Asamblea Legislativa

Campaña electoral estanca proyectos del Gobierno enviados a sesiones extraordinarias

Gobierno presentó a discusión legislativa nuevo plan fiscal con la expectativa de que satisfaga los intereses de las bancadas y se le dé trámite rápido.

A poco más de siete meses para las elecciones, la campaña política zarandea al gobierno de Luis Guillermo Solís, en momentos en que ha mejorado su imagen en las encuestas, y la oposición arrecia críticas poniéndole cuesta arriba la agenda de proyectos presentados para el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa.

Sobre todo, lo que tiene que ver con los planes de reforma fiscal para frenar el apremiante crecimiento del déficit que amenaza con un descalabro de las finanzas públicas.

Planes que incluyen aumentos de impuesto y que la mayoría opositora que controla el parlamento mantienen bloqueados desde hace dos años, con el argumento de que la reforma fiscal debe ser integral y debe pasar primero por un recorte del gasto que el Gobierno debe profundizar.

Mientras tanto el tiempo de los diputados en el plenario se ha ido mayormente en discusiones políticas y frecuentes recesos dando largas al trámite de importantes proyectos para resolver problemas relevantes, como la Ley de extinción de dominio (para facilitar la incautación de bienes del narcotráfico) o la reforma del sistema de pensiones del Poder Judicial para salvar sus sostenibilidad.

En la retina de los diputados y candidatos gravitan las elecciones de febrero próximo y los intereses de partido, de manera que los vientos no favorecen  el avance de los proyectos presentados al trámite legislativo, incluso un nuevo plan de reforma fiscal que el Gobierno presentó a los diputados la semana pasada, denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esta es la tercera alternativa que la administración de Solís le propone al Congreso en dos años, con la expectativa de lograr un aumento en la recaudación de impuestos y reducir la brecha entre gastos e ingresos, del actual 5% del producto interno bruto (PIB) a un 2%.

El lunes pasado se cumplió la mitad del período de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, que va del 1 al 31 de agosto, sin que la ambiciosa agenda de 58 proyectos convocados por el Poder Ejecutivo para este lapso haya arrancado.

Los partidos de oposición vienen culpando a Zapote de estar ausente y carecer de una estrategia para acercarse a las bancadas legislativas a fin de construir acuerdos y definir las prioridades.

La perspectiva del Gobierno es que la bola está del lado de la Asamblea Legislativa, pues los proyectos están presentados, la ruta es clara, y les toca a los diputados darles trámite y votar.

Así lo hizo ver, por ejemplo, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, quien se encarga del contacto del Ejecutivo con los diputados.

No obstante, desde la oposición se insiste que ni siquiera en el período de extraordinarias, en que la iniciativa de legislación le pertenece al Poder Ejecutivo, ha habido un acercamiento de Zapote con las bancadas para facilitar acuerdos, y más bien se ha empeñado en presionar a los diputados para que aprueben la creación de nuevos impuestos, dejando al garete el resto de la agenda.

Karla Prendas, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), declaró estar preocupada porque no ha habido ninguna convocatoria a las fracciones para ver la agenda completa. En su opinión “no hay dirección, ni guía, ni acompañamiento”.

William Alvarado, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no ve una estrategia de parte del Gobierno, que no se ha acercado a conciliar posiciones con las bancadas y parece que solo están enfocados en el tema de impuestos.

Por añadidura, el mismo día que se iniciaban las sesiones extraordinarias, el presidente Solís alertó sobre en cadena de televisión sobre una crisis de liquidez del Gobierno, reiterando la necesidad de la reforma fiscal.

Algunos sectores lo tildaron de alarmista, y diputados del PLN, PUSC y el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) se trenzaron en discusiones sobre las responsabilidades del crecimiento del gasto público y la falta de decisiones para resolverlo.

Durante una conferencia de prensa de los diputados liberacionistas reclamaron a la semana siguiente la ausencia del presidente tras su anuncio sobre la crisis de liquidez, y que ni siquiera hubiera delegado al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, para convenir con el parlamento una ruta de acciones para seguir.

“No basta con que el presidente diga que convocó los proyectos a sesiones extraordinarias, cuando en la reunión de los jefes de fracción, ni el ministro ni el viceministro de la Presidencia se presentaron a discutir el mensaje del presidente”, dijo el diputado Olivier Pérez, quien instó al mandatario a asumir su papel en esta situación tan apremiante, o que al menos ordene a su ministro de la Presidencia mediar en este problema tan relevante.

Dos días después, el jueves 10 de agosto, los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Sergio Alfaro y Helio Fallas, encabezaron una representación del gobierno que se reunión con los jefes de bancada y el presidente legislativo Gonzalo Ramírez, para entregarles el nuevo proyecto de reforma fiscal, que reúne diferentes propuestas presentadas sobre la materia.

La iniciativa incluye la propuesta de derogar la  denominada ley de “capitales golondrina”, la cual impide el ingreso al país de grandes capitales que se invierten y salen del sistema financiero según su conveniencia.

El Gobierno ve la derogación como una medida urgente para afrontar la crisis de liquidez, pues la ley aleja la atracción de grandes inversionistas como opción de financiamiento ante la actual imposibilidad de colocar bonos.

Pero la bancada liberacionista consideró, entre otras razones, que ley es un buen instrumento de política monetaria y tributaria para el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, para resguardar los recursos de los costarricenses y evitar los efectos nefatos que los “capitales golondrina” tienen sobre las economías

CAMBIOS PROPUESTOS

Entre los puntos más relevantes, el plan fiscal del gobierno propone un impuesto de 15% sobre el valor agregado (IVA) de todos los bienes y servicios, exceptuando la educación privada.

La misma tasa se aplicaría a la descarga de libros en tiendas de Internet, y servicios de televisión por streaming, como Netflix y otras aplicaciones que permiten observar películas mediante pago en Internet.

Los servicios privados de salud tendrían una tasa diferenciada de 4%, pero el impuesto se les devolvería a los usuarios que paguen con tarjeta y no en efectivo.

Al 40% de la población con menores recursos se les devolvería lo pagado por IVA.

La propuesta también contempla cambios en el empleo público para poner topes a los sueldos de los altos jerarcas y regular los incentivos salariales que se pagan actualmente.

Asimismo, incluye una regla fiscal para ponerle tope al crecimiento del gasto público, o permitir una mayor erogación, según crezca o decrezca la economía.

El ministro de la Presidencia aseguró que el proyecto está construido de tal manera que disiparía la reticencia que ha mostrado la oposición a discutir el aumento en los impuestos.

Empero, la única alternativa viable que ve el Ejecutivo es que al proyecto se le aplique el trámite abreviado que contempla el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, porque siempre es posible que un diputado lo pueda bloquear, añadió.

Cabe señalar que históricamente en la Asamblea Legislativa han fracasado los megaproyectos fiscales de este tipo, porque presentan muchos flancos por donde diversos sectores los pueden atacar.

Tras la reunión con los representantes del Ejecutivo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, dijo que las bancadas escucharon la propuesta del Gobierno y que no hubo oposición a aplicarle la vía rápida, pero añadió que la oposición sigue a la espera de que el Ejecutivo envíe señales de austeridad para evaluar el inicio de la discusión de la reforma fiscal.

Señaló que la negociación podría hacerse con base en acuerdo nacional presentado a principios de la semana pasada al Parlamento, suscrito por la mayoría de los partidos políticos, en que estos se comprometieron a impulsar una reforma fiscal y aquellos que no estuvieron de acuerdo se comprometieron a no obstaculizarla.

Ya se abrió el canal para que el Ejecutivo y los diputados se hablen directamente y no por los medios de comunicación como ha sido hasta ahora, y “la intención de la Presidencia de la Asamblea es generar los espacios para que negociemos el tema fiscal de forma responsable por encima de los fuegos electorales”, aseguró Ramírez.


Paquete fiscal

El Gobierno convocó dentro de la agenda para sesiones extraordinarias una batería de proyectos de reforma fiscal que se añaden a otras leyes ya aprobadas por la Asamblea Legislativa como la Ley contra el fraude y el impuesto sobre sociedades anónimas.

La agenda pendiente incluye la Ley del impuesto sobre la renta, Ley del impuesto sobre el valor agregado, Ley de responsabilidad fiscal de la República (denominada regla fiscal), Ley de regímenes de exenciones y no sujeción del pago de tributos, su otorgamiento y control).

Asimismo, Ley para condicionar las exenciones, reducciones o beneficios tributarios al cumplimiento de las obligaciones en la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley para establecer el salario único al presidente, vicepresidente, diputados, directores y oficiales mayores, Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública, Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios y jerarcas públicos, y Reforma a la Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos.

Fuente: decreto de convocatoria de proyectos a sesiones extraordinarias.


 


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