El momento vuelve a enfrentar los derechos humanos con la legalidad y el conservadurismo en Costa Rica. La garantía de acceso al aborto terapéutico y la posibilidad de matrimonio entre parejas del mismo sexo escalan en este mes a instancias que podrían decidir su futuro de manera definitiva para la población.
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En caminos, procedimientos y etapas muy distintas, los activistas del aborto terapéutico y del matrimonio igualitario intentan sobreponerse a las posiciones conservadoras–fortalecidas después de la última campaña electoral– y a los cálculos políticos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, frente a un momento histórico para evitar las discriminaciones desde el Estado.
El último anuncio de la Sala Constitucional elevó el estado de alerta. En una práctica inusual, este 18 de julio (en momentos de la mayor crisis de la cúpula del Poder Judicial) el alto tribunal publicó que antes del 15 de agosto se pronunciará sobre la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.
Al margen del aviso extraño, esta decisión judicial podría cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicado en enero pasado, en la opinión consultiva que alteró el curso de la competencia electoral en la que triunfó Carlos Alvarado. O podría no cumplirlo y lanzar así un desafío al sistema internacional del cual se precia ser defensor.
El gobierno de Carlos Alvarado llegará a 100 días ese mismo 15 de agosto, habiendo conocido si al fin será legal en Costa Rica el matrimonio igualitario, al cual se oponían en marzo dos tercios de la población (encuesta CIEP-UCR).
Nadie se atreve a dar un pronóstico certero sobre la decisión que tomará el alto tribunal integrado por jueces en su mayoría conservadores y sometidos a la presión del momento en la cúpula judicial.
Los activistas pro derechos LGTBI, sin embargo, se aferran a los antecedentes de la Sala en los cuales reafirma su sujeción a la Corte Interamericana.
Alvarado cumplirá también sus 100 días bajo el cuestionamiento de un sector de la población por relegar el cumplimiento de su promesa de reglamentar el aborto terapéutico contenido en el Código Penal. Debido que hasta ahora muchas mujeres no pueden acceder a esa opción legal y ponen en riesgo su vida y su salud.
Esto ha provocado la reactivación de las denuncias que se tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de “Aurora” y “A.N.”.
Estos son los seudónimos de las dos mujeres que, habiendo sufrido embarazos traumáticos por el rechazo del Estado a interrumpirlos, llevan adelante los procesos legales después de que el gobierno anterior y el actual han evitado emitir el reglamento o el protocolo necesario.
Alvarado se ha negado hasta ahora a cumplir lo que dijo a UNIVERSIDAD en noviembre, consultado por el aborto terapéutico:
“No propongo cambos en la ley, pero sí que se implemente un protocolo para hacer cumplir lo que está vigente en la ley desde 1971”, expresó cuando era el único candidato que las encuestas colocaban con opción de triunfo y que se apartaba de las líneas conservadoras de inspiración religiosa.
Sin embargo, estaba lejos de ser una prioridad para Alvarado. Lo dijo él mismo en una rueda de prensa, cuando con tono de enojo aseguró que hay otras tareas prioritarias (fiscal, seguridad) y que algunas personas solo exaltaban la del “aborto” para llamar la atención.
Después, su esposa, Claudia Dobles, dijo en redes sociales que su marido es un hombre de palabra y que tarde o temprano cumplirá.
Por eso la pregunta que después hizo la periodista María Fernanda Cruz del periódico La Voz de Guanacaste al mandatario, en una entrevista que en el papel no resultaría incómoda para él. Ella le preguntó que cuándo emitiría la reglamentación para la ley y el trozo de diálogo resultó viral.
– Yo tengo un compromiso planteado en el Plan de Gobierno y en mi acuerdo con Rodolfo Piza (actual ministro de la Presidencia) en materia de la norma terapéutica.
– ¿Para cuándo podría esperarlo la gente?
– Para cuando yo determine que sea un buen momento.
– ¿Un buen momento político?
– Para cuando yo determine que sea un buen momento.
La pregunta sobre el “momento político” tiene sentido. Alude al supuesto condicionamiento que algunos diputados conservadores (no solo del evangélico Restauración Nacional) han establecido a cambio de apoyar el plan fiscal con el cual el Ejecutivo pretende contener una crisis financiera considerada inminente.
Sin embargo, ni siquiera hay garantías de que ese supuesto canje funcione para concretar el acuerdo fiscal, sujeto a muchas variables políticas adicionales.
Por si acaso, un grupo de legisladores han desplegado una serie de manifestaciones en contra del aborto en general, como reacción a la exacerbación de un sector feminista en la misma dirección de movimientos en otros países, como en Argentina.
Este mismo lunes 42 legisladores firmaron el apoyo a un proyecto de reforma constitucional para que se garantice un postulado de la causa antiaborto: “La vida humana es inviolable desde la fecundación”.
Esta iniciativa de la mayoría de diputados (incluidos los oficialistas Wélmer Ramos y Ramón Carranza) desafía incluso lo establecido en la sentencia del 2012 de la Corte IDH sobre Fecundación in Vitro (FIV).
Este parece ser el camino obligatorio de las nuevas reivindicaciones en derechos humanos: la Corte Interamericana. Es también uno de los puntos que consideran favorables los activistas y sectores afines, como el comisionado del Gobierno para asuntos de la población LGTBI, Luis Salazar.
“Tenemos la expectativa de que se cumplirá el Derecho Internacional y en concreto la Convención Americana de Derechos Humanos ya interpretada por la Corte IDA a la cual este país se ha sujetado. La expectativa es que los magistrados de la Sala Constitucional puedan establecer que el artículo 14.6 del Código Familia, planteado así, es discriminatorio”, comentó Salazar.
El comisionado cree que “este es el momento justo”, después de la campaña electoral y del pronunciamiento de la Corte IDH, y a pesar de las tensiones de los magistrados por los cuestionamientos a algunos de ellos relacionados con el
“cementazo”.
Análisis basados en el Censo 2011 indican que en Costa Rica había en ese año más de mil familias homoparentales (encabezadas por parejas del mismo sexo), pero no hay cálculos precisos sobre la población homosexual que podría acceder al matrimonio en caso de que se permitiera.
Más allá de las garantías patrimoniales, la legalización del matrimonio igualitario daría reconocimiento a los hijos de estas parejas, que en estos momentos solo pueden ser inscritos por uno de sus padres o madres.
