País

Bancos llevarán a los tribunales la fijación de comisiones realizada por el BCCR

El Banco Central declaró “sin lugar” la recusación presentada por la Asociación Bancaria Costarricense y fijó por segunda ocasión las comisiones por uso de tarjetas.

Los bancos públicos y privados integrantes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) anunciaron la semana pasada que continuarán en los tribunales su esfuerzo por revertir la segunda fijación de comisiones máximas por el uso de tarjetas realizada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en acatamiento de lo que le indica la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas (N°9831), aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2019.

Antes de establecer los nuevos topes a las comisiones —que fueron publicadas en La Gaceta del viernes pasado—, el BCCR sacó a consulta de los bancos y otras entidades interesadas el criterio técnico elaborado por su División Sistemas de Pago. Sin embargo, la ABC presentó una recusación argumentando que existe un conflicto de intereses, pues aquella también administra a su competencia, que es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).

La Junta Directiva del BCCR, por su parte, declaró “sin lugar” la recusación y estableció las nuevas comisiones.

“Las tarifas que fijó el Banco Central son contrarias a la Ley de Comisiones Máximas del  Sistema de Tarjetas y al Tratado Sobre Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores de Centroamérica y República Dominicana suscrito por Costa Rica”, reaccionó la ABC en un comunicado de prensa.

Por su parte, Mario Gómez, su asesor legal, dijo a UNIVERSIDAD que la estrategia de su representada es dilucidar el caso ante los tribunales.

“Usted no puede obligar a una institución financiera y menos a una institución pública a que preste un servicio perdiendo. El tema más importante para nosotros es que produce más exclusión de personas y de pequeñas empresas y emprendimientos, cuando la necesidad de la recuperación económica y del empleo es imperiosa”, agregó (ver el recuadro).

Consultado por UNIVERSIDAD sobre si la nueva fijación de comisiones máximas podría poner en riesgo las finanzas de los bancos, Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, respondió que “los ingresos por comisiones de tarjetas representan un bajo porcentaje de los ingresos totales del sistema bancario nacional”, equivalentes a un 2,7%. Sin embargo, agregó que en el 2020 “los ingresos totales del sistema bancario nacional cayeron en 25,4%” (ver el recuadro).

También solicitamos una opinión a la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández. Su despacho respondió que “en el marco de las competencias de cada entidad, el MEIC ha sido respetuoso del proceso interno seguido por el BCCR”.

Añadió que el MEIC remitió su criterio en la fase de consulta realizada por el banco.

Por otra parte, Erick Ulate, representante de la Asociación de Consumidores de Costa Rica (ACCR), dijo reconocer “el derecho de la ABC para presentar este tipo de acciones, pero es claro que no estamos de acuerdo con las mismas”.

Erick Ulate, de la ACCR: “Reconocemos el derecho de la ABC para presentar este tipo de acciones, pero es claro que no estamos de acuerdo con las mismas”. (Foto: Cortesía de la ACCR).

“Se aprobaron las nuevas comisiones para el 2022 y la ruta de baja de las comisiones hasta el 2024. Si bien estamos de acuerdo con la rebaja, aspiramos a que las mismas bajen de manera más rápida”, añadió.

Las nuevas comisiones máximas para el sistema de tarjetas de pago entrarán a regir el próximo 14 de marzo.

CONFLICTO APARTE

UNIVERSIDAD también consultó a la ABC y al BCCR sobre otro aparente y más antiguo conflicto de intereses que involucraría a ambas organizaciones.

Se trata del hecho de que el funcionario Jorge Monge Bonilla, director de la División Secretaría General del BCCR y quien también ocupa un cargo similar en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), es cónyuge de la directora Ejecutiva de la ABC.

Sobre el caso, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) emitió, en el 2012, el documento AEP-AR-10-2012, en el cual plantea al BCCR que “se valore la posibilidad de tomar medidas preventivas, que garanticen en el caso examinado, en forma efectiva, la prevalencia del interés público sobre cualquier tipo de interés privado, eviten la interferencia de intereses particulares en la gestión pública del BCCR y el Conassif, y protejan los asuntos públicos de toda sospecha de imparcialidad (sic)”.

Consultado sobre el tema, Cubero respondió que el oficio de la PEP fue “una recomendación no vinculante”.

“No obstante, el BCCR la tomó con la mayor seriedad y adoptó varias medidas para abordar el tema. Específicamente, la Junta Directiva, en el artículo 9 de la Sesión 5581-2013 del 23 de enero del 2013, dejó establecido que (el funcionario en cuestión) no deberá participar en la tramitación ni discusión de los siguientes temas: i) fijación de las tasas de referencia conocidas como tasa de política monetaria (TPM) y depósitos overnight (DON), ii) modificación o ajuste del régimen cambiario del país, iii) utilización de los denominados instrumentos temporales incluidos en los artículos 77 al 84 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley 7558, iv) modificaciones en el encaje mínimo legal, v) análisis de la propuesta del programa macroeconómico y vi) de cualquier otro tema que previamente haya sido calificado por la Presidencia del Banco como de contenido reservado y confidencial, dadas las consecuencias que pueden llegar a tener sobre las entidades que forman parte del sistema financiero del país”.

“Es decir, los temas en los que el señor Jorge Monge no deberá participar son aquellos que tienen un contenido de naturaleza confidencial y sobre los que las eventuales decisiones que se llegaren a tomar podrían afectar a entidades que forman parte de la ABC o a la Asociación misma. El acuerdo anteriormente mencionado sigue vigente”, añadió Cubero.

También afirmó que Monge “no participó en la tramitación de la recusación presentada por la ABC, ni tampoco en la discusión para la fijación de las comisiones máximas para el sistema de tarjetas, la semana pasada”.

Del lado de la ABC, Gómez dijo a UNIVERSIDAD que “la gran diferencia que se da en los dos casos es que, en el caso específico de esta fijación, los funcionarios del BCCR que debieron de abstenerse de acuerdo con la ley no lo hicieron. Y no solo no lo hicieron, sino que ellos fueron los que hicieron la fijación. La Junta Directiva prácticamente lo que hace es aprobar lo que ellos suscribieron”.

Agregó que “en el caso del Secretario del BCCR, nosotros tenemos conocimiento, por las declaraciones que hizo el presidente del BCCR, de que cuando hay casos que pueden involucrar a la ABC, este señor se abstiene, sale y no participa, porque los conflictos de interés están regulados debidamente en el banco en las mismas normas internas que tienen ellos. En este caso, los funcionarios del BCCR las están incumpliendo y nosotros así lo señalamos”.

A su vez, Monge dijo a este semanario que “la Junta Directiva del BCCR tomó en consideración las recomendaciones de la PEP y dejó establecidos los temas en los cuales no participó, tanto en su trámite como en su discusión. (Lo anterior) sigue vigente y en total cumplimiento”.

Finalmente, la ACCR dijo a UNIVERSIDAD que “solicitó, de manera formal a inicios de esta semana, a la Junta Directiva del BCCR, que nos informe de las acciones concretas para atender el informe (de la PEP) mencionado, el cual ya era de nuestro conocimiento. Estamos a la espera de la respuesta del banco para decidir las acciones a seguir”.


Rodrigo Cubero, presidente del BCCR: “En el 2020, los ingresos totales del sistema bancario nacional cayeron en 25,4%”. (Foto. Katya Alvarado).

Rodrigo Cubero, presidente del BCCR

“Cada punto base de comisión generó a los bancos ingresos brutos por ¢653,4 millones”

Dadas las menores ganancias obtenidas por los bancos durante la pandemia y la existencia de una posible “mora encubierta”, una disminución de los ingresos de los bancos por las comisiones de las tarjetas ¿podría colocarlos en situaciones riesgosas?

—Los ingresos por comisiones de tarjetas representan un bajo porcentaje de los ingresos totales del sistema bancario nacional. De acuerdo con cifras a noviembre del 2021 proporcionadas por la Sugef, los ingresos del sistema bancario nacional por comisiones de tarjetas acumulados a noviembre del 2021 representaron un 2,7% de los ingresos totales del sistema.

Esa participación, sin embargo, creció en el último año en medio punto porcentual en relación con el 2020, pues mientras los ingresos por comisiones de tarjetas se redujeron en 10,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, en ese mismo periodo los ingresos totales del sistema bancario nacional cayeron en 25,4%.

¿Puede darnos una estimación de los ingresos brutos de los bancos por cada punto base de las comisiones?

—Con base en información proporcionada por los proveedores de servicios de adquirencia, los ingresos por dichas comisiones en el año 2020 fueron de ¢175.760 millones, lo que equivale a 2,69% del valor total de las ventas en las que medió un pago por tarjeta. Por tanto, cada punto base de comisión por los servicios de adquirencia generó ingresos brutos por ¢653,4 millones en el 2020.

La primera fijación de comisiones máximas para el sistema de tarjetas por parte del BCCR entró en vigencia a finales de noviembre del 2020. Por lo tanto, abarcó apenas un corto lapso del año 2020. El BCCR no dispone de la información correspondiente al año 2021.


“¿Cómo va a compararse el nivel de profundización e inclusión financiera de Jordania y Pakistán con el de Costa Rica?”, preguntó Mario Alfaro, asesor legal de la ABC. (Foto: Cortesía de la ABC).

Mario Gómez, asesor legal de la ABC

“Es sesgado, lleno de arbitrariedades y de falencias”

¿Por qué la ABC recusó al personal de la División Sistemas de Pago del BCCR?

—La recusación hay que verla dentro de una acción global que la ABC ha determinado y que es ir a los tribunales de justicia, a la vía contenciosa, a discutir la fijación que pretende el BCCR.

Para hacer esto, desde el punto de vista legal y procesal hay fases que hay que ir evacuando. Esta de la recusación es una.

Además de que la fijación que se pretende hacer tiene ilegalidades, el tema más importante para nosotros es que produce más exclusión de personas y de pequeñas empresas y emprendimientos cuando la necesidad de la recuperación económica y del empleo es imperiosa.

¿Puede darme un ejemplo de las ilegalidades que habría?

—Por ejemplo, usted no puede obligar a una institución financiera y menos a una institución pública a que preste un servicio perdiendo. Y el BCCR, en las conversaciones que hemos tenido, ha reconocido que las tarifas que se establecen para las tarjetas que usan los turistas aquí son deficitarias, producen pérdidas. Entonces, las instituciones financieras van a tener que empezar a reducir el servicio que prestan en ese sentido al país y que en este momento es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Es una ilegalidad evidente, clara.

Pero ese documento del BCCR estaba en consulta. ¿Por qué deciden ir a los tribunales?

—Porque hay un problema de carácter estructural y de legalidad también. El documento que fue preparado por la División Sistemas de Pagos, que es la base de la fijación, es sesgado, lleno de arbitrariedades y de falencias.

Tuvimos conversaciones con el BCCR y este en forma verbal rechazó cada una de esas observaciones. Entonces, examinando la doctrina, nos encontramos que una de las causas es de carácter estructural, que es la que planteamos en la recusación: el BCCR firmó el Convenio Internacional para la Regulación de los Sistemas de Pagos y lo refrendó la Asamblea Legislativa.

Ese Convenio dice que si un banco central habilita un sistema de pagos, tiene que separar de la unidad que lo administre la parte de regulación, porque si no se daría un conflicto de intereses. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento aquí. Lo mismo dicen las recomendaciones del Comité de Basilea.

Es más, el BCCR, en su documento de motivación dice que sí, que está claro que, por ejemplo, va a haber exclusión en las tarjetas de débito. Pero después dice: “Pero, yo lo voy a absorber con el Sinpe”. O sea, son cientos de miles de personas que usan tarjetas de débito que, si se mantiene lo que está establecido, van a quedar excluidas del sistema. Y no estoy hablando de crédito, sino de débito.

En el pasado, ya nosotros hicimos estas advertencias en relación a las “tasas de usura” y el BCCR reconoció, recientemente, que 180 mil personas quedaron excluidas, no es teoría.

Lo que estamos planteando es que es inconveniente, que hay una oportunidad de mejora —que ojalá el BCCR no la desperdicie, parece que lo está haciendo— en separar la parte de regulación de la parte de operación.

¿No es un problema de la ley misma?

—En ninguna parte de la ley usted va a encontrar que diga que el departamento del sistema de pagos es el que tiene que regular, además de operar, a sus competidores. Por el contrario, hay un instrumento de nivel constitucional, un convenio internacional, que es superior a la ley, que dice todo lo contrario.

La ley aprobada dice que la metodología que se utilice para el cálculo de la fijación debe ser la del estándar internacional. En la primera fijación —y lo refrendan en la segunda fijación— ellos dicen que existen dos metodologías que son de estándar internacional, pero no las quieren usar.

Una es basada en costos —veamos cuáles son los costos en Costa Rica y le calculo un margen—, pero ellos dicen que van a basarse en un promedio. Y para que vea el nivel de arbitrariedad, en el caso de las tarjetas internacionales, que es uno de los campos más importantes porque afecta directamente al turismo, dicen que los únicos tres países que lo regulan son Jordania, Pakistán y Argentina, entonces sacaron el promedio de esos tres países. ¿Cómo va a compararse el nivel de profundización e inclusión financiera de Jordania y Pakistán con el de Costa Rica o con todos los problemas que tiene el de Argentina? Además de eso, es un promedio de tres.

Nosotros lo que estamos defendiendo no es solo a los bancos, sino el interés público. El sector turismo es importantísimo.


Suscríbase al boletín

Ir al contenido