El Grupo Financiero BCT aprobó fideicomisos por ¢7.777 millones a cuatro partidos políticos para las elecciones presidenciales de 2018, mientras el Banco Promérica, por ¢3.349 millones, a dos partidos. Para las recientes elecciones municipales, BCT financió con ¢3.700 millones y Promérica, con ¢1.400 millones, según información del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
De acuerdo con representantes de los partidos políticos, BCT y Promérica fueron los únicos bancos que accedieron a darles financiamiento en un momento en que las deudas de ciertas agrupaciones han hecho que suban las tasas de interés por el riesgo de desembolso para los bancos.
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En Costa Rica se estableció el financiamiento público de los partidos políticos, con el fin de impedir que estos reciban dineros que influyan en sus acciones al provenir de grupos de poder económico, corporaciones extranjeras o del narcotráfico”.
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El financiamiento por medio de la figura del fideicomiso permite a estos bancos privados prestar a los partidos políticos para cubrir sus gastos de campaña electoral. Posteriormente, estos hacen un reintegro a los bancos con la transferencia de fondos públicos que reciben de la deuda política.
Este modelo está dejando grandes ganancias en intereses y otros rubros a la banca privada (ver cuadros). Los partidos están, así, sujetos a un sistema financiero que, para cuidar sus propias inversiones, define con qué partidos negocia, a partir de recursos como las encuestas, que podrían ser calificados de arbitrarios, explicó el politólogo Sergio Araya, quien agregó que ello genera mayor inequidad en la contienda electoral, con los instrumentos que pueden ser cuestionables y falibles.
¿CÓMO SURGEN LOS FIDEICOMISOS?
En Costa Rica, el sistema de financiamiento de partidos y campañas electorales es mixto, pues permite donaciones de actores privados (personas físicas) y el aporte estatal.
Sin embargo, la forma en que se operativiza este último provoca que se dependa mucho de aportes de privados, explicó Araya.
El analista destacó que por ser campañas prolongadas y encarecidas por los rubros de pauta publicitaria en medios de comunicación y propaganda, los partidos necesitan tener liquidez financiera antes de las elecciones.
En 2013, el TSE emitió una resolución que aclaró que los partidos podían negociar con entidades financieras y así surgen estos fideicomisos.
Los partidos políticos son los fideicomitentes; es decir, el cliente que saca el fideicomiso para la campaña. Todos los partidos han establecido sus fideicomisos con COFIN S.A., que es el fiduciario, encargado de administrar los activos y el titular del patrimonio. Y los bancos son los fideicomisarios, los que reciben el beneficio derivado del fideicomiso.
“SU NEGOCIO ES PRESTAR”
La tesorera del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, dijo que “los (bancos) nacionales, por un acuerdo de ellos, una política interna, no prestan a los partidos políticos, cosa que me parece extraña siendo los bancos del Estado. De todos los bancos privados a los que fuimos ninguno demostró interés, excepto BCT, y por eso es que ha sido el banco con el que hemos trabajado todos los partidos políticos”.
“Es un banco que, diay, su negocio es prestar y trabajan con cualquier partido, siempre y cuando tengan todos los requisitos y cumplan con todo lo que establece la SUGEF”, continuó.
Para las elecciones municipales de este año, además del fideicomiso de ¢2.000 millones con el BCT, el PLN obtuvo un crédito con cédulas hipotecarias (título financiero que reconoce una deuda pagando un interés fijo) con el Banco Cathay por ¢280 millones y un crédito “back-to-back” (garantía líquida) con la Financiera Desyfin por ¢80 millones.
El presidente del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Randall Quirós, recalcó que “sólo el Banco BCT ofreció financiar a dos partidos políticos, que fueron el PUSC y PLN”.
Este medio preguntó al Partido Acción Ciudadana (PAC) sobre las razones de su escogencia del BCT y las facilidades que les daba este banco, pero no fue posible obtener una respuesta antes de la fecha de cierre.
Para la campaña electoral de 2018, el Frente Amplio fue al Banco de Costa Rica y recibió una respuesta negativa, lo que les sorprendió porque les dieron varios préstamos para comicios anteriores y todos fueron cancelados de forma oportuna sin ningún incumplimiento. Fueron al Banco Nacional y al Banco Crédito Agrícola de Cartago y les dijeron que no darían préstamos a los partidos políticos.
“Ante tal situación de los bancos estatales, por lo demás incomprensible y dañina para la democracia, no quedó otro camino que recurrir a la banca privada”, informó el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
La tesorera en ese momento, Marjorie Montes Guevara –ya fallecida–, hizo contactos infructuosos con los bancos de San José e Improsa. Finalmente, el Banco BCT accedió a reunirse; sin embargo, la gerencia del BCT les alegó que las encuestas no les daban suficientes votos para asegurar el pago del préstamo por ¢500 millones que solicitaban. Bajo el supuesto de que conseguirían al menos un diputado “los banqueros accedieron a un préstamo por ¢300 millones”.
ALTAS TASAS DE INTERÉS
Estos préstamos están dejando grandes ganancias a las entidades financieras, reflejadas en intereses y otros rubros, como muestran los cuadros.
Se le consultó al BCT y a Promérica cuáles facilidades daban a los partidos políticos en los fideicomisos otorgados.
Banco Promérica indicó en una comunicación que no podían referirse a asuntos de sus clientes debido a la confidencialidad de sus procesos bancarios.
Natalia García, gerente de Mercadeo y Asuntos Corporativos del Grupo Financiero BCT, confirmó que efectivamente brindan a los partidos políticos la opción de crédito o financiamiento a través de fideicomisos, como lo establece la legislación, y que para las elecciones de 2018 se usó la Tasa Básica Pasiva + 8,25% y en las municipales de 2020 se usó la Tasa Básica Pasiva + 10,05%.
García aclaró que se cobra una comisión de desembolso, la cual fue de 1% en 2018 y de 0,25% este año. “Como los partidos políticos no tienen flujo de efectivo, BCT mantiene en una cuenta el monto correspondiente a los intereses del crédito y se va pagando mensualmente a la operación de crédito”.
“En caso de que un partido pague el crédito anticipadamente, el monto que no se haya aplicado a intereses es devuelto al partido político”, agregó.
Con respecto a las recientes elecciones municipales, Randall Quirós contó que el BCT les cobró por adelantado un año de intereses, que es lo que tarda aproximadamente el TSE en aprobar la liquidación de la campaña. En el caso del PUSC, el fideicomiso fue de ¢1.300 millones. “Al final, descontando los intereses, comisiones, honorarios, etc., nos quedaron ¢980 millones”, informó.
Paulina Ramírez explicó que las tasas de interés han aumentado por el factor riesgo. “El riesgo ha venido aumentando porque algunos partidos, no Liberación Nacional, han quedado con deudas ante los bancos y eso ha generado que los partidos políticos entremos en una situación de riesgo más alta que cualquier otra organización”, afirmó.
ORIGEN DE LOS DINEROS
En Costa Rica se estableció el financiamiento público de los partidos políticos, con el fin de impedir que estos reciban dineros que influyan en sus acciones al provenir de grupos de poder económico, corporaciones extranjeras o del narcotráfico; además de que se pretendía más equidad en la competencia electoral.
Se consultó al TSE cómo verifica el origen de estos recursos que componen los fideicomisos. Ronald Chacón, jefe del DFPP, aclaró que como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) regula y supervisa la actividad bancaria, esta entidad es la encargada de fiscalizar las operaciones y actividades de estos bancos, incluyendo sus flujos de capital financiero.
“Este departamento no cuenta con atribuciones jurídicas para indagar la composición del capital bancario privado o el nombre de los accionistas o dueños de los bancos privados, o sobre la insuficiencia patrimonial de la entidad bancaria”, añadió Chacón.
Por su parte, el superintendente de la SUGEF, Bernardo Alfaro, comunicó que “las entidades financieras realizan los negocios financieros con los partidos políticos con los recursos provenientes de su actividad de intermediación financiera, como lo haría con cualquier otro cliente de la entidad financiera”.
UNIVERSIDAD consultó a la SUGEF qué seguimiento daba a los fideicomisos otorgados por Corporación BCT y Banca Promérica y si existían reportes de irregularidades.
“La Superintendencia ha revisado los análisis que realizaron las entidades para aprobar los créditos, y se ha dado seguimiento a las gestiones realizadas por estos previo a las elecciones y posteriormente, con la recuperación del financiamiento, incluidas las modificaciones en las condiciones de pago ante atrasos en la cancelación de la deuda política por parte del TSE”, respondió Alfaro.
A lo anterior agregó que “La SUGEF, en el ejercicio de sus funciones, realiza una valoración de las actividades de las entidades en general, pero por la obligación de guardar la confidencialidad de los datos de las entidades financieras, que nos ordena el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central, nos vemos imposibilitados de suministrar información”.
Alfaro fue enfático en lo siguiente: “A la SUGEF no le corresponde por ley garantizar al Tribunal Supremo de Elecciones sobre el origen de los recursos ni sobre la licitud de los dineros que las entidades financieras supervisadas prestan a los partidos”.
LAS FRANJAS HORARIAS
El Grupo Financiero BCT está compuesto por el banco, BCT Arrendadora, puesto de bolsa, sociedad de fondos de inversión, centro de servicios corporativos y BCT Bank International. Su junta directiva está integrada por el exministro de Hacienda y presidente del medio CRHoy Leonel Baruch, quien junto con Marco Vinicio Tristán es fundador y accionista mayoritario. A ellos se suman Antonio Burgués, Tomás Dueñas, Hernán Sáenz, Allan Boruchowicz, Eduardo Madriz, Pedro Joaristi, Hugo Scaglietti, Osvaldo Mora, Álvaro Saborío, Ariel Vishnia, Verny Huertas, Gabriela Burgués, Roberto Anguizola, Raúl Jiménez, Edelmiro García y Beatriz Galindo, según el informe de gobierno corporativo.
El equipo gerencial de Banco Promérica está integrado por John Keith Sánchez (gerente general y presidente ejecutivo), Luis Carlos Rodríguez Acuña (subgerente de Finanzas y Operaciones), Federico Chavarría Vargas (subgerente de Negocios) y Anyel Rodríguez Rojas (auditor interno).
Se han planteado iniciativas que abordan este tema del financiamiento de los partidos políticos. Araya mencionó algunas. Una es acortar los períodos de las campañas electorales. Otra es que el TSE asuma ciertos rubros logísticos del proceso electoral –hoy en manos de los partidos– para bajar costos. Otra es incorporar la figura de las franjas horarias.
El TSE ha propuesto esto en el pasado, pero los diputados lo han rechazado. Se da en otros países y significa que el TSE administra directamente la pauta en los medios de comunicación, uno de los rubros que más dispara los gastos en las campañas, y lo entrega en condiciones de equidad a todos los partidos que intervienen en un proceso electoral.
En el despacho del diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, se redactó un proyecto en este sentido, el cual será presentado en las próximas semanas, se indicó a UNIVERSIDAD.
Según el borrador del proyecto “Reforma al Artículo 96 del Código Electoral, Ley 8765, para la creación de las franjas electorales”, se propone usar el mecanismo del adelanto de la contribución estatal a los partidos políticos, con el fin de aumentar su porcentaje para crear las llamadas franjas electorales de publicidad.
Las franjas electorales son espacios gratuitos concedidos en los medios de comunicación a todos los partidos que participan en un proceso electoral y el FA propone que el TSE pague por estos espacios y los reparta. Para distribuir la pauta publicitaria, se usaría un método que combina la fuerza electoral de los partidos –según su representación parlamentaria– y la distribución equitativa entre todos los partidos nacionales y provinciales que participen en los procesos electorales.
El proyecto propone que los partidos puedan recibir de forma anticipada hasta un 50% del monto total que se determine como contribución estatal (“deuda política”). Un 80% del anticipo será administrado por el TSE para la compra y pago de pauta publicitaria en empresas nacionales de comunicación colectiva de televisión, radio y prensa, incluyendo los medios digitales. Un 20% podrá ser recibido por los partidos, previa rendición de las garantías líquidas suficientes.
