Análisis de la Cepal

Búsqueda del lucro deteriora los sistemas de pensiones

En Chile, entre el 71% y el 75% de las personas de 65 años que están pensionadas, siguen trabajando por un ingreso.

Ocurre principalmente con los sistemas de pensiones de Chile y Colombia, pero la búsqueda del lucro por parte de las administradoras privadas, unido al retiro del Estado en este tema, pone en riesgo a los cotizantes a cambio de importantes ganancias financieras para esa ‘industria’.

Juliana Martínez: “El sistema tico no ha fracasado”.

Esta es una de las alertas que plantea el recién publicado documento “Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo”, realizado por la investigadora costarricense radicada en Chile, Ana Sojo, para la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

En el caso chileno, el problema comenzó por la falta de legitimidad social con que se impuso el sistema privado de pensiones, pues fue creado bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Se trata de un modelo dual “articulado por el lucro” –dice el estudio-, según el cual “las contribuciones obligatorias al sistema de capitalización individual se han traducido en pensiones con bajas tasas de reemplazo y en pingües ganancias de las administradoras de pensiones y de las empresas conexas”.

Así, la rentabilidad sobre el patrimonio medio del 25,4% que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas alcanzaron en el período 2006-2015 “fue 4,8 veces superior al 5,3% que seria justificable por su exposición al riesgo de mercado. Se estima que de los $4.400 millones obtenidos por la industria en la última década, cerca de $3.500 millones corresponderían a una ganancia excesiva”.

La investigación afirma que la equidad en los sistemas de protección social no está́ determinada por el carácter público o privado de las entidades que administran los sistemas de salud, de pensiones o de cuidado, pues la experiencia histórica de los países más desarrollados de Europa muestra una amplia gama de combinaciones público-privadas que son exitosas. Lo que hace la diferencia son “los principios y objetivos que articulan las combinaciones público-privadas dentro de los Estados de Bienestar”.

En el modelo pinochetista se partió del conocido discurso, fantasioso pero conveniente para quienes se dedican a maximizar las ganancias financieras, de que con la privatización del mercado de la administración de pensiones se beneficiarían los cotizantes, pues, en tanto ‘consumidores bien informados’ podrían escoger a la empresa que más conviniera a sus intereses.

Sin embargo, según el estudio, lo cierto fue que, al abandonar los principios de universalidad, solidaridad y equidad, los fondos quedaron en manos de expertos financistas, quienes sí manejan el conocimiento y los medios para maximizar su propia utilidad.

Para ello, las AFP ‘juegan’ con las tasas de reemplazo y con las comisiones que cobran en los distintos fondos. Además, son selectivas para buscar a quienes pueden hacer las mayores contribuciones, lo cual discrimina a quienes están en situaciones más informales o riesgosas, y a las mujeres.

“Más aún, el sistema no incentiva la eficiencia: las AFP obtienen una comisión fija y previsible, independiente del beneficio previsional que los cotizantes obtengan con su intermediación”, lo cual lleva a que el sistema chileno se caracterice por “el nivel extraordinario de las ganancias privadas dado que los riesgos recaen en los individuos, el descreme del mercado ante una desregulación o regulación endeble, y la instrumentalización de los pilares no contributivos en pensiones y salud”, explica Sojo.

Una encuesta, encargada por la Presidencia de la República en el 2015, puso en evidencia que “solo un 5% de los encuestados considera que las pensiones que entrega el sistema de AFP alcanzan a financiar un nivel de vida adecuado, mientras que un 71% de los pensionados dice que la pensión no le alcanza para satisfacer sus necesidades y un 66% cree que no va a llegar a tener una pensión acorde con sus expectativas”.

Hoy, el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet busca devolver el protagonismo al Estado en materia del diseño y regulación del mercado de pensiones, mediante dos tipos de propuestas.

Una, es crear una AFP estatal para aumentar la competencia con las privadas en cuanto a las comisiones que cobran y a la calidad del servicio que prestan, así como para aumentar la cobertura de la población en condiciones más precarias, como la que realiza trabajo independiente o vive en zonas geográficas más remotas.

Para eso, se introduce un aporte empresarial a las cotizaciones, el cual hoy no existe; se plantea la necesidad de reducir las comisiones de las AFP; y se proponen ajustes paramétricos por sexo.

La segunda propuesta es crear “un híbrido” que consista en un seguro social con capitalización individual para los sectores de mayores ingresos.

Para Sojo, es claro que, por encima de sus diferencias, tanto la primera como la segunda propuesta “incrementan los componentes solidarios”.

Costa Rica: negligencia y populismo

Tomando como referencia el estudio de Sojo, UNIVERSIDAD consultó a la socióloga Juliana Martínez, experta en el sistema de pensiones costarricense, acerca de los problemas que afronta el sistema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y sobre lo que se requiere para solucionarlos.

A diferencia del caso chileno, donde más bien se busca ahora retornar a los componentes solidarios, “la encrucijada que enfrenta Costa Rica en materia de pensiones se inserta más bien en un debilitamiento del sistema solidario”, afirmó.

Explicó que mientras las autoridades de la Caja afirman que las causas del problema son el envejecimiento y la informalidad de la población, los actores vinculados al sistema financiero privado apuntan contra lo que consideran que son las limitaciones del modelo solidario.

“Lo que está en juego aquí es un fondo equivalente a 7% del PIB o de ₵2.1 millones de millones. Pero se trata de un fondo que, aunque ha dejado de crecer, es enorme para el tamaño de la economía. Es, por lo tanto, un fondo que se encuentra lejos de estar quebrado”, agregó.

Surge, por eso, una tercera argumentación sobre las causas de la situación. “El sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la CCSS, “enfrenta hoy una crisis producto de populismo político y negligencia técnica”, dice Martínez.

Afirma que a ello contribuyeron “medidas popularmente atractivas en el corto plazo, pero sin viabilidad en el mediano y largo plazo, bajo la administración Arias. Producto de estas medidas populistas y de la negligencia técnica, en particular de la Dirección Actuarial, que avaló todos estos cambios, se adelantó en 36 años la necesidad de aplicar los cambios técnicos que atendió la reforma del sistema realizada en 2005.

Como resultado de ambos factores se perdió al menos un 25% de las reservas del fondo de IVM, equivalente a ₵2.2 millones de millones.

Martínez afirmó que lo anterior comenzó ante la crisis internacional del 2007, por lo cual los efectos de esta, así como el envejecimiento de la población y el aumento del empleo informal –que no genera cotizaciones al IVM– operan de manera gradual como telón de fondo.

“Pero es a partir del 2007 que los ingresos del régimen caen y los egresos se disparan por los dos factores mencionados. Es decir, que no existe un fracaso de modelo solidario”, enfatizó (ver el gráfico “IVM. Saldo de contribuciones/pago de pensiones. 1992-2016).

Añadió que la resolución de esta crisis pasa por “definir fuentes de ingresos que le devuelvan al IVM las pérdidas ocasionadas por la combinación de negligencia y populismo. Luego, y solo luego, podría ser necesario discutir los cambios paramétricos que lleven al fondo más allá del punto de partida en que lo dejaron”.

Finalmente, llamó la atención sobre el hecho de que “Costa Rica es el único país de la región que llega a este momento con un régimen colectivo en el que hay contribuciones, hay pago de pensiones y hay una reserva. Todos los demás regímenes colectivos se convirtieron desde muy temprano en regímenes de reparto en los cuales todos los aportes iban a pagar pensiones. Esos fueron los sistemas que quebraron. Y ese es el reto del IVM: que no devenga en un sistema de reparto”.

Por eso es tan importante comprender que el deterioro del sistema universal y solidario de pensiones tico no es intrínseco a su diseño y que debe ser revitalizado, concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

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