Las cifras que arrojan los presupuestos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) permiten tener una idea del deterioro financiero de régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y lo costoso que será volver a los indicadores positivos que había antes del año 2007.
Hasta ese año las cotizaciones alcanzaban para pagar las pensiones y aún quedaba una parte para aumentar la reserva, pero a partir de ahí la línea de gastos dio un notable giro al alza –tras una serie de decisiones que tomó la administración sin sustento técnico, como un aumento de las pensiones mayor que la inflación – de modo que las contribuciones ya no alcanzaban para pagar las pensiones y el déficit no paró de crecer.
Así las cosas, en 2009 la Caja empezó a utilizar los rendimientos (intereses) de la reserva del IVM para hacer frente al pago de las pensiones.
Tras una evaluación del IVM que hicieron actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), entregada en diciembre pasado, donde advirtieron la urgencia de reformas para evitar un agotamiento del sistema en menos de diez años, ahora la administración de la Caja plantea la necesidad de decidir medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del régimen.
A fin de discutir las posibles reformas para que la junta directiva tome la decisión, la CCSS instaló a inicios de junio último una mesa de diálogo con sectores sociales, la cual sin embargo no ha podido arrancar.
La mesa de diálogo se complicó tras el rechazo de los sindicatos al aumento de 1% de la cotización obrera para el IVM, que acordó la junta directiva de la CCSS el mes pasado, sin esperar al diálogo, como medida inmediata para inyectar ingresos al régimen de pensiones.
El acuerdo de la directiva precipitó la renuncia de la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, a pedido del presidente Luis Guillermo Solís, quien había solicitado postergar la decisión para que el tema se discutiera de previo en el proceso de diálogo.
Los sindicatos, que habían pedido la cabeza de la funcionaria por su apoyo al aumento, no se dieron por satisfechos y mantuvieron el llamado a huelga para la presente semana, en protesta contra el 1% y otros reclamos.
Por su lado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) decidió un retiro temporal de la mesa de diálogo, con el argumento de que el Gobierno estaba imponiendo criterios políticos, no técnicos, en el caso del IVM.
Los empresarios –que están a favor del 1% acordado por las autoridades de la Caja – anunciaron el pasado martes su retorno al diálogo, tras recibir una carta de la junta directiva de la Caja solicitándoles volver, en el entendido de todas las partes se apegarán a las pautas dictadas desde un inicio para la discusión.
“Nos vamos a reintegrar confiando que, en adelante, todos los sectores respetarán las reglas que juntos establecimos para el funcionamiento de la mesa”, destacó en un comunicado Franco Pacheco, presidente de la Uccaep.
CORTO PLAZO
El aumento de la cuota obrera fue justificado por las autoridades de la Caja como una medida inmediata de corto plazo, que reportaría ingresos adicionales al IVM por ¢100.000 millones para apuntalar las finanzas del régimen y no tener que usar las reservas.
A eso se sumarían cerca de ¢60.000 millones por un incremento de 0,66% de la cuota del Estado para el IVM, que la directiva de la Caja aprobó el año pasado.
Aumento este que el Gobierno dice que no le fue consultado y no ha incluido en el presupuesto, pues no hay recursos, y tendría que ser cubierto con endeudamiento, lo que no ve posible en el actual contexto de creciente déficit fiscal, que el Gobierno busca atacar con una reforma fiscal que se encuentra empantanada en la Asamblea Legislativa.
Así las cosas, hoy por hoy ese ingreso adicional por la contribución estatal solo existe en el papel y la Caja lo tiene como “cuenta por cobrar”.
Ya fuera de la institución, la expresidenta de la Caja ha defendido el aumento del 1% de la contribución obrera como una medida necesaria de corto plazo que está dentro de las atribuciones de la institución para decidir.
Esto a fin de apuntalar las finanzas del régimen, mientras en la mesa de diálogo se ven medidas de más largo plazo y que no son del resorte de la institución, tales como el aumento del empleo y de la recaudación.
Ha dicho que apoyó el aumento a conciencia, porque de por medio está la pensión para las futuras generaciones, que es “la gran preocupación de los miembros de la junta directiva”.
Los presupuestos del IVM de los últimos años muestran el deterioro financiero que sufre el régimen de pensiones.
Mientras en el 2006 las contribuciones eran de ¢203.400 millones y el gasto en pensiones llegaba a ¢172.400 millones (con un excedente de ¢31.100 millones), en los años siguientes el excedente se acorta y en el 2009 desaparece.
Las contribuciones ese año sumaron ¢334.300 millones y las pensiones ¢355.900 millones (con un déficit de ¢21.660 millones).
En el 2016 las pensiones costaron ¢832.200 millones y las contribuciones fueron de ¢692.200 millones (para un déficit de ¢140.000 millones).
En el presupuesto proyectado para el 2017, las pensiones sumarían ¢927.100 y las contribuciones ¢730.100 (para un déficit de ¢197.000).
HUECO
De 1992 al 2007, en promedio, las contribuciones cubrían 1,2 veces las pensiones. Dicho de otra forma, las contribuciones alcanzaban para pagar las pensiones y quedaba un 0,2 para la reserva, según explicó Jorge Herrera, administrador de empresas que analiza desde hace años por iniciativa personal los estados financieros y presupuestarios de la Caja.
Luego de 2007 ese índice de 1,2 se ha reducido hasta llegar a 0,79 en el presupuesto proyectado del 2017.
Es decir, que las contribuciones solo cubren ¢0,79 de cada colón de las pensiones, y hay que echar mano de los rendimientos (intereses) de las inversiones de la reserva para pagarlas.
Para que el índice se mantuviera en 1,2 en 2017 el ingreso por contribuciones tendría que ser mayor al actual en ¢382.400 millones (con el mismo gasto actual en pensiones).
O bien, que el gasto en pensiones se redujera en ¢318.700 millones (con el mismo nivel de contribuciones).
Estas cifras dan idea del deterioro del régimen y lo costoso que será nivelarlo para volver a los indicadores positivos anteriores al 2007, comentó Herrera.
Señaló que desde el 2009 al 2016 para cubrir el faltante de contribuciones se usaron ¢529.000 millones de intereses para el pago de las pensiones. Una cifra que representa aproximadamente la cuarta parte de la reserva del IVM (de ¢2 millones de millones).
En su criterio, el aumento de 0,66% que le pusieron al Estado más el 1% a los trabajadores (con lo que en teoría se obtendría ¢160.000 millones) son medidas insuficientes, solo sirven para nivelar el flujo de efectivo y no alcanzarán más allá del 2021 – 2023 para cubrir los pagos sin tener que usar los intereses.
Todas las medidas que están proponiendo ahora implican más costos y menos beneficios para las personas cubiertas por el IVM (1,5 millones) y ninguna se enfila a mejorar el régimen, el cual no son solo ingresos, sino también la calidad de los beneficios que van a recibir los cotizantes, consideró Herrera.
Atribuye la actual situación del IVM a que los criterios técnicos se subordinaron a los criterios políticos a la hora de tomar decisiones por parte de la administración.
De qué criterios técnicos hablan ahora en la Uccaep y los directivos de la Caja si saben que sustentaron decisiones en estudios malos o deficientes, y que la misma auditoria interna los cuestionó.
Eso lo saben los representantes que votaron los acuerdos en la junta directiva (donde hay representación tripartita del gobierno, la empresa privada y los trabajadores), cuestionó Herrera.
Con motivo de la nueva crisis que vive el sistema de pensiones de la Caja en estos días se ha vuelto a recordar que por años diversos estudios actuariales y analistas advirtieron el deterioro financiero que acusaba el IVM y la necesidad de tomar medidas correctivas, mientras que las autoridades de la Caja lo negaban.
Por ejemplo, en el 2013 el economista Pablo Sauma (quien fue directivo de la Caja en el periodo 2006 – 2010 y cuestionó entonces la calidad de los estudios utilizados para aprobar mayores beneficios a los empleados de la Caja), en un estudio sobre la situación del régimen de pensiones hecho para el informe Estado de la Nación, destacó lo señalado por la Superintendencia de Pensiones (Supen), en el sentido de que el indicador de cobertura de aportes mostraba síntomas de desfinanciamiento del IVM.
Dicho indicador representa la proporción en que el gasto en pensiones es cubierto por los ingresos de cotización.
Para el año 2012 ese indicador fue de 1,03, lo que significa que los ingresos por cotización superaron levemente los gastos en pensiones del régimen. Sin embargo se prevé que en un tiempo muy corto este indicador será inferior a 1, lo que implica que se debe comenzar a utilizar los rendimientos de las inversiones para cubrir las pensiones y una vez que estas contribuciones y rendimientos no sean suficientes, la reserva comenzará a disminuir, hasta agotarse, advertía el informe.
CRÉDITO: Gráfico elaborado por Jorge Herrera Fernández.
