La Ministra de Vivienda y presidenta del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Irene Campos Gómez, defendió esta tarde en la comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea Legislativa un proyecto que reforma la ley para otorgar bonos de reconstrucción de viviendas a alrededor de 600 familias que habitan las islas.
Se trata de los habitantes de islas Venado, Chira, Caballo, Cedros e Islita, de muy bajos recursos, y que han ocupado los terrenos durante mucho tiempo.
En noviembre de 2019 se aprobó la Ley 9779, que autorizaba al Banhvi a dar bonos de vivienda a los habitantes de estas islas sin necesidad de que tuvieran título de propiedad o posesión, creando un régimen especial.
Sin embargo, Campos explicó que dicha ley resulta insuficiente porque dice que el subsidio es estrictamente para la “remodelación, mejoramiento y reparación” de viviendas existentes, y no incluye construcción.
Quieren bonos de ¢15 millones
Según el proyecto de ley que se está proponiendo, no se consideró el costo de trasladar todos los materiales y obra a las islas; ni que las viviendas ya construidas están en mal estado en sus estructuras y que algunas están en tan mala condición, que estructuralmente no pueden repararse, sino que tienen que demolerse por seguridad y hacerse nuevas.
Campos precisó -ante consulta de los diputados – que cada bono de reparación y mejora es por ¢7.100.000; pero el bono por reconstrucción total es de ¢15.000.000, y el de reconstrucción parcial es de alrededor de ¢10.000.000.
“Consideramos fundamental que se agregue la posibilidad de la construcción, porque inclusive en algunas viviendas prácticamente lo que hay que hacer es una reconstrucción total y eso hace una gran diferencia en relación al monto disponible que podemos usar para la reconstrucción total de la vivienda”, dijo Campos.
“Una cosa son los bonos asociados a ampliación, reparación y mejora, de 7 millones cien mil, y otra cosa es cuando aplicamos artículo 59, que es el programa asociado a familias de menos recursos pero que requiere más de este monto”, argumentó la funcionaria.
Consultarán proyecto al IMAS
El Banhvi también quiere que se elimine la obligación de hacer un nuevo censo como requisito para levantar un padrón de posibles beneficiarios de un bono de vivienda porque dicen que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) no tiene los recursos para realizarlo a corto plazo.
Campos explicó que ellos -el Banhvi – ya hicieron el censo entre 2019 y 2020 y que solo les faltan las islas Islita y Cedros.
“Ya está aceptado y coordinado con el IMAS. Lo hicimos porque nos interesa mucho darle vivienda a esas familias en necesidad de las islas”, aseguró.
La comisión aprobó una moción para que el proyecto de reforma sea consultado al IMAS.
Necesitan dar concesiones individuales
Sin embargo, Campos señaló que, aún si se hicieran estas reformas, el Banhvi no podría dar los bonos de vivienda porque las municipalidades les solicitan permisos de construcción y por encontrarse en islas, cada permiso de construcción de cada vivienda requiere una concesión, la cual debe otorgar la Asamblea Legislativa de forma individual.
La jerarca solicitó ayuda a los diputados para este trámite e indicó que el Banhvi podía hacer el georeferenciado catastral y presentar a la Asamblea Legislativa el nombre de cada familia para que autoricen la construcción de estas viviendas.
“Recientemente tuve una conversación con un desarrollador que está interesado en la zona y le dije ‘presénteme cuanto antes lo que ya usted tiene listo para reconstrucción’, lo que pasa es que estamos con el escollo del permiso de construcción”, mencionó Campos.
Para poder recibir el bono, las personas deben probar que tienen una posesión de forma pública y pacífica por más de 10 años y que el terreno no esté en caminos públicos, parques nacionales, reservas forestales o la zona pública marítimo-Terrestre.
También se requiere un visto bueno otorgado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que indique que el terreno está fuera del patrimonio natural del Estado.
Campos reconoció que tendrán que desalojar a quienes estén habitando en zona pública o patrimonio natural del Estado y eventualmente reubicarlos dentro de la misma isla; “pero para eso vamos a tener un conflicto social, poner orden nunca es fácil”, expresó.
