Ante la urgencia de abrir más espacios en los hospitales públicos ante el colapso provocado por el alza en los contagios de COVID-19, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) trasladará a algunos pacientes que no padezcan este coronavirus a centros médicos privados.
El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que tras las coordinaciones se realizará el traslado de los primeros pacientes y que esto se hará en pacientes con padecimientos distintos al COVID-19.
De acuerdo con Salas, desde el año anterior se había emitido el decreto que habilita este tipo de traslados, pero se adaptó a las nuevas circunstancias, pues en septiembre lo que se había previsto eran traslados a unidades de cuidados intensivos (UCI).
Según los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, para este martes hay 1.423 personas hospitalizadas, del las cuales 47 en centros privados y 1.376 en el sistema público. 499 personas están en UCI y 924 en salón.
Como parte de la estrategia para intentar la liberación de más camas en los hospitales públicos, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, comentó que se está por concluir un convenio con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para que los pacientes que llegan al Hospital del Trauma por accidentes de tránsito, no sean trasladados a la Caja.
De igual manera, se está trasladando a los pacientes con condición menos grave a 17 Áreas de Salud que cuentan con alguna capacidad de internamiento, como apoyo a los principales centros hospitalarios del país.
Macaya comentó además que se ha recurrido al uso de Unidades Médicas Móviles, conocidas también como “Hospitales de Campaña”, para dividir mejor la atención de los pacientes con problemas respiratorios y atender a la población en generar. En estas instalaciones provisionales la Caja ha atendido a 106.784 pacientes.
La otra opción que encontró la CCSS para liberar espacios en los hospitales es el traslado de 60 pacientes que se han identificado como “abandonados” en los distintos centros médicos y que pese a no tener una condición grave, acumulan estancias de hasta 125 días.
Estas personas, de las cuales 40 presentan algún tipo de discapacidad y se tratan en su mayoría de adultos mayores, serían trasladados por seis meses a un albergue financiado por la CNE y con la coordinación del Consejo Nacional para el Adulto Mayor (Conapam).
Macaya también anunció que se establecerá un centro de llamadas para reforzar el trabajo de las áreas de salud y del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) en el seguimiento a las personas que se han detectado como contagiadas por COVID-19.
En el caso de los traslados a los centros privados, la Comisión Nacional de Emergencias determinará una “indemnización” por el uso de las camas que se pagará con dineros del Fondo Nacional de Emergencias.
