Una bonificación adicional a los extrabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), que cerró operaciones comerciales y se encuentra intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) desde mayo pasado, costaría entre ₡2.000 y ₡3.000 millones al Estado.
La bonificación fue aprobada la tarde de este jueves en el Plenario Legislativo por 40 congresistas, que aceptaron la propuesta establecida en el artículo número 5 del expediente 20.525.
La aprobación del llamado proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras del banco ocurrió después de varias semanas de discusiones y ante la oposición de diputados como el oficialista Ottón Solís y los libertarios Natalia Díaz y Otto Guevara, quien incluso presentó una moción para eliminar ese compromiso, aunque no fue aceptada.
Por un lado, varios diputados —especialmente los de la comisión especial de Cartago— defendieron el monto extra como una enmienda estatal por el descuido de la institución; mientras que los opositores siempre —con un mayor impulso de Guevara— destacaron que era un movimiento excesivo pues las obligaciones regulares ya estaban cubiertas.
Específicamente, el proyecto establece la aplicación del artículo 25, inciso B, de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (6955), que permite girar “un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados”.
Esta propuesta ahora tendrá un impacto de entre ₡2.000 y ₡3.000 millones, una vez que se apruebe en segundo debate, según declaró el interventor de la entidad estatal, Marco Hernández, a la comisión especial que investiga el trámite de Bancrédito a mediados de febrero pasado.
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Al respecto, Hernández calificó el monto como una cifra “muy importante para el banco, siendo que es un banco que ahora no genera una actividad comercial sostenible y no tiene la liquidez para hacer un pago de ese tipo”.
En esta línea, mencionó que el banco tiene un patrimonio de ₡38.000 millones, pero aseguró que “habría que programarlo en el tiempo y eso seguramente tendría que asumirlo el mismo Estado” por un asunto de disponibilidad de dinero en especie. “Sería bastante ruinoso para el banco”, dijo en aquel entonces.
Hernández también comentó que al banco le “llamaba la atención” ese punto de la legislación aprobada, pues probablmente partía de que “los empleados no tienen las provisiones aseguradas para las prestaciones legales”, aunque eso no era correcto.
“El Banco tiene una reserva correspondiente para pagar todas las prestaciones legales correspondientes, incluyendo a todos los que siguen hoy trabajando, entonces nos parece que eso está cubierto”, subrayó.
Posiciones encontradas
Aunque el proyecto se aprobó con una amplia mayoría de los votos, los tres diputados opositores manifestaron sus posiciones en distintos momentos y calificaron los monos extra como un error que le costará varios millones de colones al Estado.
En la discusión, el libertario Guevara —quien presentó una mayor oposición al artículo 5 con sus mociones— manifestó que “la indemnización no procedía”, en vista del “costo que tendría para las finanzas públicas”.
“Nosotros en el Movimiento Libertario no tenemos ninguna objeción al tema del fondo de garantías y ya los exfuncionarios fueron liquidados, por eso consideramos que esa indeminazión no procede”, puntualizó.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, comentó que su problema también fue con la carga extra que será imposible de pagar para el banco, del que ya de por sí tiene que hacerse cargo las finanzas estatales.
“Ya se les ha dado bonificaciones y es carísimo, estamos con una situación difícil en las finanzas públicas y el banco está en dificultades, entonces agregar eso me pareció un serio error”, comentó.
“El Estado va atener que pagar inclusive la garantía del Banco, eso va a tener que pagarlo el Estado”, subrayó.
Por su parte, el diputado Mario Redondo, uno de los congresistas que más impulsó el proyecto y que conforma la comisión especial de Cartago junto con otros seis diputados, señaló que la principal intención fue retribuir una mala gestión del Estado a los funcionarios, argumentando que “no tienen que pagar los platos rotos” por los problemas sufridos.
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“Lamentamos la forma irresponsable en que el Gobierno ha manejado la crisis de este banco pero los empleados no tienen que pagar los platos rotos de estas chambonadas”, escribió.
Menos crítico con la actuación del Gobierno fue el oficialista Marco Vinicio Redondo, también del grupo de cartagineses, quien se limitó a señalar que le parece “justo ” construir “un ambiente favorable para que emprendan nuevos proyectos productivos u oportunidades laborales”.
La comisión también está conformada por los liberacionistas Paulina Ramírez y Julio Rojas; la oficialista Emilia Molina; el frenteamplista Francisco Camacho; y el socialcristiano Jorge Rodríguez.
Una vez aprobado el proyecto, varios de ellos se acercaron a saludar y abrazar a los exfuncionarios del Banco presentes en el Congreso, una imagen que se repitió en las últimas semanas, hasta que se puso en discusión el documento.
Ahora el segundo debate del proyecto quedó pactado para el día 13 de este mismo mes.
