Se estima que más de 200 mil empleos serán afectados en Costa Rica como consecuencia de la crisis que se vive por el COVID-19, y que el desempleo pasará de un 12% a un 19%, según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El documento “El impacto del COVID-19 en las economías de la región” contiene análisis detallados de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
En Costa Rica, detalla los principales canales de afectación, que son, en primer lugar, el turismo, que representa un 6,3% del PIB y genera el 9% del empleo total, ya que el 58,5% del total de turistas provienen principalmente de Estados Unidos y Europa.
En segundo lugar, el informe destaca el golpe en el intercambio comercial, siendo que el 41,2% de las exportaciones del país van a EE.UU., el 22,1% a Europa y el 15,2% a Centroamérica. Un 38,3% de los bienes que importa el país provienen de EE.UU. y un 14% de China.
Otro sector afectado es el de arte y entretenimiento, que representa el 2,2% del PIB y genera un 2,1% del empleo total. El 95% de las y los trabajadores de este sector se encuentran en la informalidad.
Y por último, la pobreza. El BID estima una afectación de más de 200 mil empleos, mientras que la pobreza podría aumentar 5 puntos porcentuales. Aproximadamente 335.900 hogares (21%) ya estaban en condiciones de pobreza antes de la crisis, de los cuales 93.500 ni siquiera tenían los ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas alimentarias, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación. Según encuesta de CID Gallup, un 60% de las familias no podría sobrevivir económicamente después de seis semanas sin ingresos.
Propuestas para responder a esta emergencia
De acuerdo con el documento, “una respuesta efectiva requiere priorización de medidas que aseguren, en primer lugar, la atención sanitaria, la protección a los más vulnerables y la reducción de la desigualdad, y el alivio de presiones de liquidez de familias y empresas”.
“Se deberá considerar, en segundo lugar, que la fragilidad de la situación fiscal emerge como un riesgo importante para enfrentar esta emergencia, por lo que las medidas sugeridas deberán ser temporales, acotadas y focalizadas”, continúa el informe.
En cuanto a transferencias condicionadas, se recomienda la creación de un seguro de desempleo y de un bono alimenticio para aquellas personas en condición de vulnerabilidad, un subsidio a los servicios públicos, una reducción de los impuestos en las tarifas de provisión de los servicios básicos, una postergación del pago de hipotecas y un alargamiento en el plazo del crédito o disminución temporal en el pago de las cuotas.
Con respecto a la política fiscal, se recomienda: diferir el pago de impuestos, establecer requisitos para focalizar las moratorias e incluir dentro de las moratorias a las contribuciones sociales, agilizar la devolución del pago de impuestos a las empresas afectadas, reasignar las partidas presupuestarias, una excepción temporal de los destinos específicos y reasignación de gastos.
Otras medidas son una relajación temporal y acotada de las metas fiscales, usar los fondos de ahorro para financiar gastos y una caída temporal de los impuestos, suspender la regla fiscal, si es estrictamente necesario, con un compromiso serio y creíble sobre su restablecimiento una vez que pase la emergencia.
