La semana pasada, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) solicitó al Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) que avale el criterio de su director ejecutivo Miguel Aguiar sobre el proyecto de tasa de usura (expediente 20.861).
“El Lic. Aguiar ha externado públicamente criterios vinculados con ‘precio justo y banca ética’ -Semanario Universidad 06 de diciembre del 2019-, que hacen inferir un cuestionamiento respecto de la conducta de mercado, sin ningún soporte legal ni técnico que acuerpe sus aprensiones”, asegura la carta de la ABC.
La misiva está firmada por su presidente Álvaro Saborío da Rocafort con fecha 23 de enero. La comunicación está dirigida de forma expresa a la presidenta del Consejo Rector del SBD, Victoria Hernández, quien también es ministra de Economía y Comercio.
En la carta, Saborío solicita a Hernández “acceso a los criterios técnicos que respaldan la recomendación del señor Aguiar, en el Congreso, así como las evidencias de las presuntas faltas de ética de las entidades bancarias”.
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Abrir en una nueva pestaña La ABC explicó a la ministra de Economía que “más importante aún es de nuestro interés conocer si la posición de él es compartida y avalada por el Consejo Rector”.
Como parte de su lobby, un reportaje de UNIVERSIDAD confirmó que, entre octubre y noviembre del año pasado, la ABC visitó cuatro despachos de diputados relacionados con tres proyectos de regulación de crédito, entre ellos usura. En la comunicación con la Ministra de Economía, la ABC dice que representa “los 14 bancos públicos y privados que forman parte del Sistema Bancario Nacional”.
La ministra de Economía aseguró, por medio de su encargada de prensa “que su posición como presidenta del SBD es ver este tema en una próxima reunión con la totalidad de miembros del Consejo Rector”. La próxima reunión de los cinco miembros será el miércoles 12 de febrero.
UNIVERSIDAD buscó el criterio de Aguiar sobre la carta de la ABC; no obstante, no fue posible localizarlo.
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Banca para el Desarrollo presentó datos a Hacendarios
La carta de la ABC fue enviada antes de que el director del SBD, Miguel Aguiar, diera un informe a los diputados que estudian el proyecto de topes de usura. La ministra de Economía la recibió el viernes 24 de enero.
Aguiar asistió a la Comisión de Hacendarios para presentar los datos, el martes pasado.
Junto con los jerarcas del Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Aguiar fue partícipe de una mesa de trabajo para modificar la metodología del proyecto de ley, durante dos fechas en diciembre.
Cada jerarca ha sugerido una tasa de interés diferente para penalizar la usura en el crédito.
En el caso de la SBD, el director ejecutivo y un directora de riesgo ofrecieron un porcentaje menor del 35%.
Frente a los diputados, los funcionarios aseguraron que la pérdida estimada que calcula Sugef en su propuesta del 45% es “tan alto que, tanto las entidades, su equipo de riesgo, su gobierno corporativo, el gerente de crédito y la junta directiva están obligados a reaccionar, ver los modelos, revisarlos y corregirlos inmediatamente”.
“No estamos de acuerdo que vía tasa de interés se financien las ineficiencias”, aseguró Aguiar, el martes.
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No obstante, tal y como lo hace la ABC, la posición de los funcionarios de Banca para el Desarrollo también fueron cuestionados en la Comisión de Hacendarios.
En la audiencia del miércoles, la diputada socialcristiana María Inés Solís preguntó sobre la ausencia de Aguiar a la directora de riesgo del programa, Marlene Villalobos.
“Me enteré extraoficialmente que la posición que don Miguel vino a dar ayer, dando un número del 30%, no es la oficial de Banca para el Desarrollo. Le he hecho llegar una nota a doña Victoria Hernández, ministra de Economía, presidenta del SBD, para que me confirme el dato. ¿Es una posición oficial del SBD o es una posición personal de quienes vinieron a dar el dato”, afirmó Solís.
La directora de riesgo respondió que “el criterio técnico es de la Dirección de riesgo, de todo el equipo y fue avalado por la Dirección ejecutiva; trabajó el área de Estrategia digital con los datos y se valoró, a través de un equipo técnico de la Secretaría técnica”.
“Todo está en función de lo que dice la ley, lo que dice la normativa, y lo que dicen las políticas y acuerdos del Consejo Rector”, afirmó Villalobos.
Anteriormente, Solís presentó 42 mociones para modificar el proyecto de usura. Precisamente, 22 de las mociones fueron retiradas para convocar en audiencia a Sugef, Banco Central y Banca para el Desarrollo.
