País Estudio de Contraloría General

Caja carece de estrategia de sostenibilidad financiera en seguros de salud y pensiones

Debilidades en presentación de estados financieros impiden valorar sostenibilidad de ambos regímenes. Deuda estatal con seguro de salud crece a más de ¢900.000 millones, equivalentes a un tercio de los activos totales.

Carencias vinculadas a la confiabilidad de la información financiera que mantiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impidieron a la Contraloría General de la República (CGR) emitir conclusiones sobre la sostenibilidad del Seguro de Salud (SEM) y el Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Así lo indicó el órgano contralor en sendos informes (DFOE-SOC-IF-00010-2018 y DFOE-SOC-IF-00014-2018) emitidos el pasado mes de setiembre, tras una auditoría en que revisó la información financiero-contable mostrada en los estados financieros, los registros contables y presupuestarios y la implementación del marco contable que corresponde a la institución.

Entre las deficiencias encontradas, el órgano contralor enumera algunas diferencias no conciliadas en los registros contables y los registros presupuestarios de la Caja, debilidades en la presentación, contenido y utilización oportuna de la valuación actuarial del SEM, instrumento vital para la toma de decisiones de las autoridades en orden a la sostenibilidad financiera del seguro.

La CCSS es una entidad de rango constitucional, dirigida por una Junta Directiva responsable del gobierno y administración del SEM y el IVM, con un presupuesto de ¢3,4 billones entre ambos regímenes, cuya gestión impacta prácticamente a toda la población costarricense.

La institución cuenta con 2,8 millones de personas afiliadas y 1,5 de cotizantes activas. De ahí la relevancia de la confiabilidad de la información financiera que sustenta la toma de decisiones por parte de los jerarcas.

La CGR encontró, sin embargo, que existen diferencias sin conciliar entre los registros contables y los registros presupuestarios de la Caja.

Así, para los años 2013, 2014 y 2015, las diferencias fueron de ¢7.351 millones, ¢13.059 millones y ¢23.220 millones menos en los registros contables con respecto a la liquidación presupuestaria.

Por el contrario, para los años 2016 y 2017 las diferencias llegaron a ¢18.215 millones y ¢9.670 millones de más en los registros contables al compararlos con los presupuestarios.

No se halló evidencia de que esas diferencias hayan sido identificadas y mostradas como tales mediante una conciliación contable presupuestaria, como lo exigen las normas técnicas y las buenas prácticas profesionales, señaló la CGR.

Además, detectó situaciones que vulneran la confiabilidad en los saldos que muestran varias cuentas de los estados financieros del SEM y el IVM.

Por ejemplo, en el SEM existen saldos considerados inusuales (sobregiros en cuentas bancarias) y otros que no presentan movimientos en el tiempo, en cuentas de efectivo (cuentas bancarias), inventario de suministros y en la cuenta de obras en proceso.

La CGR halló, por otro lado, que la CCSS no ha cumplido con el calendario de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público Costarricense (NICSPcr), proceso acordado por la Junta Directiva hace ocho años y que según el cronograma deberá estar terminado en el 2022.

La Contraloría llama la atención también sobre un incumplimiento de las normas técnicas de presupuesto relativas a la presentación de los informes de atestiguamiento (opinión de auditor externo sobre la calidad y razonabilidad de la información) relacionados con las liquidaciones presupuestarias de la Caja.

Determinó que para los años 2015, 2016 y 2017 no se han elaborado los informes de atestiguamiento, y el correspondiente al año 2014 se presentó hasta el 25 de agosto de 2017, y a la fecha no había sido remitido para aprobación de Junta Directiva.

Otro señalamiento apunta a la existencia de limitaciones sobre las labores de supervisión que la Superintendencia de Pensiones (Supen) ejerce sobre el IVM.

Además, menciona falta de oportunidad por parte de la administración de la CCSS en el acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones y observaciones emitidas por la Superintendencia.

Tras estas y otras llamadas de atención, la CGR concluye que la CCSS no dispone de una política y estrategia de sostenibilidad financiera formalmente aprobada por la Junta Directiva, tanto para el SEM como el IVM.

Añade que estas debilidades limitan el análisis sobre la sostenibilidad financiera de los regímenes de Salud y de Pensiones, tanto por parte de las autoridades de la Caja como de entidades de control externo.

Las indicaciones de la CGR para los jerarcas de la Caja incluyen la elaboración de acciones concretas en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para la suscripción de convenios que respalden las deudas del Estado con el IVM, y la implementación de políticas y sus respectivas acciones estratégicas para la sostenibilidad financiera del SEM y del IVM.

RELEVANCIA

Durante el 2010 y 2011 la CCSS experimentó dificultades financieras que pusieron en riesgo la sostenibilidad del SEM, motivo por el cual la Junta Directiva comisionó a un equipo de especialistas para efectuar un análisis de la situación y plantear recomendaciones.

El grupo de expertos emitió su informe en setiembre del 2011 con un total de 91 recomendaciones para restablecer la sostenibilidad financiera del citado seguro. En el 2012 una auditoría la CGR determinó que el 31% de las recomendaciones habían sido presentadas a la Junta Directiva para su resolución, 66% estaban en trámite de resolución y un 3% fueron desechadas por inviables.

En cuanto al IVM, a finales del 2016 una auditoría elaborada por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica señaló la insostenibilidad financiera de dicho régimen y la necesidad de la toma de decisiones urgentes por parte de las autoridades de la CCSS.

Dado el tiempo transcurrido desde la emisión de esos informes, la CGR consideró relevante realizar una auditoría especial sobre la sostenibilidad financiera de los seguros SEM e IVM. Sin embargo, las deficiencias halladas en la información financiera, presupuestaria y actuarial de la Caja le impidieron llegar a conclusiones sobre la sostenibilidad de ambos regímenes, indicó el órgano contralor.

La CGR encontró debilidades vinculadas a la confiabilidad de la información financiera de la CCSS, en aspectos tales como la información financiero-contable mostrada en los Estados Financieros, la congruencia entre los registros contables y los registros presupuestarios, la presentación de informes de atestiguamiento en las liquidaciones presupuestarias.

Como parte del estudio, la CGR determinó que en los estados financieros existe una deuda estatal a largo plazo con el SEM, que se incrementó contínuamente en el periodo 2011-2015, y pasó de ¢261.559 millones en diciembre de 2011 a ¢858.052 millones en diciembre de 2015. En el 2016 el saldo experimentó una baja a ¢670.116 millones, pero a diciembre de 2017 se incrementó a ¢694.622 millones.

Además, en los estados financieros de la CCSS existe una cuenta por cobrar de deuda estatal a corto plazo, que a diciembre de 2017 ascendía a ¢222.161,40 millones. Esto implica que la deuda total del Estado con el SEM totaliza ¢916.783,59 millones (equivalente a 32,09% de los activos totales).

Por otra parte, la CGR encontró una serie de debilidades ligadas a la presentación y utilización oportuna de la valuación actuarial del SEM por parte de la Junta Directiva.

Determinó, por ejemplo, que la valuación actuarial con corte a diciembre de 2015 fue oficializada por la Junta Directiva de la CCSS hasta el mes de julio de 2018.

Además, halló deficiencias en la elaboración y contenido de dicha valuación, en cuanto carece de un análisis de riesgos completo. Hay variables de análisis ligadas a la sostenibilidad financiera que no están incorporadas en dichos análisis, tales como los costos de los beneficiarios indirectos, impacto de los desastres naturales o epidemias, el efecto del cambio tecnológico y los cambios en el mercado laboral, señaló la CGR entre otras deficiencias

La CGR puso en conocimiento de las altas autoridades de la Caja las carencias encontradas y giró instrucciones para que sean subsanadas, a fin de allanar el camino para futuras valoraciones que se realicen sobre la sostenibilidad financiera del SEM y el IVM.

Se consultó la posición oficial de la Caja sobre las críticas vertidas en los informes de la Contraloría sobre la confiabilidad de la información financiera suministrada por la institución, pero al cierre de edición no había llegado la contestación

Según informó el órgano contralor, los resultados de la auditoría fueron expuestos de manera verbal y por escrito el 21 y 25 de agosto último al presidente ejecutivo Román Macaya y otros miembros del cuerpo gerencial y la auditoría interna de la Caja.

El 29 de agosto Macaya remitió un oficio con observaciones al documento, las cuales se analizaron junto con otras sugerencias y se incorporaron en lo pertinente, indicó la CGR.





Ir al contenido