El gobierno de Luis Guillermo Solís se enfrenta al dilema de mantener a toda costa y con respiración artificial al Banco Crédito Agrícola de Cartago, la entidad financiera estatal que cumpliría 100 años en 2018, sin haber aprendido aún a caminar por cuenta propia.
Bancrédito, el más pequeño de los bancos públicos nunca había aparecido tanto en la prensa como ahora; no por la proximidad del centenario, sino por los apuros para llegar vivo a cumplir su año número 100 y por los efectos económicos o políticos de una eventual reforma o extinción. Y mayo puede ser un mes crítico.
El banco creado por empresarios cartagineses durante la dictadura de Federico Tinoco, en la fase final de la I Guerra Mundial, para activar la economía agrícola de la provincia de Cartago, fue nacionalizado en 1948 y ahora vive el punto máximo de una crisis que tampoco es nueva, con un descalabro de sus ganancias (cayeron un 80% en 2016) y una morosidad de su cartera cercana al 3%, al borde de lo permitido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Se juntan ahora las consecuencias de una mala gestión interna, del mal aprovechamiento político histórico y la incapacidad de crear su propio mercado o experticia para justificar su existencia dentro de la estructura pública.
Como banco comercial ha resultado deficiente, pero tampoco se convirtió en banco de fomento ni supo hacer realidad su vocación agrícola; nunca apostó por una escala nacional pero tampoco fortaleció sus raíces cartaginesas, más allá de la conveniencia o no de tener un banco público centrado en una pequeña zona del país.
Para producir esta información, les preguntamos a políticos y economistas de distintos orígenes e ideologías cuál es el aporte actual de Bancrédito y nadie se atrevió a dar una respuesta favorable.
Y ante la pregunta, ¿qué pasaría si Bancrédito dejara de existir?, solo mencionaron la necesidad del Estado de cubrir las responsabilidades del banco y el futuro de una plantilla cercana a los 750 trabajadores. Se intentó entrevistar al gerente de la institución, Gerardo Porras, pero no hubo respuesta.
Los problemas acumulados de varios años amenazan con estallar en el Gobierno de Solís, cuya respuesta indica que hará todo lo posible por evitar que el legado del primer Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) incluya el cierre de un banco público, por más inútil que resulte en el contexto actual.
El recuerdo del cierre del Banco Anglo, hace dos décadas y en circunstancias distintas, sigue siendo un ejemplo para no repetir.
Bancrédito depende de los fondos que allí han colocado los dos “hermanos mayores” del Estado (bancos Nacional y de Costa Rica) así como las inyecciones de fondos del Gobierno central, pero también de otras entidades privadas ajenas a la directriz de salvamento emitida por Solís este siete de abril, diez días antes del relevo de todos los miembros de la Junta Directiva.
El decreto 071-P pretende mejorar la confianza en la institución, un valor central en el negocio bancario y de alta sensibilidad para los potenciales clientes en un mercado costarricense variado y competitivo formado por otros tres bancos públicos, diez privados, cuatro mutuales y más de 30 cooperativas. Hasta ahora ocupa el puesto once entre entes financieros, por activos (bienes o productos que generan réditos) cercanos a los ₵680.000 millones.
Bancrédito, sin embargo, posee la menor eficiencia operativa del mercado, concluyeron los autores de un informe de auditoría que utilizan los directivos del Banco de Costa Rica como un elemento más para decidir si continúan o no enviándole salvavidas a su “hermano menor”, donde tienen colocados $40 millones en certificados a plazo, algunos de ellos prontos a vencerse.
En febrero, su gerente general, Mario Barrenechea, dijo al diario La Nación que se negociaba “la última ayuda”.
La institución auditada no ha logrado crecer en ingresos por servicios y ha incrementado el gasto administrativo por encima de sus utilidades. Estas vienen a la baja en los últimos cuatro años, lo que muestra que tenía una alta dependencia de la comisión por el manejo del Fondo del Financiamiento para el Desarrollo (Finade), que en 2013 se trasladó al sistema de Banca para el Desarrollo.
En 2016 los auditores ya habían expresado que, de no adoptarse medidas de calado, se tornaría incierta la continuidad de Bancrédito como negocio en marcha. La posibilidad de cumplir con lozanía su centenario ya estaba lejos de los pronósticos. “La generación de utilidades (…) representa un nivel de incertidumbre material”, se lee en el informe.
En ese informe detallan que la rentabilidad financiera (reflejada en un indicador llamado ROE, por return no equity) deja mal parado a Bancrédito. Al comparar las ganancias sobre el patrimonio deparan un 0,4%, mientras que el parámetro para otros bancos públicos o privados oscila entre 5,27% y 15%.
Es decir, Bancrédito es por estos tiempos la casa de la ineficiencia, y tampoco cumple una función especial de desarrollo económico en sectores menos favorecidos, sea en su cuna cartaginesa o en el resto del país.
El diputado Mario Redondo, oriundo de esa provincia, sostiene que la entidad dejó de tener impacto en la región desde hace años y se fue convirtiendo en una “cofradía de intereses políticos” locales y desde la capital. “Los cartagineses no tenemos ahí un arraigo en estos tiempos”, opinó el legislador.
Una de las familias políticas tradicionales de Cartago es la de los Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN). El exdiputado Luis Gerardo Villanueva aceptó que el banco ha sido susceptible de intereses políticos, pero sostuvo que casi siempre estos estuvieron aparejados al poder en San José. Aceptó que dirigentes socialcristianos y liberacionistas tuvieron alguna influencia, pero descartó que haya participado su familia.
Distintos entrevistados expresaron, con la condición de no ser citados, que la influencia política pudo haber expuesto a Bancrédito durante varias administraciones a negocios desfavorables con clientes que no ofrecían suficientes garantías.
Su junta directiva, al igual que la de otros bancos estatales, la nombra el gobierno de turno, aunque en el caso de Bancrédito se ha aplicado un sesgo a favor de directores de origen cartaginés.
La excepción se dio esta semana pasada, cuando el Gobierno removió a sus siete miembros y nombró a personas con mayor experiencia en finanzas. También se anunció el cierre de seis sucursales y la salida del 5% de su planilla, pero la solución de fondo está aún lejana.
El Gobierno, en paralelo al depósito de ¢118.000 millones en certificados de depósito a plazo, plantea un proyecto de ley con la intención de transformar Bancrédito en un banco de fomento y desarrollo, sacándolo de funciones comerciales y enfocándolo en sectores productivos que están excluidos del sistema general.
Esta función sería similar a la del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD), pero su presidente, Juan Rafael Lizano, rechazó (en declaraciones a Diario Extra) la posibilidad de ser absorbido por Bancrédito, por considerar que caería en un aparato burocrático que ya ha demostrado incapacidad.
Ottón Solís, economista y diputado oficialista, expresó su previsión de que Bancrédito no sobrevivirá.
“Lamentablemente en este país algunos creen que el Estado es intocable, pero veamos que este banco tiene un costo relativo muy alto. El negocio bancario requiere escalas muy grandes. Desde que me acuerdo hay que meterle platas especiales y tareas al Bancrédito y esto hace que no se pueda decir que viva del negocio típico de un banco. Parece irónico, pero son sus competidores los que lo mantienen vivo”, dijo en alusión a los bancos Nacional y BCR.
Cualquier decisión profunda y controlada sobre Bancrédito debería pasar por una reforma legal a cargo de los diputados, algo poco probable en este año de cálculos electorales de cara a los comicios del 2018.
El banquero y economista Gerardo Corrales, exgerente de Bac San José y profesor en la Universidad de Costa Rica, mencionó como una posibilidad que unos de los dos bancos grandes del Estado absorban al menos parcialmente a Bancrédito.
“Lo que no se puede es pasar el problema a Hacienda, sabiendo que Bancrédito es un banco sin ventaja competitiva y sin una estructura especializada para diferenciarse, ni un conocimiento apto ni sistemas de información necesarios”, declaró Corrales, quien refutó las cifras dadas por el presidente Solís sobre el costo de un eventual cierre de Bancrédito.
El presidente Solís señaló, el 12 de abril, que el costo equivaldría a un 2% del PIB, cerca de $1.150 millones, aunque los cálculos de Corrales son sensiblemente menores y se aproximan a los $84 millones, equivalente al 0,15% del PIB.
“Quisiera pensar que no hay un cálculo de política electoral que lleve a tirar la pelota hacia adelante. Sin un plan estratégico definido, con una estructura de fondeo sumamente cara, una confianza resquebrajada y con una dependencia absoluta del margen de intermediación financiera sin prácticamente ingresos por comisiones o servicios y con poca presencia de banca personal o al menudeo, técnicamente es evidente que Bancrédito no puede seguir su operación, con el peligro de convertirse en un riesgo para la estabilidad del sistema financiero y de la economía en general”, escribió el banquero en un artículo de opinión.
Solís ha dicho de manera pública que el banco es salvable y que las consideraciones no pasan solo por la aritmética, pues piensa también en sus trabajadores, en las responsabilidades del banco y en los sectores productivos que asiste.
“Este asunto es bastante más complicado de hacer una declaración y pedir que se cierre”, expresó el presidente a manera de respuesta al diputado Solís, días después de que el Banco Nacional firmó con Bancrédito un convenio que le evitó caer en condición de irregularidad, según las reglas de Sugef.
Se trata de un depósito por ¢2.000 millones como adelanto del ingreso previsto por recaudación de impuestos de salida del país en el plazo hasta agosto del 2018. A cambio, el BNCR obtendría una parte de la comisión por recaudar ese tributo, aunque ese porcentaje no se dio a conocer.
El impuesto de salida es otro ejemplo de las tareas que el Gobierno le ha dado a Bancrédito de manera exclusiva, y que ha provocado trastornos cuando se le retira esa exclusividad, como ocurrió en 2015.
