Los bancos privados BCT y Banco Promerica concentran el 80% de los bonos de deuda política, o certificados de cesión, liquidados en la campaña del 2018 y son los únicos dos bancos con créditos formalizados para estas elecciones de 2022, según datos de la Tesorería Nacional.
El total cancelado por concepto de deuda política (incluyendo los intereses), asciende a los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. La primera entidad bancaria es presidida por Leonel Baruch, mientras que el presidente de la Junta Directiva de Promérica es Edgar Zurcher.
Los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento contemplado por la legislación costarricense en el que los partidos pueden ceder su acceso al financiamiento público a entidades bancarias o particulares. Los bancos en este caso financian de manera anticipada especulando cuánto recibirá de votos cada partido por medio de las encuestas públicas e incluso propias.
“Es un mecanismo especulativo como en la Bolsa de Valores. Tiene una expectativa de retribución de la inversión que hizo al comprar el título, más los intereses ganados por ese financiamiento que le está otorgando, quien recibe esa plata son los bancos. No van a perder ni los bancos, ni los financistas tipo A (los que tienen mayor posibilidad de ser cancelados) que compran estos bonos a varios partidos porque para ellos es un negocio, no hay necesariamente un vínculo partidario”, explicó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En la campaña del 2018 el Banco BCT obtuvo el 100% de la deuda política obtenida por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); también recibió el 85% de lo que liquidó el Partido Acción Ciudadana (PAC). Para estas elecciones ya concretó créditos por medio de este mecanismo con el PLN y el PUSC.
En el caso de Promerica, logró la totalidad de lo cancelado por concepto de deuda política de parte de Restauración Nacional. En cuanto a estas elecciones ya concretaron dos créditos, por medio de fideicomisos, con Nueva República y Costa Rica Justa.
Esta forma de financiamiento de los partidos políticos ha sido señalado como “de naturaleza perversa” por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como un método problemático en varios informes del Programa Estado de la Nación y como violatorio de los principios democráticos por el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Además, al concentrarse en un mercado de compradores reducido, en la práctica, opera como un oligopolio, indicó el Programa Estado de la Nación en su último informe.
Las fuertes críticas argumentan que el mecanismo profundiza una desigualdad entre propuestas o partidos políticos, ya que favorece a las tendencias con mejor desempeño en las encuestas, determinando quién entra a la fiesta electoral o quién puede acceder a un financiamiento adecuado para arrancar y sostener su campaña política, comentó Rosales.
“Costa Rica debería tener su dinero, que es a base de impuestos, garantizando que los costarricenses sean los que al final puedan gozar de una campaña libre y democrática, en lugar de darle dinero como un gran negocio a entidades bancarias que al final concentran más el poder”, Walter Muñoz.
Además, con el tiempo, y ante la caída de donaciones en todas las tendencias políticas, los partidos se han vuelto altamente dependientes de esta forma de crédito que los vuelve vulnerables o los tienta a buscar otras formas de financiamiento de dudosa procedencia o incluso ilícita, dice el último informe del Estado de la Nación.
El 53% de los ingresos de las agrupaciones políticas provienen de préstamos, las donaciones bajaron un 13% y los ingresos propios se fijan en un 34%, según datos del último Informe del Estado de la Nación.
Rosales considera que la relación del dinero, la democracia y la política siempre va a ser delicada y debe regirse con los ideales democráticos, pero en la actualidad el dinero controla la democracia y debería ser a la inversa.
“(La concentración de bonos y el sistema de financiamiento de los partidos) afecta todos los principios y valores democráticos en función de quienes más plata tienen y más dinero pueden apostar. En concreto se afecta el principio de transparencia, la equidad en la competencia, la inclusión de los distintos sectores y poblaciones y el no compromiso del gobierno o de los poderes al financiamiento que recibieron”, explicó el politólogo y coordinador del OPNA.
El Tribunal Supremo de Elecciones también argumentó, ante la Asamblea Legislativa, que los certificados de cesión pueden facilitar el encubrimiento de donaciones por lo que han abogado por su eliminación y en su lugar realizar reformas que facilitan el pago anticipado de la deuda y fuentes de financiamiento indirecta por medio de franjas electorales (en el caso de la publicidad) y el transporte gratuito (que se reporta como un gasto millonario por parte de los partidos).
“Es esencial que nos demos a la tarea de repensar el actual modelo de financiamiento respecto de lo cual constituye un excelente punto de partida la propuesta de reforma presentada en el año 2013 ante la asamblea legislativa por el TSE”, comentó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Hasta los que entran a la fiesta pierden
Aunque en la última elección los certificados de cesión se concentraron principalmente en manos de la banca privada, el mecanismo fue diseñado inicialmente para el beneficio de los bancos públicos, aclaró Rosales del OPNA.
“El sistema bancario nacional estatal era el que asumía el financiamiento hace más de una década, prácticamente la totalidad, pero ha venido paulatinamente trasladándose hacia el sistema bancario nacional privado”, recordó Rosales, quién adujo que esa negativa de financiar bonos responde a las mismas jerarquías de los bancos públicos.
Esto ha dificultado las negociaciones del crédito y su acceso. “Ni siquiera los bancos nacionales quieren darnos acceso al crédito y se nos tasa por el riesgo que tiene, no por Liberación, sino por otros partidos que han quedado debiendo y que no han cumplido con sus deudas. Le han aumentado el porcentaje de riesgo a los partidos políticos y eso hace que la tasa sea muy alta”, comentó la tesorera del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez, quien dijo que la agrupación siempre ha tenido dificultades en el acceso al crédito, a pesar de ser una de las más grandes.
Incluso optando por la mejor opción de crédito el PLN perdió cerca de un 20% del total de deuda política liquidada solamente en intereses, comisiones y abogados. Ramírez dijo que estos gastos y otros costos de formalización podían ser más de ¢1.000 millones y para esta se estima que serán de ¢500 millones.
“Sí, el modelo de fideicomiso y el de los bancos nos da un respaldo de formalización y el orden correspondiente, pero en cuanto a liquidez sí nos afecta porque hay que pagar un costo muy alto a los bancos”, agregó Ramírez.
Precisamente, el 24 de noviembre el candidato presidencial Welmer Ramos y la candidata a vicepresidenta, Emilia Molina, denunciaron que los bancos privados le negaron el crédito como “cobro” por regulaciones a los altos cobros de intereses en crédito y, también, el cobro de altas comisiones a los comercios por el uso de los servicios de datáfonos que fueron lideradas por el ahora candidato presidencial.
“Nosotros solicitamos una cita con el BCT, nuestra tesorera de partido solicitó la cita y yo iba a acompañarla como tesorera de campaña. El BCT financió la campaña de Liberación Nacional y del PUSC. Cuando pedimos la cita, un ejecutivo del banco nos llamó y nos dijo que a Welmer Ramos el banco no le iba a prestar dinero, ni al PAC”, dijo Molina a este semanario en el momento de la denuncia.
El candidato del Partido Integración Nacional, Walter Muñoz, dijo que en el caso de su campaña optaron por el financiamiento por medio de Coopealianza: “estamos en contra de que las entidades privadas presten dinero a ciertos partidos nada más y se lleven el dinero público en una privatización por desplazamiento”.
Muñoz asegura que el actual sistema censura la campaña dándole solamente posibilidad a algunos partidos de acceder al financiamiento. En la actual campaña hay 26 candidaturas presidenciales, la cifra más alta en la historia del país, de las cuáles solo cinco superan el 4% de intención de voto necesario para acceder a la deuda política, según la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP).
“Costa Rica debería tener su dinero, que es a base de impuestos, garantizando que los costarricenses sean los que al final puedan gozar de una campaña libre y democrática, en lugar de darle dinero como un gran negocio a entidades bancarias que al final concentran más el poder”, denunció Muñoz.
Ramírez considera que en lugar de ser financiados por la banca privada el Tribunal podría ser el que fiscalice y financia la deuda por medio del crédito y a tasas más cómodas: “Eso sería como dar una parte adelantada que fiscaliza y financia el Tribunal”.
El PLN inició la búsqueda de su financiamiento dos meses antes de empezar la campaña electoral en distintos bancos y cooperativas, y para estas elecciones terminó eligiendo la propuesta del BCT “por conveniencia en cuanto a condiciones”.
“Por parte del banco se hacen las encuestas y se sacan las estadísticas necesarias para ver que el monto a prestar, y de parte nuestra nosotros también hacemos un análisis de las proyecciones que luego nos sentamos a ver con el banco y se define el monto que ellos están dispuestos a prestar”, contó Ramírez.
Finalmente, el Partido Liberación Nacional tramitó para la actual campaña electoral un crédito por ₡2.650.000.00 con Banco BCT mediante un fideicomiso administrado por Consultores Financieros Cofin a una tasa de interés de 11.35% anual que vence el 01 de junio 2023. El partido paga 18 meses de intereses por adelantado, más comisiones y abogados.
Según Rosales, además del beneficio que obtienen de las tasas, los bancos pueden invertir los montos que obtienen que son de primera prioridad de pago (en su mayoría tipo A, que asume el menor riesgo).
“Yo le presto, pero le voy a cobrar con intereses y además recibo la plata y la invierto en otras actividades y productos que me generen mayor rédito; o sea, los bancos no van a perder; como se quiere decir”, aseguró Rosales.
Aunque las quejas por parte de partidos abundan, ya que incluso los favorecidos pierden en el proceso, hay pocos avances en las reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral que permitirían romper con el llamado “oligopolio” de los bonos de deuda política.
