BN apostó $117 millones en hidroeléctrica que ICE ya no quiere

• Banco estatal se garantiza crédito con planta cuya rentabilidad ahora es incierta.

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) respalda con un crédito de $117 millones (C63.000 millones) un proyecto hidroeléctrico privado que quedó en la incertidumbre después de que el ICE, pues decidió romper el contrato de compra de energía por incumplimientos del desarrollador Hidrotárcoles S. A.

La ruptura del contrato por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se fundamentó en los incumplimientos del desarrollador del proyecto, relacionado a la constructura Sánchez Carvajal.

Del monto total del crédito -equivalente por ejemplo al presupuesto anual de Japdeva o al tercio del costo de la ruta San José Caldera- el BNCR ya giró a Hidrotárcoles S.A. $22 millones y tiene comprometidos otros $15 millones, para un proyecto al que califica como “complejo”.

El mayor banco estatal del país tiene ahora tiene suspendidos los desembolsos a causa de la decisión del ICE de no comprar los 50MW que eventualmente genere la planta Capulín San Pablo, localizado entre Turrubares y Atenas y cuyas obras tienen un retraso de casi dos años de su plan inicial.

Faltas en la ejecución del contrato, según el ICE, hicieron que Hidrotárcoles perdiera la seguridad de vender la energía al Estado, si llegara a concluir las obras.

Los retrasos provocaron también que el consorcio quedara ante el banco estatal como un deudor incierta capacidad de pago.

El subgerente del BN, Gerardo Ulloa, reconoce que hay dificultades en el proyecto y señala “aún es temprano para hablar de recuperación del crédito”.

El proyecto llamado Capulín San Pablo debió haber empezado a generar electricidad en agosto del 2015, pero la construcción está a menos de un 25%.

Hidrotárcoles alegó problemas que lo imposibilitan para hacerlo antes de junio del 2017 y el ICE no aceptó tal atraso, por lo que optó por iniciar un procedimiento de disolución contractual avalado de manera preliminar en los tribunales.

Los $37 millones ($22 desembolsados más $15 millones comprometidos) son parte de los $117,5 millones aprobados por el Comité Especial de Créditos del BNCR en noviembre del 2013.

Ese Comité aprobó el préstamo a pesar de debilidades que, un mes antes, fueron señaladas a Hidrotárcoles y que ponían “en riesgo la viabilidad financiera del proyecto”, como se lee en el oficio DGBI-143-2013 del BNCR.

Se indicaron entonces tres debilidades: el atraso en el inicio de las obras (debía ser en agosto 2012 pero a octubre de 2013 aún no arrancaban); plantear 36 meses para la construcción y no 40 como sugerían los asesores externos del Banco por la complejidad de las obras; había una diferencia de $54 millones entre el monto ofertado ($107 millones) y el presupuesto elaborado por Hidrotárcoles ($161 millones), sin que las cláusulas del contrato permitieran los ajustes tarifarias suficientes al final del proyecto.

También, mediante el oficio DGBI-151-2013, el BN exigía contar con todos los permisos municipales de construcción, haber hecho su aporte al proyecto ($49.875.000), contar con todos los terrenos en el fideicomiso de garantía en donde el proyecto se ubica (San Pablo de Turrubares y Escobal de Atenas) o los procesos de expropiación.

La firma asegura haber cumplido estos requisitos. UNIVERSIDAD solicitó al subgerente Ulloa copia de los documentos que respaldaran este cumplimiento, pero el funcionario nunca logró aportarlos.

La empresa Hidrotárcoles S.A, formada por una sociedad dirigida por codueños de la constructora Sánchez Carvajal (a su vez subcontratista del proyecto), no tuvo problemas finalmente para recibir la aprobación del BNCR y se convirtió en deudora por $117,5 millones.

El ICE insiste en que nada tiene que ver con el financiamiento, y el subgerente del BN Ulloa lo contradice: “Que haya estado el ICE atrás era algo determinante (para otorgar el crédito). Sin el ICE esto hubiera sido inviable (…) Es una parte activa dentro del crédito”.

El banco reportó en julio tener comprometidos $37 millones. Ha girado $21 millones, tiene autorizado girar $4,6 y hay $11 millones en obras aún sin facturar. Así se manifiesta en el oficio SGBC-076-2015 firmado por Ulloa, jerarca encargado del crédito, quien para este reportaje evitó precisar los números por “respeto al secreto bancario”.

Hidrotárcoles ha continuado las obras con recursos propios y está al día con el crédito, según Gerardo Ulloa, aunque los desembolsos están congelados desde que el ICE solicitó la ruptura del contrato.

Espaldarazo judicial

 Ya hubo incluso un primer espaldarazo judicial a ese proceso de disolución contractual, pues este 18 de febrero el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo levantó una medida cautelar solicitada por Hidrotárcoles.

El ICE, descontento con atrasos del desarrollador – que califica como graves- optó por finiquitar el contrato y solo resta finalizar el procedimiento para confirmar la disolución.

Eso, argumenta el ICE, podrían hacerlo sin que le implique responsabilidad alguna sobre el contrato de crédito entre Hidrotárcoles y el BNCR.

Ese contrato de crédito se firmó el 9 de abril del 2014 hasta por $117,5 millones, un monto “alto” dentro de un “proyecto complejo” con “bastantes cosas en juego”, como reconoció Gerardo Ulloa en respuesta a UNIVERSIDAD.

El desarrollador incluso había presentado el 3 de noviembre una nueva propuesta económica que el ICE rechazó por considerarla inviable legalmente y financieramente, con efectos previsibles sobre las tarifas al consumidor.

“No existen elementos que puedan considerarse beneficiosos desde el punto de vista institucional ni de interés público, por lo que no se considera viable asumir el proyecto en el estado actual”, dice en el oficio 0510-159-2016 el gerente de Electricidad del ICE, Luis Pacheco Morgan.

Esto lo afirmó Pacheco tras concluir que el avance físico del proyecto se queda corto al compararlo con el monto desembolsado de la deuda otorgada por el BNCR.

La entidad bancaria ya había expresado sus inquietudes al ICE. “Nos preocupa que durante el período de suspensión de las obras se deteriore el estado del proyecto, garantía de nuestro crédito”, decía Ulloa al presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, en el oficio de julio del año pasado.

Ahí preguntaba quién asumiría el proyecto, quién se responsabilizará por las erogaciones y cómo se deberían continuar las obras.

También le expresaba la preocupación del BNCR, como acreedor, por los dineros comprometidos y con los pagos futuros de subcontratos ya firmados (y parcialmente pagados) para la construcción de la planta ($71 millones a cargo de la empresa Hydrochina) y de turbinas y equipo adicional ($34 millones).

“El Banco Nacional requiere asegurarse de que ante la eventual resolución definitiva del contrato, el ICE va a aceptar el saldo de la deuda a la fecha”, escribió el 29 de julio Gerardo Ulloa en otra nota, la SGBC 080-2015.

Ya se evidenció que el ICE no pretende hacerlo.

La deuda seguirá en manos de Hidrotárcoles S.A. a pesar de que ya no tiene garantizada la venta de energía tal como se había estipulado en el contrato firmado en el 2012.

¿Cómo se recuperará entonces la inversión? “Claro que una planta eléctrica tiene sentido en tanto genere energía. Estamos barajando algunas ideas con el desarrollador para terminar la planta que podría ser con el ICE o con otras compañías eléctricas. Ya algunas han mostrado interés”. Esta fue la respuesta del subgerente del Banco, Ulloa, quien reconoció que se trata de “un proyecto difícil de vender”.

Consultas enviadas a Hidrotárcoles fueron respondidas por su abogado Jonatán Picado, quien expresó que su representara aún no tira la toalla:

“El proceso administrativo por este caso tiene abierta una mesa de conciliación entre el ICE e Hidrotárcoles, entendiendo que éste es un proyecto declarado de interés público que cumple a cabalidad con los requerimientos que exige la Ley de Contratación Administrativa y que se apega a todos los principios ambientales y es la principal fuente de empleo en la zona, con una tarifa altamente competitiva que se desprende de la misma metodología que establece el contrato.

De parte del ICE no hubo respuestas a preguntas de UNIVERSIDAD, pues argumentan que han ido reportando sobre el proceso y que ahora el procedimiento de disolución está en curso.

¿Y cómo responderá Hidrotárcoles por esta deuda con el banco estatal? La respueta de la compañía es básica:

“El contrato de este proyecto garantiza y protege absolutamente todos los fondos públicos girados para la construcción de esta obra”, alegaron.

Está por verse. Hidrotárcoles S. A. fue fundada para desarrollar el proyecto hidroeléctrico en San Pablo de Turrubares y aparece con un capital social de c2.312 millones.

Este monto se distribuye así: c872 millones son de la sociedad socia Hidrosanp y c1,208 millones son de Hidroescobal, más c231 millones del tesorero Roberto José Acosta Solís, directivo de la constructora Hernán Solís e hijo del presidente de esta compañía.

Sin embargo, el capital social de Hidrosanp es de solo c1.200, el valor de una cerveza, según una copia de su libro de registro de accionistas.

La empresa pertenece por partes iguales a Fernando José Sánchez Flores (vicepresidente de Hidrotárcoles y nieto de Fernando, fundador de la constructora Sánchez Carvajal), Mauricio Sánchez Mata (otro nieto de Sánchez Carvajal), Margarita Sirias (esposa de Sánchez Carvajal) y Sonia Sánchez Sirias (hija de Sánchez Carvajal).

Hidroescobal también reporta un capital social de c1.200 y es propiedad por partes iguales de Juan Rafael Rojas Madrigal y José Joaquín Chacón Leandro, exdecano de la Facultad de Ingeniería de la UCR y presidente de Hidrotárcoles.

Consultado Chacón, delegó la respuesta en el abogado de Hidrotárcoles, Jonatán Picado, quien insiste en asegurar que el proyecto “garantiza y protege absolutamente todos los fondos públicos girados para la construcción de esta obra”.