El director de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), José Rafael Brenes, insiste en que su representada no recibiría prácticamente ningún beneficio monetario si la Asamblea Legislativa aprueba la exoneración del impuesto a las ganancias de capital sobre las inversiones que se transen en una bolsa regulada, la cual, en los hechos, es la BNV.
Quién sí se vería favorecida, afirma, es la hacienda pública, pues entre el 80% y el 95% de los valores que allí se negocian son títulos de deuda interna del sector público, adquiridos por los fondos de pensiones, los fondos de inversiones y las compañías de seguros.
Para Brenes, el objetivo principal de establecer la exención en el proyecto de reforma fiscal es concentrar inversiones y de este modo hacer más transparente la formación de los precios de los títulos valores, pues, en su criterio, a ello no contribuyen las inversiones individuales “en ventanilla”, como se da cuando una persona invierte en un certificado a plazo fijo en un banco, por ejemplo.
Lo cierto es que la discusión sobre la forma como se manejan las operaciones de deuda pública y quiénes se benefician de ella continúa. De seguido, la entrevista.
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La Bolsa opera para la industria; entonces, en realidad no es una entidad que tiene como fin primordial obtener utilidades. De hecho, hay una política de reducción de comisiones para no tener ingresos en los años en que el volumen (de transacciones) aumenta.
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Entiendo que la Bolsa no se beneficia si se exonera el impuesto a las ganancias de capital, pero ustedes obtienen comisiones de corretaje por el servicio de intermediación que ofrecen, ¿verdad?
–Sí. Imagínese que nosotros cobramos 0, 006% más o menos, de lo que se negocia. La Bolsa opera para la industria; entonces, en realidad no es una entidad que tiene como fin primordial obtener utilidades. De hecho, hay una política de reducción de comisiones para no tener ingresos en los años en que el volumen (de transacciones) aumenta.
Así que, por así decirlo, es una empresa de infraestructura de servicio para el mercado de capitales.
Pero, frente a la posibilidad de desarrollo de opciones como, por ejemplo, Tesoro Directo, del Ministerio de Hacienda, o Central Directo, del Banco Central de Costa Rica, esta exención, ¿les daría a ustedes una ventaja en términos microeconómicos, de organización industrial? Porque por una ley o una regulación, al estar exonerada solamente la Bolsa, esas otras opciones no serían competitivas
–Primero, es importante aclarar que la exoneración no está planteada para la Bolsa. Está planteada para los mercados organizados que son sujetos de supervisión. La diferencia entre los productos que usted menciona y los que se negocien por medio de los mercados organizados de valores es precisamente la diferencia que se busca premiar. Porque estos productos de ventanilla son títulos individuales, como un certificado a plazos de un banco, que no permiten generar una adecuada interacción entre la masa de inversionistas y, en este caso, del emisor, el Ministerio de Hacienda, con el propósito de fijar un adecuado precio de mercado.
Lo que la política busca, precisamente, es explícitamente concentrar, dar un pequeño incentivo, –porque, realmente, el incentivo es muy pequeño– para que la gente prefiera ir a productos estandarizados que tienen un mercado secundario regulado frente a alternativas de depósitos individuales.
Esa es precisamente la propuesta. La mejor práctica internacional es que: “emita títulos que tengan grandes volúmenes en mercados transparentes que sean regulados, para garantizar que los precios que se le dan a los inversionistas sean los mejores y el que obtiene el emisor es el mejor, y generando información para que el resto de los activos financieros puedan tener un precio adecuado de referencia”.
Nada de eso se consigue en Tesoro Directo o en Central Directo. Por eso, precisamente, es que está el interés del Ministerio de Hacienda de generar condiciones para que la liquidez se concentre en mercados organizados.
Pensando en el argumento que ha planteado la coordinadora del equipo económico del Gobierno, la economista Edna Camacho, en el sentido de que el propósito de la recomendación de esta exoneración es bajarle costos a Hacienda en la captación de recursos, ¿no es más preciso exonerar únicamente a los títulos de Hacienda?
–Sí, por supuesto. Inclusive, me parece que Edna en algún momento lo mencionó, pero como el 95% del volumen que manejamos nosotros es de títulos del sector público, esa es la principal argumentación. Sin embargo, la otra justificante que, por lo menos para nosotros tiene sentido, es que cuando estos capitales todavía están en un estado incipiente, como es el caso de nosotros, el Estado busca crear mecanismos para favorecer que las compañías que tienen interés en financiar sus emprendimientos y principalmente emprendimientos innovadores, tengan alguna ventaja de hacerlo a través de oferta pública. Porque eso conlleva los beneficios no solamente de que contribuye a dar la oportunidad de participar a una masa más grande de ahorrantes, sino que, además, lo hace en condiciones de transparencia y cumplimiento de lo que son las mejores prácticas financieras, tributarias y de responsabilidad social empresarial.
Eso no tiene una consideración fiscal y el volumen o el costo fiscal que eso tiene para el Ministerio de Hacienda es realmente muy, muy, muy pequeñito. Pero, para el propósito del beneficio de la hacienda pública, eso que usted señala, efectivamente, es correcto, porque los otros títulos no los emite Hacienda.
Pero la justificación va por esa otra línea. Es algo que, como política pública, también vale la pena discutir.
Cuando ustedes dicen en un comunicado de prensa que aproximadamente el 80% de las inversiones en Bolsa son de los fondos de pensiones y de los fondos de inversiones, se refiere a que las pensiones se invierten en títulos del Gobierno, ¿verdad?
–El 95% de los bonos, desafortunadamente, porque a mí me gustaría que hubiera más emisores que no fueran el Gobierno, son emitidos por entidades del sector público. Esa es la realidad y son los títulos que tienen más presencia en el mercado y, en un contexto de un déficit fiscal como en el que estamos ahora, uno no pensaría que la situación fuera a cambiar.
Pero, ¿quiénes son los que compran esos títulos del Gobierno?
–Son inversionistas institucionales. Y principalmente compran títulos de Gobierno. Sí, compran algo de otros emisores, pero es que el 90%, el 95%, dependiendo de la situación coyuntural del mercado, son títulos de entidades públicas y los compran los bancos, las compañías de seguros y los fondos de pensiones.
¿Qué puede decir con respecto a comparar esta ventaja que tendrían las inversiones en la BNV versus las inversiones en el Banco Popular, las organizaciones solidaristas y las cooperativas?
–Usted acaba de mencionar entidades que tienen un incentivo mucho más grande, que es el de los intereses. Yo me tomé la molestia de hacer el cálculo de los últimos 18 meses y el costo de la exoneración del impuesto a las ganancias de capital hubiera sido cero, porque lo que ha habido ha sido pérdidas de capital. Y si uno se tira para atrás, todavía más tiempo… las ganancias de capital son las que efectivamente se negocian, cuando se venden antes de que los títulos venzan, y de la gran mayoría, muchos de esos valores se dejan hasta su madurez. Entonces, lo que uno anda buscando es: primero, que la gente pueda comprar y vender más, que tenga una posición más activa en el mercado para bajar precios; porque, en el fondo, el bien público que estamos tratando de cuidar es el de formación de precios. Y en mercados como el colombiano o el mexicano, la ley del Ministerio de Hacienda es que tienen que procurar que los títulos tengan liquidez y buena formación de precios para contribuir a que el resto de la economía tenga esas señales claras.
Eso es algo que no es una discusión fiscal. Eso hay que tenerlo claro, pero, además, tiene el beneficio de que le baja el costo de financiamiento al Ministerio de Hacienda. Entonces, la ganancia de capital, dependiendo del título, sería como de un 3% de un volumen, lo que se está exonerando sobre el saldo de la deuda total del Ministerio de Hacienda, que tiene un costo, en un año, como de $4 millones. Es realmente poco. Es simple y sencillamente dar un pequeño incentivo para que a la hora en que la gente tenga que escoger entre dos opciones muy similares escoja una que le da una pequeña ventaja, porque le da una ventaja muy importante al Ministerio de Hacienda.
Eso es todo, por eso yo pienso que al estar eliminándose la tasa preferencial que había, que es un incentivo muy fuerte, lo que se está señalando como un sustituto no tiene ninguna comparabilidad en cuanto a la proporción y, por lo tanto, me parece que si esto se toma de una forma seria y se hace análisis costo-beneficio, mucha gente va a estar de acuerdo en que vale la pena un incentivo estructurado de esta forma.
Porque, además, tiene la ventaja de que, cuando hay que pagarlo, es porque las tasas de interés del Ministerio de Hacienda bajan, entonces, el Gobierno va a tener menos necesidad de recursos; y cuando las tasas suben, no tiene ningún costo. Entonces, está bien diseñado el incentivo. Es más, vale la pena tener esta discusión desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista dogmático, porque, en un punto de vista dogmático es muy difícil entender qué es lo que le conviene realmente a la hacienda pública o no.
¿Y qué se debería hacer con el impuesto a los intereses de las inversiones en el Banco Popular, las asociaciones solidaristas y las cooperativas?
–Yo creo que si usted oye las justificaciones que han defendido ese tema, pues todo el mundo debería estar pagando lo mismo. Si suben el impuesto a todos, es a todos. ¿Qué tiene el Banco Popular de particular, que amerita que tenga un incentivo diferente al que pueda tener el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica? Se supone que todos los bancos son de los costarricenses. Para las solidaristas y las cooperativas, igual.
¿Y con los intereses sobre las inversiones en la BNV? Dice Edna Camacho que ella no está de acuerdo con exonerar el pago de estos intereses, solo con hacerlo con las ganancias de capital.
–Ya la exoneración, de la que en este momento se benefician los emisores que transan en el mercado de valores, desaparece. Eso ya está en el proyecto de ley. Eso nosotros ni lo propusimos ni la industria propuso cambiarlo.
Entonces, lo nuevo es únicamente exonerar a las ganancias de capital.
–Sí, que eso tampoco se paga. Lo que se estaría diciendo es que no se cobre.
