Campesinos de Sixaola tienen 5 años de reclamar pago por despidos

Un grupo de campesinos de varias comunidades de la zona fronteriza con Panamá reclaman tierras que han habitado por años. Ellos acudieron a la

Un grupo de campesinos de varias comunidades de la zona fronteriza con Panamá reclaman tierras que han habitado por años. Ellos acudieron a la Asamblea Legislativa donde diputados como Walter Céspedes los apoyan para encontrar una solución. (Foto: Yanory Obando)

Campesinos de Sixaola, en el cantón caribeño de Talamanca, tienen 5 años de reclamar por el pago de sus derechos laborales y para que titulen tierras a su nombre.

El más viejo de los conflictos se refiere a un grupo de  105 campesinos del distrito de  Sixaola de  Talamanca, quienes desde el 2008 esperan el pago de salarios pendientes y demás extremos laborales que nunca les hicieron, luego de que  el dueño de una finca bananera Talamanca cerró sin previo aviso y los dejó “al garete”.

El caso de la finca Talamanca se une al de la finca Zavala, del mismo dueño, un área total de unas 400 hectáreas dedicadas al cultivo del banano y plátano, que también sufrió el mismo destino.

 

Domitilo Castillo, un agricultor de 40 años que laboró durante 18 años para dicha empresa −propiedad del empresario nacional Omar Castro Carballo−, aseguró a UNIVERSIDAD que su situación es “angustiante”, porque pronto se le vence un permiso especial otorgado por un juez agrario para estar en la finca Zavala y cosecharla (un plazo de 32 meses), luego del desalojo −por parte del Banco Nacional− que sufrieron en ese terreno en el 2011.

 

Unas antiguas bodegas de Finca Zavala es ahora el hogar de un grupo de familias que fueron desalojadas. De momento la cultivan gracias a un permiso de 32 meses dado por un juez agrario de Limón. (Foto: Henry Picado)

Hoy, según manifiesta Castillo, la mayoría de las familias tuvieron que irse a buscar “cómo sobrevivir”; sin embargo, en su caso decidieron “por necesidad” quedarse y ocupar la finca.

Castillo asegura que no son precaristas, que ocupan una tierra forzados por la necesidad,  pues luego de muchos años de trabajar para una finca bananera, nadie ha dado la cara por ellos.

“Tantos años que hemos trabajado y mire, todos los derechos perdidos, estamos luchando para que nos reconozcan, pero nadie nos atiende; tuvimos que ocupar la finca, pero seguro que ahorita nos van a echar”, clamó Castillo.

José Julián Llaguno, miembro del programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, alertó sobre la situación de angustia en la que tienen que vivir estas familias.

“Los afectados se han organizado a través de un comité y  se han reunido con funcionarios de distintas instituciones para resolver el problema. Se les debe salarios, aguinaldos y vacaciones”, afirmó Llaguno.

Margarita Candanedo, otra de las afectadas y presidenta del comité que lucha por la reivindicación de sus derechos,  se quejó de “estar a la buena de Dios” y  de la ausencia en este problema del Ministerio de Trabajo.

UNIVERSIDAD solicitó en repetidas ocasiones información al Ministerio de Trabajo, pero no se obtuvo respuesta al respecto.

Según testimonios de los trabajadores, se estima que a la persona con más tiempo de trabajar en la empresa, se le adeuda entre  ¢7 y ¢11 millones  en prestaciones laborales.

Para Llaguno, la situación de las familias que ocupan actualmente la finca es angustiante, ya que muchos de ellos y sus familias viven actualmente en las bodegas de la compañía, donde  ha habido gran cantidad de químicos almacenados por años.

“El Banco al hacer el desalojo destruyó las casas donde vivían los trabajadores; muchos se han ido a trabajar en otras fincas bananeras”, lamentó Candanedo.

LEGADO COMPLEJO

Para Llaguno, la historia de la tenencia de la tierra es un tema complejo en esta zona, pues se trata de una zona fronteriza de 2 kilómetros, cuya geografía es proclive a cambiar la ubicación de los límites, por los cambios de cauce del río Sixaola, límite natural.

Además, opina que también –históricamente− esta zona ha experimentado en el pasado conflictos por derecho a la tierra, derivados de hechos como los programas de reconversión productiva y los programas de ajuste estructural que los gobiernos implementaron en los años 90.

“Muchas de estas tierras pertenecían a las  compañías bananeras, pero luego fueron vendidas al Estado y el IDA las tituló a los campesinos; con el cambio de la Ley # 9036 que transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) esta situación se hace más compleja”, afirmó Llaguno

De igual manera, un grupo de campesinos de Katarina, Paraíso y Sixaola llegaron a la Asamblea Legislativa el jueves pasado, para presionar por la conformación de una comisión que estudie el caso de la titulación de sus tierras.

Ellos consideran que un informe de la Contraloría General de la República emitido en el 2007, “violenta sus derechos al querer anular las escrituras” que ellos tienen sobre la finca que habitan y que la compañía bananera Chiriquí Land Company también ha reclamado como suya.

En un oficio de julio del 2012, el entonces IDA reconoce que la finca (024573-000) se localiza dentro de los 2000 metros de la franja fronteriza; ratifica la existencia de un proceso agrario ordinario en donde la compañía bananera reclama invasión a dicho terreno y también afirma que en el 2006 este fue ocupado por un grupo “de personas que cultivan plátano”.

El tema registral de la propiedad no está del todo claro, lo que ha llevado a que, en función del criterio emitido de la Contraloría, quieran “darles en arrendamiento estas tierras”.

En este sentido, el informe de la Contraloría señala que “en lo  correspondiente al IDA, la administración de la franja fronteriza la debe realizar mediante la figura de arriendos, los cuales se conceden para diversas actividades económicas, entre ellas la agraria”.

Para el líder comunal Wilberth Gómez esta opción no es viable, en vista de que ellos llevan muchos años viviendo en esas tierras, por lo cual demandan al Gobierno resolver sus quejas.

Según Gómez, el IDA les da la razón. “Las tierras en que vivimos están legalmente inscritas en el registro nacional de la propiedad desde el año 1906, es decir, 55 años antes de que existiera la Ley 2825 de 1961 (Ley de Tierras y Colonización), la cual prohíbe inscribir tierras dentro de los 2000 metros del cordón fronterizo”, afirmó.

Actualmente, según  el reporte del IDA fechado en el 2012, el titular registral de la propiedad es la Municipalidad de Limón y se deriva de una finca antigua inscrita en 1906. Si hay “eventuales derechos sobre la Chiriquí Land o sobre la Municipalidad de Limón”,  deberán ser reconocidos por una autoridad judicial.

Admite también el oficio, que los ciudadanos de Sixaola siempre han sido ocupantes  y siempre se les ha respetado la posesión, por lo que “una eventual intervención del IDA complicaría los derechos de los ocupantes”.

De igual manera, se afirma en el documento que el ente Contralor al emitir el informe, no conoció los detalles registrales y los antecedentes de la finca madre. “Es posible que la apreciación de la Contraloría sobre las tierras en el Valle de Sixaola se suavice cuando conozca tales detalles”, se menciona en el texto.

 


La ley no es retroactiva

El diputado socialcristiano Walter Céspedes, miembro de la Comisión Permanente de Control y Gasto Público, considera que hay una interpretación incorrecta de la Contraloría General de la República.

“La compañía bananera Chiriquí era la dueña de todas esas fincas desde la frontera con Panamá hasta Bribri (unas 3000 hectáreas) y yo solicité en noviembre del 2003 el criterio jurídico para titular tierras a los campesinos, y emití los títulos de propiedad cuando yo estaba en el IDA”, recordó.

En su criterio, la Ley no es retroactiva y el informe de la Contraloría “genera una incertidumbre y preocupación entre los parceleros porque incluye la figura del arrendamiento”, afirmó.

“A los que lograron tener el título de propiedad, ahora se los quieren quitar, pero hay parceleros que tienen  más de 30 años de estar ahí y ahora les dicen que los quieren obligar a firmar un contrato de arriendo con cobro retroactivo, entonces queremos aclarar esto”, afirmó Céspedes.

Céspedes incluirá una moción en dicha comisión para llamar a comparecer, entre otros funcionarios, a la Contralora General de la República, Marta Acosta.


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