La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) reclamaron este miércoles a la Asamblea Legislativa que se mantenga a las universidades estatales dentro de la Ley de Empleo Público.
El reclamo se da luego de que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa aprobara el martes una moción que reconoce los estatutos internos de las universidades públicas como los que regirán en materia de empleo en estas instituciones.
Desde Uccaep afirmaron, mediante un comunicado de prensa, que dicha moción es una «excepción solapada» para los funcionarios de las universidades públicas, por lo que consideran que «es contradictoria con respecto al salario global».
«Se crea una especie de ‘subsistema’ que les otorga a las autoridades universitarias condiciones para generar diferencias a su favor, excluyendo el planteamiento técnico del Servicio Civil. Es decir, con la moción aprobada se permitirá una odiosa desigualdad que en lo absoluto contribuye al espíritu de la ley que es ordenar el esquema laboral en el sector público», establece la comunicación.
La CICR apoyó lo dicho por Uccaep y agregó que es necesario aclarar el tema de la autonomía universitaria ya que, consideran, se usa a conveniencia de los centros superiores de estudio.
«Dicha condición no puede utilizarse en función de las circunstancias o afectación personal de algunos funcionarios de las universidades, pues no es posible que el país tenga que aceptar la autodefinición de elevados salarios, pensiones y privilegios que superan toda posibilidad para los contribuyentes, en detrimento de poder destinar más recursos a becas, laboratorios, infraestructura adecuada, y sobre todo más cupos para los jóvenes que desean y requieren una educación superior de calidad», señalaron los industriales en un comunicado de prensa.
Por su parte, Cacia indicó que la Ley de Empleo Público quiere «poner en orden las brechas salariales del Estado» y apuntó a las universidades estatales como las mayores responsables de las diferencias.
«Con el inicio de un proceso de exclusiones de instituciones del Estado de la Ley de Empleo Público, siendo las universidades las entidades que más agravan la situación que se deseaba arreglar, nos encontramos frente al inminente desmantelamiento del espíritu original de la Ley, motivo por el cual, no debemos olvidar ahora de lo poco que el país iba a avanzar en materia de reforma del Estado», declaró el presidente de Cacia, Maurizio Musmanni, en un comunicado de prensa.
Desde Uccaep y CICR señalaron también que «la Ley de Empleo Público es crucial para el acuerdo técnico con el FMI», por lo que externaron su preocupación de que, en caso de no aprobarse «se le enviaría una muy mala señal a los inversionistas y pone en riesgo
el acuerdo con el Fondo comprometiendo el futuro del país».
En declaraciones a UNIVERSIDAD, después de la sesión donde se aprobaron las mociones relativas a las universidades estatales, la diputada liberacionista Karine Niño aseguró que los centros superiores de estudio mantendrán su autonomía en cuanto a evaluaciones de profesores, cursos, despidos, procedimientos y contrataciones de docentes, sin quedar excluidas del tema salarial.
Diputada Karine Niño: «En ningún momento excluye a las universidades estatales; eso es totalmente falso”
La diputada Paola Vega indicó que la Comisión legislativa verá una lista de mociones que se consensuaron entre varios diputados para salvaguardar la autonomía, por lo que lo aprobado hoy no puede verse de forma individual.
