El Banco Central de Costa Rica explicó este martes que los datos crediticios de empresas y personas costarricenses que se solicitaron a la Superintendencia General de Entidades Financieras desde noviembre pasado no son “datos sensibles” de acuerdo con la ley.
Igualmente, la entidad explicó que esas informaciones son necesarias para construir diversos datos estadísticos relevantes para la toma de decisiones de la economía nacional y recordó que la entidad siempre ha manejado y resguardado responsablemente este tipo de datos.
El banco realizó una conferencia de prensa para explicar por qué solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras datos individualizados y detallar cómo se usan esos datos.
Cabe recordar que UNIVERSIDAD confirmó que la jerarca de la mencionada superintendencia ya fue indagada penalmente por el delito de cohecho propio por parte de la fiscalía por no entregar la información solicitada (ver nota: Rocío Aguilar indagada penalmente tras negarse, por meses, a entregar datos al BCCR, a pesar de orden de Procuraduría).
Además, se le tramitan dos causas más, a saber: la 23-000234-1218-PE por aparente delito de tráfico de influencias y la 18-000159-1218-PE por aparente delito de influencia contra la Hacienda Pública.
Alonso Alfaro, economista jefe de la institución, explicó que, con base en lo establecido en la ley orgánica del banco y en la ley que regula el Sistema de Estadística Nacional, el banco usa información individualizada para analizar realidades económicas a la luz de datos sociodemográficos.
El funcionario explicó distintos casos en que se han cruzado bases de datos crediticios sin que se vulneren los derechos de la ciudadanía y explicó que están trabajando en un estudio sobre riesgo financiero de los créditos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, entre otros temas.
Este estudio, por ejemplo, solamente puede hacerse, dijo, usando datos individualizados pues, sin ellos, no es factible vincular la actividad económica de los deudores, su ubicación geográfica y su capacidad de pago.
El economista Welmer Ramos, quien ocupó distintos puestos en el BCCR por 25 años, dijo sobre el tema que, efectivamente, el órgano rector de la política monetaria siempre ha manejado este tipo de datos y que lo ha hecho apropiadamente.
Tanto es así, dijo, que durante las discusiones de fraude fiscal en años recientes, hubo insistencia por parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) de que fuera esa la entidad que manejara el Registro de Accionistas (de Transparencia y Beneficiarios Finales), justamente por su alta confiabilidad.
El problema, dijo Ramos, es que con las evidentes “puertas giratorias” entre las empresas y las instituciones reguladoras, es fácil que los intereses que defiendan esas entidades terminen siendo “los de los grupos financieros y no los intereses de la sociedad”.
Por su parte, Alfaro también retomó el criterio PGR-C-125-2023 de la Procuraduría General de la República que, por consulta de la misma Sugef, explicó que “existe una obligación de todas las personas e instituciones de brindar la información de interés estadístico requerida por las instituciones del Sistema de Estadística y en caso contrario se establece un régimen sancionatorio”.
La entidad dijo que “se debe entregar a las instituciones que forman parte del Sistema Nacional toda la información relacionada con operaciones crediticias en la medida que tenga un fin estrictamente estadístico y que no se trate de información sensible”, como en este caso.
Como si eso fuera poco, en el mismo criterio, la procuraduría dijo que “la ley regula una categoría propia para los datos referentes al comportamiento crediticio, separándolos de los llamados datos sensibles que tienen una protección especial”.
Además, indicó a Aguilar, que “los datos crediticios no quedan protegidos en la excepción contenida en el numeral 18 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, por no poder ser catalogados como datos sensibles”, que fue justamente lo que la jerarca argumentó para retenerlos.
Hacia el final de la conferencia del BCCR, Alfaro recordó que este banco “no está sujeto a instrucciones del Gobierno central en la materia de su competencia porque tiene autonomía y cuenta con independencia técnica y administrativa para realizar las funciones que le corresponden” y detalló que la Sugef es un órgano de desconcentración máxima del Banco Central, por lo que la información individualizada ya “se encuentra en poder de una entidad centralizada del Gobierno”.
Eso sí, dijo que existe la responsabilidad de segregarla o anonimizarla para fines estadísticos, “esto quiere decir los datos, la información y el análisis que se realiza y se presenta como información pública tiene que cumplir estas características de privacidad de la información”.
Rocío Aguilar indagada penalmente tras negarse por meses a entregar datos al BCCR, a pesar de orden de Procuraduría
Procurador general de la república confirmó que el pasado 17 de agosto sostuvo una reunión con la jerarca y tres de sus asesores para “comentar los alcances” del dictamen de la entidad sobre el caso.
Diputado Manuel Morales: bancos del país son resistentes a compartir información
Al igual que la negativa a brindar datos al Banco Central que ha trascendido en medios recientemente, dijo el diputado, aunque “en dimensiones muy distintas”, es evidente que los bancos no tienen voluntad de compartir información y eso es preocupante.
