diálogo con el Ministro de Agricultura. En la manifestación -a la que acudieron unas 200 personas- también participaron personas trabajadoras del CNP.
Por su parte el Ministro Agricultura, Luis Felipe Arauz, se hizo presente ante los manifestantes y expresó que “estamos en lo mismo, tratando de sacar adelante esta institución, modernizarla, que sea una institución a la altura del siglo XXI, que no solo ayude en temas de comercialización, sino que dé el gran paso a la promoción de valor agregado”.
El jerarca, cuya gestión cuenta con evidente apoyo entre los agricultores que le aplaudieron, informó además que su cartera trabaja con el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA) de la UCR para desarrollar “plantas piloto de valor agregado que le ayuden a las pequeñas empresas del agro a industrializar sus productos”.
Arauz insistió en que “de veras estamos tratando de modernizar la institución y quiero asegurarles que no es la idea debilitar el CNP, todo lo contrario”.
LUCHA POR CNP
Buena parte de la indignación de los campesinos con el Ejecutivo se debe a que Casa Presidencial retiró de la corriente legislativa el proyecto de reforma del CNP, que fue dictaminado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.
Ese proyecto formalmente se denomina “Ley para fortalecer la operación sostenible del Consejo Nacional de la Producción mediante la reforma de normas vigentes que le establecen cargas tributarias, la asignación anual de recursos con cargo al Presupuesto Nacional y condonación de sus deudas acumuladas por la exigencia del pago de impuestos”.
La iniciativa busca que la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) cubra sus gastos con al menos el 50% de la utilidad bruta de la venta de bebidas alcohólicas, de manera que los recursos restantes sean cedidos al CNP. Además exime a la Fanal del pago de impuesto de la renta.
Como su kilométrico nombre lo indica, el proyecto también dispone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería incorpore anualmente en el presupuesto ordinario de la República, una transferencia corriente a nombre del CNP, con el fin de que esta institución cubra sus gastos operativos y las inversiones del Programa de Abastecimiento Institucional.
El principal problema que ha entrabado el avance del proyecto proviene en buena medida del artículo 7 y último del proyecto, el cual condona la totalidad -tanto el principal como intereses y multas- de una deuda a nombre del CNP adquirida desde el 2004: “incluida aquella que se encuentre en discusión en sede judicial y que aún no cuente con sentencia definitiva y en firme”.
Ello se refiere a una deuda cuyo cobro en favor del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se discute judicialmente.
Según el mismo texto, esa deuda se originó en la exigencia del pago de los impuestos – incluido el impuesto sobre la renta- sobre las bebidas alcohólicas producidas y comercializadas por la Fanal.
Óscar Rodríguez, secretario adjunto del Sindicato de Empleados del CNP (Sinconapro), explicó que los fondos que transfiere la Fanal al CNP son fundamentales para sostener programas como el de Abastecimiento Institucional, que consiste en que la institución compra productos a los agricultores y los coloca entre las instituciones del Estado idealmente a precio de costo.
Sin embargo, explicó que por diversas razones los precios de la Fanal no son competitivos en el mercado y esto ha menoscabado las finanzas del CNP.
Añadió que la reforma planteada ayudaría a que el CNP “pueda levantarse, porque estaríamos cubriendo la necesidad financiera, y seguir atendiendo al pequeño y mediano productor con el programa de abastecimiento institucional”.
Sobre la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de la corriente legislativa, expresó que no fue una sorpresa, porque “la gran resistencia que tuvimos desde el principio” provino de las autoridades del IFAM. Según dijo, esa disputa significa para ese Instituto la expectativa de cobrar “más o menos ¢30.000 millones”.
Al respecto, el presidente de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) Rolando Rodríguez manifestó a través de un comunicado que la reforma “nos preocupa”, porque el proyecto “reduce recursos con los que ya cuentan los gobiernos locales para su gestión anual y se condonan deudas afectando las finanzas municipales”. El ministro
Arauz expresó ante los manifestantes que el proyecto se desconvocó porque “tiene algunos temas que lo hacen peligrar a la hora de la votación en plenario” pues “tienen preocupados a algunos diputados, entonces queremos blindarlo para que realmente pase como tiene que ser, es para mejorarlo que se sacó, no para desconvocarlo ni destruir el CNP”.
Al ser abordado por UNIVERSIDAD, el jerarca reconoció que “es un tema que le quita recursos al IFAM aparentemente, hay diputados que no quieren eso”.
POLÉMICA ALIANZA
La Alianza del Pacífico es conformada por México, Colombia, Chile y Perú; fue constituida en el 2011 y promete “constituir un espacio económico más profundo entre sus miembros”, según la información oficial en el sitio del Ministerio de Comercio Exterior (Cómex).
En días pasados, al anunciar la marcha José Oviedo, presidente del Consejo Nacional Agroalimentario, aseveró que adherir al país a la Alianza del Pacífico sería perjudicial pues las asimetrías con el nivel productivo de los países que la integran son “enormes”.
“No podemos seguir con la apertura comercial tal como nos la han impuesto”, y como muestra de ello apuntó que el censo agropecuario refleja cómo han disminuido “todos los rubros de la producción”.
Por ello, consideró que formar parte de la Alianza incidiría en que “la reducción de la producción va a ser tremenda, muchas familias abandonarán su producción, creando desempleo y viniéndose a la ciudad a crear más anillos de pobreza”.
El ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, detalló que el proceso de incorporación de Costa Rica a este bloque, como Estado Miembro, no ha dado inicio aún y no existe un plazo perentorio para concretar el arranque del proceso de negociación que se requiere de previo al ingreso.
Añadió que el Ministerio de Comercio Exterior (Cómex) ya inició un proceso de información y consulta con los diferentes sectores de la sociedad civil, con el fin de promover “un debate informado y conocer las diferentes posiciones de los sectores”.
Apuntó además que los miembros actuales de la Alianza acordaron plazos de desgravación de hasta 17 años para acomodar el proceso de eliminación de los aranceles de los productos que resultaban más sensibles a nivel bilateral entre ellos.
“Costa Rica tendría que negociar con cada uno de los países miembros las condiciones aplicables a los productos con mayores sensibilidades.
Ese proceso de negociación no ha iniciado”. Sobre la preocupación por las asimetrías productivas, informó que Cómex realizó un análisis sobre los posibles efectos de la desgravación arancelaria, asociada al eventual ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, el cual está en poder del Presidente de la República, quien decidirá cuándo lo hará público.
