La versión oficial de la policía, de que el pasado 16 de febrero intervino en el puente sobre el río Térraba por causa de un bloqueo, así como la aseveración de que los manifestantes agredieron a los oficiales con palos y piedras, fueron desmentidas por tres campesinos de la localidad, quienes fueron detenidos ese día.
Daniel Villalobos, Erick Morales y Luis Chinchilla, comparecieron el pasado 10 de marzo ante la Comisión Especial Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, para dar su versión de los hechos, luego de que el 22 de febrero dieron su punto de vista el ministro de Seguridad, Gustavo Mata; el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres; y el comisionado de la Fuerza Pública, Juan José Andrade.
Villalobos mostró preocupación por las contradicciones que encontró en el discurso de la Fuerza Pública, pues presentó un video de TV Sur −canal 14−, en el cual el vocero del Ministerio de Seguridad, Carlos Hidalgo, aseveró que los manifestantes estaban armados con “palos y piedras” y que la Fuerza Pública actuó ante un bloqueo.
“El informe que Fuerza Pública presentó a la Fiscalía de Osa para procesar a los detenidos dice que nos movíamos en una vía, en sentido sur-norte”, alegó Villalobos. Tras negar que estuvieran armados, afirmó que se está ante “dos versiones de la institución, que se contradicen en perjuicio de nosotros”.
“Fueron ellos los que bloquearon el puente para permitir que los antimotines entraran. Optamos entonces por sentarnos en el piso”, añadió.
Los campesinos mostraron varias videograbaciones en las que consta que nadie agredió a la Policía con piedras o palos, sino que se aprecia con claridad a los antimotines golpeando con su garrote a los manifestantes, además de usar patrullas para bloquear el paso por el puente.
Asimismo, se observa cómo un policía golpea por detrás a un manifestante, al propinarle un golpe que buscaba su hígado, a pesar de que la persona estaba totalmente reducida e inmovilizada por otro oficial.
En otro video, varios policías montan a un campesino detenido en un pick-up, aún esposado, con la compuerta abierta y sin poder asirse a nada. El vehículo arrancó y el sujeto cayó al suelo.
“No pueden decir que usáramos piedras y palos. No pueden decir que producto de la refriega un policía salió herido, como sí sucedió con un compañero nuestro”, afirmó Villalobos, quien criticó que ante esta Comisión el ministro Mata “dijo inexactitudes”.
“LABORES MÁS COTIDIANAS”
De acuerdo con el acta de la comparecencia del 22 de febrero, Andrade expresó que “las marchas en este país han sido una de las labores más cotidianas de la Fuerza Pública”, que el puente sobre el río Térraba es “medular” en materia de seguridad y destacó que no se utilizaron “agentes químicos” ni “bala policial”, mientras que Mata subrayó que no se presentó ninguna denuncia por abuso de autoridad.
El diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio (FA) −quien forma parte de la Comisión−, leyó el acta levantada por la policía el día de los hechos, en la cual se consignó que a las 8:30 a.m. “se procede a prevenir al grupo de manifestantes que se abstenga de realizar dichas acciones, como lo era el movimiento sobre el puente”. Lo cual quiere decir que no había bloqueo al momento en que la policía empezó a incidir.
Arguedas fustigó el “uso desproporcional de la fuerza” por parte de la policía y denunció que “infiltraron gente de la DIS entre el sector campesino”.
Por su parte, el Director de la DIS reconoció que el caso de Chánguina “se ha monitoreado desde el principio, cuando asumió la Dirección, porque se sabía que esto era un desalojo que iba a causar un problema social en la zona”.
Figueres reforzó la versión de que en la zona han tenido presencia “personas ajenas al tema”, lo cual conoció gracias a “fuentes ciudadanas”, al tiempo que negó tener “infiltrados” entre los campesinos de Chánguina.
Mientras tanto, los campesinos en su comparecencia insistieron en los abusos cometidos por la policía. Luis Chinchilla criticó el hecho de que la Fuerza Pública “pide fondos y nosotros somos los que llevamos leño”. “Me agarraron como si fueran cinco o seis Rottweilers y me arrancaron la camisa”, reprochó.
Chinchilla expuso que “es doloroso que la Fuerza Pública utilice a los medios en contra nuestra”, pues relató que tras ser herido fue trasladado en una ambulancia en la que también llevaban al policía que resultó lastimado. “Él dijo que se había golpeado con el casco, pero en el informe nos echan la culpa a nosotros”, acotó.
El último de los campesinos en intervenir fue Erik Morales, quien −según relató− fue el primer detenido; escuchó a los policías decir que primero había que detener a los líderes del movimiento.
“Luego detuvieron a Daniel. Escuché que decían que había que ‘darles duro’. Nosotros no somos líderes, líderes somos todos, en la zona con problemas de tenencia de tierra”, aseveró.
Morales también denunció que “nos hicieron estar detenidos 18 horas más en celdas, injustamente, porque el informe estaba mal hecho”.
“¿A DÓNDE QUIERE LLEGAR?”
Tras la comparecencia de los campesinos, el primer diputado en intervenir fue el jefe de fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Redondo, quien buscó distraer la discusión de los actos violentos cometidos por la Fuerza Pública y planteó varios cuestionamientos, relativos a si en anteriores manifestaciones la policía fue igual de violenta, o cuántas veces la policía les pidió que levantaran el movimiento.
Cuando Villalobos contestó que dos veces, el diputado oficialista insistió: “¿Más de una?”, a lo que el campesino replicó, “diputado, ¿a dónde quiere llegar?”.
Redondo defendió la gestión gubernamental en el conflicto, a lo cual Villalobos recriminó que “lo que ha habido es una intervención del Gobierno a favor de Óscar Echeverría”, el empresario que solicitó el desalojo, quien no solo no es propietario del territorio reivindicado por los campesino, sino que mantiene cuantiosas deudas con el Estado.
Para el campesino, ha habido “conversaciones” que no pueden llamarse “negociación o diálogo”, porque de ellas “no sale nada”.
En la intervención del legislador Marvin Atencio, del PAC −al igual que su jefe de fracción− buscó dirigir el tema lejos de la actuación de la Fuerza Pública.
Preguntó a los campesinos cuál es el interés del mencionado empresario en la finca y se refirió también a acciones de Gobierno para proveer de vivienda a algunas de las familias de Chánguina, al tiempo que cuestionó que “otro grupo de gente se metió”.
Villalobos replicó que la primera pregunta se la debería hacer directamente al empresario y sobre la segunda, externó que “la lucha nuestra es por tenencia de la tierra” y que algunas personas decidieron acogerse “al beneficio de vivienda temporal”. Sobre la entrada de gente nueva, agregó que ello se dio porque “en reunión con Ana Gabriel Zúñiga −viceministra de Presidencia− en el salón parroquial de Palmar Norte, nos dijo que metiéramos gente nueva, para empezar un proceso nuevo”.
Posteriormente Edgardo Araya, del FA, criticó la atención que ha dado al conflicto en Chánguina el Gobierno, ya que en su criterio “es un problema de conflicto agrario, no de vivienda”, todo esto, en alusión a la respuesta transitoria que ha ofrecido el Poder Ejecutivo, de alojar a familias campesinas en casas provistas por la organización Techo.
Araya además se refirió a la detención de 30 horas de los campesinos y reprochó que “retener para justificar la detención es de Estados totalitarios”.
Denunció que el Departamento de Desalojos del Ministerio de Seguridad Pública envió un documento al Juzgado Agrario, en el que cuestionó la decisión de imponer medidas cautelares que detuvieron el desalojo.
Ello fue confirmado por Villalobos en una conferencia de prensa realizada posteriormente. “El Juzgado Agrario de Corredores ayer revocó las medidas cautelares, tras una comunicación del Departamento de Desalojos de Fuerza Pública”, puntualizó.
