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Brecha digital entre estudiantes aumenta ante inacción política

Tras catorce meses de pandemia, el Ejecutivo no ha resuelto las necesidades de la población estudiantil y el Legislativo no avanza en aprobar proyectos que podrían atender el problema.

Andrés y Emanuel son hermanos, viven en Guadalupe hace dos años con su papá y mamá. Andrés está en sexto, Emanuel en cuarto. En casa no tienen Internet, ni computadora, solo el celular de la mamá, que es un prepago y casi siempre anda sin saldo.

Ellos son dos de los estudiantes que durante el 2021 han asistido a clases presenciales en la Escuela Pilar Jiménez. La falta de acceso a Internet y la poca formación educativa de sus papás les impide aprender a distancia, por lo que su mamá prefiere correr el riesgo de mandarlos a  la escuela, aleccionados y con implementos de limpieza en el bulto.

Los recursos de Fonatel tienen por objetivo “financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad”. (Foto: Miriet Ábrego).

“El año pasado fue muy difícil, a punta de clases virtuales con el Internet así y una que no puede ayudarles mucho, porque yo no pasé de sexto, pues no aprendieron nada”, dice Heyling, su mamá. Nacida en Managua, ella llegó al país hace tres años y hace dos, se trajo a los niños, con la esperanza de darles mejores oportunidades para el futuro.

Con las condiciones actuales, más bien teme por el futuro que la educación costarricense les pueda ofrecer.

Privados avanzan, públicos se estancan

La de Heyling es una de las cientos de miles de familias cuyos niños no han podido acceder a los procesos educativos, simplemente por no tener acceso a Internet o un dispositivo con el cual conectarse.

Según datos del Ministerio de Educacion Pública hay cerca de 425.000 estudiantes con problemas de conectividad y cerca de 300.000 sin acceso a una terminal (computadora, tablet o teléfono).

Contemplando que en el país hay un total de 1.206.800 personas matriculadas en el sistema educativo y que cerca del 10% asisten a centros educativos privados —que han afirmado no tener estos problemas—, casi el 40% de los estudiantes del sistema público no ha tenido acceso a los procesos que se imparten de manera virtual desde hace más de 14 meses.

En Abangaritos de Puntarenas, por ejemplo, el único medio de conexión es la red móvil. Decenas de estudiantes se la juegan con los celulares de los papás —casi todos prepago, casi siempre con poco saldo— para enterarse de la materia y las asignaciones. “Conectarse a una clase virtual en Teams jamás”, dice María, mamá de dos escolares y una estudiante universitaria.

 “No me cabe la menor duda, después de estar años detrás de Sutel y Fonatel, y de conocer la trayectoria de los recursos, de que ahí está el Talón de Aquiles”, Yorleni León, diputada.

María dice que aunque la menor ya va para ocho años y está en segundo grado, aún no aprende a leer y a escribir, pues desde que entró a la escuela no ha recibido ni un mes de lecciones continuas. “Hasta antes de la suspensión del curso, las maestras nos ayudaban un poco, con guías y materiales para ayudarles en la casa. Estos quince días de no hacer nada, así inesperadamente, más bien van a perjudicarles el proceso, que ya de por sí era difícil”, cuenta.

Contemplando estas desigualdades y como medida para limitar la movilidad en todo el país y reducir los contagios de COVID-19, el MEP aplicó una interrupción del curso lectivo desde el 24 de mayo y hasta el 9 de julio, de modo que el mismo se extenderá hasta enero de 2022.

No obstante, permitió que los centros privados no suspendieran clases, sino que siguieran en modalidad virtual. Por ejemplo, María y Fabiola, que asisten a un colegio privado en Heredia y no han interrumpido su proceso de aprendizaje un solo día, ni en 2020 ni este año. En su casa hay Internet y saben usarlo desde pequeñas, por lo que aunque extrañan a sus amigas, no se les ha hecho difícil llevar clases virtuales y hasta han llevado cursos extra.

Sobre las pruebas que enfrentará este año, por ser estudiante de décimo, María dice: “Yo a las FARO les tengo sustillo, pero es por nervios, yo sé que sí estoy preparada, en el cole hasta talleres especiales nos han dado”.

El MEP anunció finalmente este martes 25 de mayo que no aplicará las pruebas a quienes estén cursando el último año de escuela y colegio. Para Andrés y su mamá esto es un alivio, pues él estaba “aterrado” de enfrentarse a una prueba para la que sabe que no está preparado. Días atrás, en entrevista, Heyling dijo: “En la realidad él lleva todo el tiempo de la pandemia sin clases como deben ser, ¿qué le van a evaluar si no ha aprendido nada?

Dos semanas atrás el director de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, Pablo Mena, dijo a UNIVERSIDAD que la brecha entre estudiantes de centros educativos privados y públicos, así como la profundización que podría causar la aplicación de las pruebas ante estas dos realidades, no era uno de los factores a considerar por parte del Ministerio. La única valorada para suspender o mantener las pruebas este 2021 fue “la situación de la pandemia”.

En este contexto, las inequidades entre la enseñanza pública y la particular se profundizan cada día más y, aunque desde grupos políticos y gremiales se han realizado propuestas, estas siguen sin implementarse.

Paola Vega, jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) indicó que en el contexto de la emergencia se ampliaron las metas de programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para atender a más estudiantes y se retomó el proceso de la Red Educativa del Bicentenario, pero lamentó que aún no se haya aprobado el proyecto de alfabetización digital, pues habría provisto mecanismos “mucho más rápidos para atenderlo”. (Ver entrevista completa en “El modelo ha funcionado muy bien para algunos, pero no ha resuelto las necesidades de la mayoría”).

Iniciativas no avanzan

En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el proyecto de ley N° 22.206: Programa Nacional de Alfabetización Digital ingresó a la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa desde el 10 de setiembre del 2020.

Esta iniciativa crearía un programa de proyectos para dotar de infraestructura y equipo a la comunidad educativa, a través de los recursos de Fonatel, un fondo con más de ¢203 mil millones. No obstante, indicó en entrevista la verdiblanca Yorleni León —quien propuso el texto— el proyecto ha enfrentado fuerte oposición de las empresas, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y Fonatel. “Los operadores fueron los más opuestos e hicieron el trabajo que todos sabemos que hacen estos grupos”, dijo.

León explicó que desde setiembre presentó una moción para acelerar su trámite, considerando su relevancia, pero que “ya han pasado 10 meses y nunca hubo disponibilidad de varias fracciones para la dispensa (de trámite legislativo)”. “Si se hubiera aprobado, esta segunda suspensión del curso lectivo no habría tenido la misma realidad, ya hubiésemos tenido algunas respuestas para esos 400.000 niños”, agregó.

La liberacionista explicó que este proyecto atiende las necesidades de conectividad en escuelas y colegios, y adelantó que en un texto sustitutivo que prepara su despacho y que espera presentar esta misma semana, incluirá un artículo que permita facilitar equipo y subsidios para estudiantes de baja condición socioeconómica.

José María Villalta, legislador del Frente Amplio, explicó que esta es una solución parcial que permitiría al Estado recuperar parte de sus funciones naturales, encargando al MEP de ejecutar recursos de Fonatel para llevar Internet a los centros educativos. “No están pidiendo una súper reforma. Están pidiendo que dada la inoperancia de Fonatel, el MEP directamente pueda ejecutar recursos para llevar infraestructura de telecomunicaciones e Internet”.

El diputado afirmó que esto “obviamente tiene la oposición de las operadoras y de la Sutel” pero que es urgente. Sin embargo, dijo, no resolvería el problema causado por la pandemia que tiene que ver con la imposibilidad de los estudiantes de conectarse virtualmente desde las casas.

La posibilidad de agregar en el proyecto un bono de conectividad sería una alternativa al menos para quienes viven en zonas con posibilidad de conexión, aseguró. La diputada León afirmó que esto se incluirá en el texto sustitutivo.

También, dijo Villalta, está trabajando en un proyecto para que Internet vuelva a considerarse un servicio público y un derecho fundamental, en vez de un servicio comercial, lo que permitiría garantizar el acceso a todas las personas.

Sin embargo, aseguró, en el “cortísimo plazo” hay que tomar medidas de emergencia, que el Gobierno puede tomar porque están previstas en la Ley de Telecomunicaciones. Hay que incrementar los recursos para el proyecto de hogares conectados y otorgar bonos de conectividad. Además, hay que facilitarle a la gente que no tiene Internet en casa poderse conectar por móviles, por lo que hay que ampliar los sitios de zero rating (tarifa cero) para que los estudiantes puedan asistir a clases, acceder a documentos, bajar datos, etc”.

El martes 25 de mayo, sindicatos de telecomunicaciones y educación también presentaron al Presidente, Carlos Alvarado, una propuesta para incluir la brecha digital en las necesidades que atiende el decreto de emergencia nacional, y en el marco del artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones, ejecutar con prontitud acciones para resolver los problemas de conectividad de los cientos de miles de estudiantes rezagados. La idea es que sea el ICE el responsable de la infraestructura tecnológica para conectar y dar acceso a los educandos a la red.


Los recursos de Fonatel son administrados por la Sutel de acuerdo con el  Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que diseña el Micitt.

Responsabilidades recaen en el Ejecutivo y Sutel

La responsabilidad del rezago educativo que está causando la brecha digital en el marco de la pandemia recae principalmente en los hombros del Ejecutivo y de la Sutel, afirman diputados y grupos sociales.

Desde la entrada en vigencia de la apertura del mercado de telecomunicaciones, en el 2008, los operadores de telecomunicaciones han aportado recursos a Fonatel. Estos fondos, administrados por la Sutel, tienen por objetivo “financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad” a través de proyectos que se ejecutan de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que debe diseñar el Micitt.

No obstante, señalan, mientras cientos de escuelas, colegios y viviendas se quedan excluidas de la tecnología, los recursos se acumulan en Fonatel.

Andrea Alvarado, de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMica) indicó que es “increíble que en un país que tiene muchos recursos guardados en Fonatel”, un año después de iniciada la pandemia no se hayan resuelto los problemas de conectividad.

“Si revisamos la ejecución presupuestaria que ha hecho la Sutel de los recursos de Fonatel, no ha cumplido históricamente con la ejecución. Esos fondos tienen ahí un superávit que está acumulándose, mientras nuestros estudiantes están buscando la manera de cómo conectarse a las redes públicas en los parques o en cualquier comercio, en las zonas rurales más. Deberíamos estarle pidiendo cuentas a esos funcionarios, a la Sutel, ¿qué pasa con esos recursos?”, dijo.

José María Villalta señaló que “hay una responsabilidad compartida” entre el Gobierno y la Sutel “quien es responsable por la inoperancia en la ejecución de los recursos de Fonatel y por no tener la flexibilidad de buscar alternativas para ejecutar los proyectos de desarrollo”. A la vez, opinó, el Ejecutivo ha sido “muy pasivo en esta situación, muy temeroso”.

“Ahora salen apoyando la alfabetización digital, pero lo cierto del caso es que el Gobierno tiene, con base en el artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones, la potestad de adoptar otras medidas en el marco de la emergencia, que no las ha querido tomar, no han querido ni siquiera discutir el tema del cobro por descarga”, criticó.

El diputado, agregó, que el Ejecutivo se ha moderado en presionar a los diputados en este tema, mientras temas como Empleo Público tienen toda su atención. “Es evidente que Carlos Alvarado es muy gallito para enfrentarse a los trabajadores, pero es timorato y temeroso para metérsele a las cámaras empresariales”, afirmó.

Añadió que hay una responsabilidad de la Asamblea Legislativa por no avanzar con la actualización digital y “lógicamente de las empresas que siguen velando por su negocio sin importar el daño que se le está causando a miles de familias”.

Yorleni León indicó que el apoyo que ha recibido de parte del Ejecutivo ha sido firme y que considera que la responsabilidad recae en Sutel. “No me cabe la menor duda después de estar años detrás de Sutel y Fonatel, y de conocer la trayectoria de los recursos, de que ahí está el Talón de Aquiles”.

“Desde el 2011, con doña Laura Chinchilla, hablábamos de construir una red de centros educativos y Sutel lo rechazó ad portas. Imagínese si hubiéramos empezado hace ocho años, todo sería diferente”, agregó.

Consultada por UNIVERSIDAD la empresa Claro, vía agencia de relaciones públicas, destacó sus contribuciones a Fonatel por más de $100 millones y los proyectos que ha realizado como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial.

La empresa evitó referirse a la presión que han ejercido sobre la Asamblea Legislativa en el tema de alfabetización digital y en cambio indicó que en “lo que conocemos son los criterios que han externado instituciones especializadas tanto en gestión de la hacienda pública como en temas legislativos como la Contraloría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, quienes entre otras cosas han indicado que lo que vendría a generar un proyecto como el que está en discusión son duplicidades, por lo cual el mismo no es requerido por el país”.

Mediante su departamento de prensa, Sutel indicó que Fonatel es “solamente un mecanismo para responder a las necesidades del país en materia de cierre de la brecha digital y es el Micitt quien determina las prioridades a atender y las establece en el Plan Nacional de Desarrollo de las telecomunicaciones”.

Además, listó los proyectos que se han ejecutado como parte de los programas Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros Públicos Equipados, Espacios Públicos Conectados y Red Educativa del Bicentenario, por los que se han ejecutado poco más de $188 millones, de los más de $583 millones que tiene comprometidos la entidad.

Sobre el problema específico relacionado con educación, el regulador indicó que “solamente el 35% de los datos suministrados por el MEP y Sinirube sobre las familias que requieren conexión cumplen la información mínima requerida. Sin embargo, al intentar establecer contacto con ellos, no es posible ubicarlos”.

Sobre el proyecto de ley de alfabetización sigital, la entidad considera que “es innecesario” pues la Ley General de Telecomunicaciones permite establecer proyectos en este sentido a través de la política pública “de manera ágil, eficiente, sin aumentar los costos administrativos y evitando duplicidad de funciones entre instituciones.

La ministra del Micitt, Paola Vega, indicó que “no se puede apoyar la alfabetización digital con recursos de Fonatel, porque la ley dice que solo se puede financiar lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Uno podría incluir iniciativas de alfabetización digital en ese plan, pero no pueden ser financiadas por Fonatel, según la actual ley”.


 

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