La pasada Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), presidida por Rodrigo Cubero, acató la recomendación de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), emitida en el 2012 y modificó los requisitos de su estructura, con lo cual Jorge Monge Bonilla, quien era el director de la División Secretaría General y participaba en esa condición en algunas reuniones de esa Junta, ya no podrá hacerlo.
Lo anterior, para evitar conflictos de intereses debido a su relación conyugal con la directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
La PEP emitió el documento AEP-AR-10-2012, en el cual planteó al BCCR que “se valore la posibilidad de tomar medidas preventivas, que garanticen en el caso examinado, en forma efectiva, la prevalencia del interés público sobre cualquier tipo de interés privado, eviten la interferencia de intereses particulares en la gestión pública del BCCR y el Conassif, y protejan los asuntos públicos de toda sospecha de imparcialidad”.
Según el acta de la Sesión 6058 de la Junta Directiva del BCCR, con fecha 28 de abril del presente año, la entidad aprobó una propuesta para modificar los descriptivos y perfiles de los puestos de Gerente, Subgerente y director del Departamento Secretaría General del banco, elaborada por su División Transformación y Estrategia y su Departamento de Calidad y Mejora Continua.
La modificación establece que “este puesto no debe estar a cargo de ninguna persona que sea accionista o miembro de las juntas directivas o de consejos directivos de las entidades sujetas a la supervisión o de las organizaciones gremiales que asocien a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, de la Superintendencia de Pensiones, de la Superintendencia General de Valores, de la Superintendencia General de Seguros, o cuando sus familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive, se desempeñen en cualquiera de los puestos mencionados, o ejerzan el puesto de Gerente General o su equivalente en las entidades mencionadas, debido a que esto representa una limitación para cumplir con las funciones que le corresponde ejecutar por cuenta de la Institución”.
Además, en los considerandos se citó expresamente la recomendación de la PEP: “De hecho, la Procuraduría de la Ética Pública, mediante el oficio AEP-AR-10-2012, del 30 de julio de 2012, analizó el caso concreto del Secretario General y concluye que podría representar posibles riesgos por el cargo desempeñado por su esposa como Directora Ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense. Ello llevó a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en el artículo 9 del acta de la sesión 5581-2013, celebrada el 23 de enero de 2013, donde resolvió, en firme, adoptar algunas medidas para reducir ese riesgo potencial”.
Y se agregó que “en vista de lo anterior y para mitigar de forma más clara el riesgo señalado por la Procuraduría de la Ética Pública, se propone modificar el descriptivo y perfil del puesto de los cargos mencionados, para incorporarle un nuevo requisito”.
“La implementación del cambio organizacional citado en el considerando anterior implica que, al aprobarse este requisito, el señor Jorge Monge Bonilla no puede continuar a cargo del puesto de director del Departamento Secretaría General, ya que no cumple con uno de los requisitos indispensables para ocupar el cargo”, concluye.
Posteriormente, según el acta de la Sesión 6059-2022, del 4 de mayo del corriente, la Junta Directiva resolvió “hacerle llegar al señor Jorge Monge Bonilla una constancia del más sincero agradecimiento por su extraordinaria labor como Secretario General del Banco Central de Costa Rica, desde 1999 a la fecha, y augurarle el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones al frente del Departamento de Relaciones Institucionales, adscrito a la División de Transformación y Estrategia”.
En esa misma sesión, se aprobó nombrar de manera interina en el cargo que dejaba Monge a Celia Alpízar Paniagua, quien era la directora del Departamento Planeamiento y Control de Gestión, adscrito a la División Transformación y Estrategia.
Monge también ocupaba un cargo similar en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif).
Alberto Dent, presidente de este Consejo explicó, ante la consulta de UNIVERSIDAD, que “los servicios de secretaría del Conassif son brindados por el BCCR, por lo que, en efecto, el señor Jorge Monge fungía como secretario del Consejo, sin embargo, por una decisión del Banco Central, dicho cargo está ocupado en forma interina por otra persona desde el 4 de mayo”.
En enero pasado, UNIVERSIDAD consultó a Cubero sobre la recomendación de la PEP y el funcionario respondió que “el BCCR la tomó con la mayor seriedad y adoptó varias medidas para abordar el tema”.
“Específicamente, la Junta Directiva, en el artículo 9 de la Sesión 5581-2013 del 23 de enero del 2013, dejó establecido que (el funcionario en cuestión) no deberá participar en la tramitación ni discusión de los siguientes temas: i) fijación de las tasas de referencia conocidas como tasa de política monetaria (TPM) y depósitos overnight (DON), ii) modificación o ajuste del régimen cambiario del país, iii) utilización de los denominados instrumentos temporales incluidos en los artículos 77 al 84 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley 7558, iv) modificaciones en el encaje mínimo legal, v) análisis de la propuesta del programa macroeconómico y vi) de cualquier otro tema que previamente haya sido calificado por la Presidencia del Banco como de contenido reservado y confidencial, dadas las consecuencias que pueden llegar a tener sobre las entidades que forman parte del sistema financiero del país”.
“Es decir, los temas en los que el señor Jorge Monge no deberá participar son aquellos que tienen un contenido de naturaleza confidencial y sobre los que las eventuales decisiones que se llegaren a tomar podrían afectar a entidades que forman parte de la ABC o a la Asociación misma. El acuerdo anteriormente mencionado sigue vigente”, añadió entonces.
Consultado en esta ocasión, Cubero reiteró que “la Junta Directiva del BCCR actuó oportunamente en respuesta a las recomendaciones de la Procuraduría de la ética Pública sobre este tema”.
“En setiembre del 2012, menos de dos meses después de que la PEP emitiera sus recomendaciones, encargó a la Asesoría Jurídica del BCCR para que revisara el tema. La Asesoría Jurídica rindió su criterio en diciembre de ese año y el mes siguiente la Junta Directiva emitió su resolución, acogiendo las recomendaciones de la Asesoría Jurídica, en la dirección de separar al señor secretario de la JD de la discusión de temas de contenido reservado y confidencial, dadas las consecuencias que pudieren llegar a tener sobre las entidades que forman parte del sistema financiero del país”, agregó.
“En abril de este año, en el contexto de un proceso de revisión de procesos internos y de transformación institucional, la Junta Directiva introdujo algunos requisitos para funcionarios de alto nivel, entre ellos, los asociados con potenciales conflictos de interés. Como parte de ese proceso, se trasladó al señor Monge al Departamento de Relaciones Institucionales”, concluyó.
También buscamos las reacciones tanto de Monge como de la ABC a la reestructuración realizada por el banco, pero dijeron no tener comentarios.
