El campesino y defensor ambiental Alcides Parajeles volvió a denunciar amenazas de muerte en su contra, después de reportar ante las autoridades la cacería de chanchos de monte y tala ilegal dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la península de Osa.
Las denuncias más recientes del campesino, como muestran fotografías tomadas el pasado 9 de diciembre enviadas a UNIVERSIDAD, son de saínos, asesinados por cazadores ilegales y dejados en el campo a que se hinchen, en los alrededores de la localidad conocida como Mogos, en Sierpe. Otras fotografías muestran palos de Mayo talados, cerca de la quebrada Pavón.
El 15 de noviembre pasado, interpuso una denuncia ante las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en la que afirmó que “está recibiendo amenazas de muerte por proteger los recursos naturales, por lo que está solicitando el apoyo de todas las fuerzas policiales”.
Parajeles afirma que a la Reserva Golfo Dulce “le están haciendo daño por todos lados”. Sobre los saínos, dijo que “matan para llevarse y también dejan animales maltirados”.
“Los grandes daños se siguen haciendo a la naturaleza y no veo autoridades haciendo algo. Uno le pasa la pelota del uno al otro, nadie va al grano. Todo se va desapareciendo, los animales silvestres, todos los bosques se van desapareciendo y no veo autoridades de ninguna índole”, dijo Parajeles en entrevista.
Con respecto a las amenazas que recibe, señaló que hay individuos que pasan por su casa y le gritan: “Usted no va a estar tranquilo viejo hijuep…, viejo sapo, hasta que le pegue un par de balazos”.
“En el Minae lo que veo son autoridades que no quieren trabajar y si hablamos de la Fiscalía, cuando se logra que el Minae lleve una denuncia, de las muy pocas que hacen, los tribunales las desestiman. El problema es muy grave, muy serio”, añadió.
El campesino también denunció que autoridades del Minae le pasan la información “a los destructores”
“Cuando uno viene y denuncia, ellos ya se dan cuenta lo que uno denunció, quién los denunció. Hay unas autoridades del Minae que le pasan información a los que están rajando palos, a los que andan cazando”, explicó.
Este medio consultó sobre el estado de la denuncia ante el SINAC; sin embargo, la consulta aún se encontraba en trámite a la hora de cierre.
Más de 20 años de amenazas y atentados
Alcides Araya Arce, más conocido como Alcides Parajeles, tiene 77 años y calcula que unos 70 de esos años ha vivido en Pavoncito de Sierpe.
Contó que llegó a la zona, a “estos montañones”, “cuando era un güila”, junto con su madre Socorro Araya Arce, procedentes de Miramar de Puntarenas, cuando estaba en su apogeo la United Fruit Company.
En diciembre pasado también se realizaron diversas gestiones de parte de organizaciones ecologistas buscando el apoyo de las autoridades del Minae para garantizar su seguridad, pues las amenazas y el hostigamiento en su contra y en contra de su familia son usuales.
Crece preocupación por seguridad del campesino ambientalista Alcides Parajeles
Desde diciembre, dos iniciativas diferentes buscan apoyo de las autoridades del Minae para garantizar su seguridad, pues amenazas y hostigamiento en su contra y de su familia son usuales.
En 2017 Parajeles recibió el premio Guayacán -otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)- por sus esfuerzos en la protección y conservación del medio ambiente, en particular contra la caza ilegal en las áreas protegidas de la península de Osa.
En julio de 2018, Parajeles estuvo en la Asamblea Legislativa denunciando la cacería ilegal, lo cual lo ha enfrentado contra mafias del crimen organizado que manejan redes de tráfico de vida silvestre. En esa ocasión Parajeles también denunció las amenazas de muerte que ha sufrido y exigió mayor presencia del Estado para proteger los ecosistemas de la zona.
Parajeles ha denunciado amenazas en su contra desde el año 2000, cuando reportó daños a la infraestructura de su finca y amenazas con armas de fuego por sus constantes denuncias contra los cazadores y la deforestación en la península de Osa. En 2011, a Parajeles le dispararon estando dentro de su propiedad, como registra el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”.
