Las declaraciones ofrecidas por el fiscal general Carlo Díaz a Radio Columbia, en el sentido de que el caso en contra del expresidente Carlos Alvarado y el exdiputado Víctor Morales debe pasar a vía ordinaria y con ello, devolverse a etapa de investigación, generó una enérgica respuesta de parte de la defensa de ambos exfuncionarios.
A la luz de que el trámite de la causa que había sido abierta por los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad, -a raíz de la gestión de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD)-, el Ministerio Público había tramitado a través de la Corte Suprema de Justicia que la Asamblea Legislativa levantara la inmunidad de ambos acusados, según corresponde por tratarse de miembros de los supremos poderes.
Esta nueva dirección tomada por el Ministerio Público implica evidentemente un atraso importante en la resolución del caso.
La defensa -constituida por los abogados Rodolfo Brenes y Roger Guevara-, mediante un comunicado consideró que las declaraciones del Fiscal General implican que “reconoció que la acusación que se presentó hace un año contra don Carlos Alvarado Quesada se hizo solo con el fin de levantarle el fuero de improcedibilidad penal” y por ello “sorprenden y preocupan profundamente”.
“Las palabras del Fiscal General claramente reflejan que no se acusó porque existiesen pruebas suficientes de que se habría cometido un delito, sino porque se quería someter a don Carlos al procedimiento de levantamiento del fuero ante la Asamblea Legislativa”, añaden lo abogados y califican ello como “una clarísima desnaturalización del derecho penal y la utilización del proceso como un mecanismo anticipado de sanción, lo que es contrario a los principios de un Estado democrático de Derecho. Esto es gravísimo y como tal debe denunciarse”.
La defensa de esa manera alega que “como la Fiscalía fracasó en ese objetivo”, pretende “hacer de nuevo” la acusación, bajo el citado argumento de que «como don Carlos antes era Presidente de la República y ya no lo es, entonces debe o puede modificarse la pieza acusatoria. Eso es absolutamente ilegal, incorrecto y falso».
Brenes y Guevara enfatizaron que los hechos considerados en la acusación “no cambian porque el acusado haya dejado de ser funcionario público con fuero especial, o porque se le juzgue por un proceso distinto”.
Añadieron que “maniobras jurídicas indebidas como la anunciada de hacer acusaciones “nuevas” que no proceden, le hacen daño a la institucionalidad democrática, no solo al acusado. Por eso no deben permitirse ni tolerarse y debe prevalecer la legalidad de los procedimientos”.
Borrón y cuenta nueva
Por otra parte, a través de la oficina de prensa del Ministerio Público, Díaz explicó que “de acuerdo con lo establecido por ley para la atención de casos bajo el procedimiento especial, hay algunas diferencias respecto al proceso normal ordinario, como, por ejemplo, que el Ministerio Público no tiene la posibilidad de tomar declaraciones indagatorias a personas con inmunidad”.
Indicó que fue por esta razón que en febrero del 2022 -cuando Alvarado y Morales aún estaban en funciones- que la causa se trasladó con acusación a la Sala III, “donde debía realizarse el trámite correspondiente”.
“Sin embargo, una vez que estas personas dejaron de ocupar sus puestos, lo que correspondió fue continuar el trámite del caso por la vía ordinaria, donde la Fiscalía sí tiene la posibilidad de tomar declaraciones indagatorias a las personas investigadas”, indicó como justificación a su decisión.
Así, se trasladó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde se debe continuar con las diligencias que correspondan, según dicha vía ordinaria. “Nos encontramos a la espera de la confirmación de los delitos”, acotó.
