“La seguridad social nos está apercibiendo que adelantemos 15 años reformas que se preveían para el 2030, y lo están justificando en causas exógenas: crecimiento poblacional, crisis financiera mundial, pero nunca en una revisión exhaustiva de las responsabilidades administrativas y gerenciales de la gente que conduce la institución”.
“Cuando se nos dice que se va eliminar el retiro anticipado y debemos estar dispuestos a recibir menos pensión, pero pagar porque las cuentas no están cerrando, necesitamos saber por qué las cuentas no están cerrando”.
Con esta vehemencia por defender la institución de seguridad social, la socióloga Juliana Martínez y el economista de la Caja Daniel Muñoz comparecieron ante la Comisión de Ingreso y Gasto público de la Asamblea Legislativa, donde ventilaron una denuncia que involucra a 13 altos mandos de la CCSS y lleva casi cuatro años en el Ministerio Público sin que se conozcan avances en la investigación.
En el foro legislativo encontraron eco los cuestionamientos al Ministerio Público por la demora en resolver dicha denuncia presentada por Muñoz en el 2012, y a la CCSS por mantener en sus puestos a los funcionarios denunciados por graves hechos que abrían atizado la crisis financiera del Seguro de Enfermedad y Maternidad (Seguro de Salud).
Una crisis financiera que tuvo secuelas en la prestación de los servicios de salud que utiliza la población y también por la presunta contaminación de la crisis al seguro de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, el mayor fondo de pensiones del país, que cuenta con más de ¢1,2 billones.
Juliana Martínez –quien fue integrante de la Comisión de Notables que la presidenta Laura Chinchilla nombró para estudiar la situación de la Caja en el 2011– manifestó a los legisladores su asombro por que las autoridades de la Caja no hayan separado de sus cargos a los denunciados para investigarlos, sino que siguen ocupando altos puestos e incluso han sido promovidos en nuevos cargos como si no hubiera pasado nada.
El diputado Ottón Solís, miembro de la comisión legislativa, calificó de razonable esa preocupación.
El argumento de las autoridades institucionales ha sido que están atadas de manos porque las denuncias están en el Ministerio Público.
Utilizando el ejemplo que puso Martínez cuestionando esa posición, el diputado Solís le preguntó a la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, – en una comparecencia de esta la semana pasada – que si la muchacha que cuida su niño es denunciada de abuso de menores, ¿ella la dejaría al cuido del niño mientras el Ministerio Público determina si es culpable o no?
La respuesta de Sáenz fue que no podía responder la pregunta porque ella no tiene hijos.
La jerarca alegó que “hay 12 investigaciones en curso en diferentes niveles, que van desde compañeros de trabajo, jefes de dirección, gerentes, etc., cuidando este tema del debido proceso, que es la oportunidad que tiene el trabajador para ejercer su defensa”.
Por su parte, Martínez solicitó apoyo de los diputados para una solicitud dirigida al Fiscal General, Jorge Chavarría, solicitándole agilizar la investigación penal, para lo cual están recogiendo firmas por Internet.
Se cumplen casi cuatro años desde que la denuncia llegó a la Fiscalía, que reúne más de 1.500 páginas con relación de hechos y pruebas documentales sobre presuntas omisiones, incumplimiento de funciones y hasta posible dolo de gerentes y jefes de la CCSS.
Las acciones de estos funcionarios habrían llevado a que la junta directiva de la CCSS aprobara (en el periodo 2006 – 2010, bajo la presidencia ejecutiva de Eduardo Doryan), aumentos en remuneraciones al personal y otras decisiones tomadas sin el debido respaldo técnico.
Esto pese a que los estudios actuariales, conocidos por ellos, daban cuenta de la fragilidad financiera de la institución y hacían inviable tal incremento del gasto versus los ingresos.
Estas decisiones habrían contribuido a desencadenar la grave crisis de liquidez que experimentó el seguro de Salud.
Fue muy sencillo para las autoridades decir que era la recesión económica y no las medidas tomadas en ese momento las que habían conducido a la crisis, cuando según la denuncia penal estas parecen ser causa muy importante de por qué las cuentas no están cerrando, señaló Martínez.
Hay además otras causas, como no aumentar el salario base de cotización, o no reclamarle al Ministerio de Hacienda que le devuelva a la Caja el 8% del impuesto de la renta sobre el título valor que está vigente, y desde el 2006 la Caja decidió no reclamar.
Los señalamientos de Martínez y Muñoz impactaron a los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Algunos de ellos habían felicitado semanas atrás a la presidenta Ejecutiva y al gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado, que en una comparecencia dibujaron una situación positiva del Seguro de Salud.
“Estamos lejos de la crisis de liquidez del 2010 – 2011, pero estamos igualmente lejos de lograr la sostenibilidad financiera”, resumió en esa ocasión Sáenz. La jerarca tiene pendiente otra comparecencia para explicar la situación del seguro de pensiones.
“Las denuncias son muy serias, hay responsabilidades administrativas, civiles y penales” por dilucidar, señaló el diputado Mario Redondo, presidente de la comisión legislativa, tras escuchar a Martínez, el pasado 4 de febrero, y a Muñoz, el 11de febrero.
“Hemos dirigido una nota respetuosa al Ministerio Público para que agilice las investigaciones que permitan concluir lo que respecta a la investigación de orden penal”, anunció.
Mientras tanto Roberto Mora -conocido como “el cobrador de la Caja” por su labor de denuncia de los patronos morosos con las cotizaciones para la seguridad social– expresó preocupación por la tardanza de la Fiscalía en resolver la denuncia presentada por Muñoz y la cual secunda.
Opinó que hay poderosos intereses económicos y políticos presionando para que la Fiscalía no toque el caso.
“De hecho no se está tocando, porque si lo estuvieran tocando en primer lugar ya hubieran hecho secuestro de documentos en la Caja, y en segundo lugar, por la gravedad de los hechos, deberían tener a más de uno en la cárcel”, afirmó.
El Fiscal General, Jorge Chavarría, negó veracidad a versiones que afirman que la Fiscalía tiene “congeladas” las investigaciones de los casos de la Caja y la trocha fronteriza, otro escándalo que conmovió a la opinión pública en el 2012 por la magnitud de los recursos públicos supuestamente malversados.
“Se está trabajando, usted me está hablando de rumores infundados”, dijo Chavarría ante una consulta de UNIVERSIDAD (ver recuadro).Explicó que en el asunto de la Caja están a la espera de un informe que está preparando la Contraloría General de la República (CGR), porque por tratarse de materia actuarial se necesita un auditoraje técnico, para poder fundamentar el análisis jurídico y probar si es cierto o no el maquillaje de informes que se está denunciando.
Sin embargo, la CGR no cuenta con actuarios entre su personal. Ante una consulta de UNIVERSIDAD, la oficina de prensa respondió que lo que hace la CGR es coordinar sus criterios con las entidades especializadas que sí los tienen, por ejemplo la Superintendencia de Pensiones (Supén) como se hizo recientemente en estudios de la CCSS, pero nunca emite criterio que no haya consultado con las entidades especializadas que sí disponen del recurso.
INSOSTENIBLES
Juliana Martínez expuso a los legisladores que cuando funcionó la Comisión de Notables creían que la situación financiera de la Caja se debía a factores externos, pero no sabían que había personas que habían agotado todas las instancias internas denunciando irregularidades sin que se les atendiera.
Martínez insistió que una cosa es la responsabilidad penal que pueda haber en las 13 personas denunciadas -seis de las cuales la comisión legislativa que investigó estos temas en el 2012 dijo que había que separarlas del cargo- , y otra cosa es responsabilidad laboral y administrativa.
En este caso se trata de 13 personas de la institución que están siendo acusadas de algo directamente relacionado con su quehacer. No parece razonable que las autoridades digan que están atadas de manos porque el asunto está en el Ministerio Público, y mientras tanto muchas de esas personas fueron nombradas en puestos con atestados que debieron tener en su legajo las acusaciones penales, apuntó.
Por su parte, el denunciante Daniel Muñoz, economista con 27 años en la Caja y 11 años como jefe del área de investigación económica de la dirección actuarial, afirmó que fue testigo de actuaciones de altos jerarcas de la institución que habrían menoscabado seriamente la sostenibilidad de los seguros de Salud y de Pensiones.
Muñoz denunció estos hechos en mayo del 2012 ante la Fiscalía General y otros entes de control, después de agotar todas las instancias internas de la Caja, las cuales “en lugar de adoptar medidas correctivas optaron por bloquearme laboralmente”, dijo.
Según su análisis, la causa principal de la crisis financiera del Seguro de Salud a partir del 2010 fue el desmesurado incremento del gasto, como resultado de la aprobación por parte de la junta directiva, de cuantiosas revaloraciones a los salarios, anualidades de los funcionarios, rompimiento gradual del tope de cesantía de 12 a 20 años y el incremento de plazas.
Esto se hizo en el periodo 2006 – 2010 sin suficientes criterios legales, actuariales, económicos, financieros y presupuestarios que garantizaran el equilibrio a corto plazo y la sostenibilidad financiera a largo plazo, con información fraudulenta provista por jerarcas institucionales, quienes conocían los estudios actuariales que indicaban la fragilidad financiera de la institución y la inviabilidad de la política salarial que se estaba aprobando.
Estudio en camino
El fiscal general, Jorge Chavarría, afirmó que la investigación de la denuncia sobre la Caja y el caso de la trocha fronteriza están avanzando en el Ministerio Público.
El de la trocha “es un caso que va para juicio pero lleva su tiempo, yo no estoy para charlatanerías. Hay un montón de empresarios que se coludieron con funcionarios, es una investigación muy compleja que requiere una investigación compleja. Lo que le puedo decir es que está avanzando y avanzando bien”, dijo.
En el caso de la Caja relató que “estamos esperando que la Contraloría General de la República (CGR) termine un estudio que, según nos dijeron, en estos días termina y nos lo va a pasar. A partir de ese estudio, que es un estudio objetivo, entraremos a analizar la veracidad de las afirmaciones que se han hecho. Nos parece que el hecho es sumamente grave, que no puede quedar impune”.
Agregó que “como funcionarios encargados de velar por la corrección en el ejercicio de la función pública, estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, pero es un aspecto muy técnico, estamos hablando de un estudio actuarial, requiere análisis de los auditores que tienen una formación equivalente, y con base en lo que nos informe la CGR estaremos procediendo”.
Chavarría asegura que están tratando de determinar si se presentó un informe maquillado a la junta directiva de la Caja y para eso se ha entrevistado a personas y el Organismo de Investigación Judicial ha intervenido.
Pero insistió que para la interpretación jurídica requiere de la interpretación técnica que hagan los auditores y los peritos externos.
“El peor error que yo pueda hacer en este momento es seguir la opinión popular y decir me voy con el dicho de él, porque no voy a poder demostrar con un perito tercero que lo que él dice es la verdad”, remarcó.
