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Caja cobra a integrante de junta directiva ¢132 millones por supuestas subdeclaraciones como trabajador independiente

Adrián Torrealba declaró a UNIVERSIDAD que, legalmente, esa deuda no existe y por eso está ejerciendo su derecho a la legítima defensa contra las ilegalidades que comete la Caja.

El abogado Adrián Torrealba Navas, miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), interpuso nuevamente una acción de inconstitucionalidad contra la Caja después de que la institución le cobrara ¢132.692.593 por supuestas omisiones y subdeclaraciones como trabajador independiente.

Torrealba, quien fue director de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda entre julio del 2000 y junio del 2003, es el representante de los patronos en la junta directiva de la Caja, por parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

El abogado aseguró a UNIVERSIDAD que, legalmente, esa deuda no existe y por eso está ejerciendo su derecho a la legítima defensa contra las ilegalidades que comete la Caja.

En junio de 2019 Torrealba interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del Reglamento para Verificar el cumplimiento de obligaciones patronales y de trabajadores independientes emitido por la junta directiva de la CCSS, así como los apartados dos y tres del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja.

Este  Reglamento regula el procedimiento para verificar que los patronos y trabajadores independientes cumplen con el correcto aseguramiento y reporte a la Caja del total de sus remuneraciones e ingresos en lo que respecta a la Caja, al Fondo de Capitalización Laboral y al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.

El 25 de mayo de este año, la acción fue declarada inadmisible por la Sala Constitucional, según consta en la resolución 2022011627. Sin embargo, Torrealba volvió a interponerla el pasado 26 de julio.

Según consta en la más reciente acción de inconstitucionalidad, el 18 de octubre de 2019, Torrealba fue notificado del Informe de Inspección 1245-2745-2019-I, en el que la Caja le cobraba una factura por ¢112.910.038 por supuestas omisiones y subdeclaraciones entre octubre de 2006 y setiembre de 2009 y entre octubre de 2020 y setiembre de 2018.

Torrealba interpuso un recurso de revocatoria, el cual no fue admitido; y un recurso de “apelación en subsidio”, que está pendiente de resolver por la Gerencia Financiera de la CCSS, según el documento.

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2021 Torrealba fue notificado del Informe de Inspección 1246-2484-2020-I, en el que la Caja le hizo una factura adicional por ¢19.782.555 por trabajador independiente para el periodo 2019.

El abogado interpuso otro recurso de revocatoria y de apelación, el cual fue admitido para estudio y está pendiente de resolución.

Consultado por UNIVERSIDAD, Torrealba explicó que se trata de “un procedimiento administrativo en que como a muchos (trabajadores) independientes la Caja comete una enorme cantidad de ilegalidades, ademas de temas de constitucionalidad”.

“Para empezar yo he pagado lo que por años, mes a mes, la Caja me ha cobrado y contra sus propios actos pretende cobrar 15 años para atrás, usando ahora declaraciones de renta a las que siempre tuvo acceso y no usó sino hasta ahora, sin prescripción, aplicando la ilegal tarifa del 18%, lo cual viola los artículos 3 y 23 de la Ley Constitutiva”, señaló el abogado.

“Por lo tanto, esa deuda legalmente no existe y por ello ejerzo mi derecho a la legítima defensa contra esas ilegalidades”, enfatizó.

Hasta la fecha la Sala Constitucional aún no ha resuelto si admite la acción de inconstitucionalidad para estudio.

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