¿Cuántos deudores caben en un crédito para comprar una refrigeradora? Cabemos mi familia, yo ¿y los 733.200 expedientes que esperaban cobro judicial hasta setiembre del año pasado?
Según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), un poco más del 25% de los créditos de consumo que otorgan ocho grandes bancos no se pagan. Sugef usó las tasas más altas de impago en su cálculo para minimizar la “exclusión financiera” dentro de la fórmula que entregó a los diputados de la Comisión de Hacendarios, a fin de calcular una tasa penal de usura.
En las cifras entregadas, los porcentajes más altos de impago provienen de créditos de consumo, créditos personales empresariales y tarjetas de crédito. Mientras, los que tienen probabilidades más altas de ser pagados son los créditos empresariales en moneda extranjera y de vivienda.
“Esto ocurre porque esos créditos (consumo, personales empresariales y tarjeta) son usualmente otorgados sin garantías reales y a tasas relativamente más altas. Cuando un deudor pierde su trabajo o se endeuda más allá de lo debido, estos son los préstamos que deja de atender con mayor prontitud, precisamente porque no está exponiendo ningún bien patrimonial que haya cedido en garantía y porque al ser alta la tasa son los que más comprometen el flujo de caja”, explicó el superintendente de la Sugef, Bernardo Alfaro.
Dentro de las mismas cifras que estudian los diputados de la Comisión de Hacendarios desde diciembre, un mismo banco —con entidad protegida para asegurar así la protección de su estrategia comercial— tiene un impago de 25% en créditos de consumo (o sea, préstamos de corto o mediano plazo para pagar por bienes como electrodomésticos o servicios); 27% en préstamos personales empresariales (es decir, en el que el deudor es una persona, no una empresa) y 22% en tarjetas de crédito.
“El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea da parámetros: uno puede tener una pérdida esperada siempre y cuando demuestre la sostenibilidad del negocio. Un 25% no es una pérdida esperada sino una actividad meramente especulativa, que está prohibida en el sistema financiero”, opina el legislador Welmer Ramos, miembro de la Comisión de Hacendarios y quien impulsó junto con David Gourzong el expediente 20.861, conocido como el proyecto de usura.
Estos porcentajes, en realidad, no son anormales en la operación crediticia nacional.
Para Alfaro, responden a la estrategia que tienen las entidades con su oferta de crédito.
“Eso lo que significa es que está atendiendo segmentos de alto riesgo con algunos de sus productos. Segmentos de alto riesgo suelen ser personas con ingresos inestables (no asalariadas), con baja escolaridad, que trabajan en sectores con fuerte estacionalidad en los ingresos, que no cuentan con garantías reales, etc. Esas ‘pérdidas esperadas’ (PE) son cubiertas mediante el cobro de tasas de interés aún más altas”, explicó el superintendente.
A la fecha, el estudio de cuán riesgoso es un crédito corresponde a la entidad que presta el dinero.
“Si la entidad le aprueba el crédito, significa, en teoría, que la valoración que realizó de su capacidad de pago demuestra que es apta para honrarlo adecuadamente”, afirmó Alfaro.
¿Quién puede honrar un crédito?
Hasta ahora, no hay forma de castigar los créditos que exceden tasas de crédito. Pese a que es un delito penal (artículo 243 del Código Penal), los tribunales no tienen montos de referencia para saber cuánto cobra un crédito usurero.
No obstante, las entidades de crédito sí cuentan con referencias para determinar qué constituye un crédito riesgoso para sus carteras.
El acuerdo Sugef 1-05, Reglamento para la calificación de deudores, establece que las entidades deben estimar el riesgo del deudor, sea una persona o una empresa, con la misma información que aportan las instituciones miembros del Sistema Financiero Nacional (que excluye las entidades que no supervisa Sugef: los prestamistas informales, las empresas que venden a crédito sus productos y, también, las casas comerciales de créditos expeditos).
Hay tres indicadores que utilizan para el cálculo: capacidad de pago (cuánto dinero o garantías tiene para solventar la deuda), el comportamiento de pago histórico (que calcula, a su vez, el máximo de días de atraso y el promedio de días de atraso) y la morosidad actual.
“Cuando un banquero analiza un sujeto de crédito acude a la central de información de deudores, el Centro de Información Crediticia, para ver las deudas que tiene esa persona con el sistema. Lamentablemente, hasta hoy, esa central no incluye todas las deudas de la persona: ni las deudas comerciales que la persona tenga con almacenes de electrodomésticos ni mucho menos las deudas que tenga con financieras no reguladas”, aseguró el economista y exgerente general de Bac San José, Gerardo Corrales.
Corrales sostiene que existe un riesgo de “exclusión” en el cálculo erróneo de la tasa usura.
Sin embargo, contra este argumento, otros economistas argumentan que los 733.000 expedientes en cobro judicial representan, por sí mismos, la exclusión de un gran porcentaje de la población que trabaja y que, con una regulación justa, podría ser sujeto de crédito.
¿De qué sirve bancarizar a una población de alto riesgo si va a colapsar en deudas?
“Todo está concatenado”, responde Corrales. “Nada hacemos con bancarizar si estamos sobreendeudando a la gente, más bien le estamos causando un perjuicio”.
Sus sugerencias son que se amplíe y fortalezca la base de datos del Centro de Información Crediticia tal y como está contemplado en otros dos proyectos de ley que estudian los diputados (el 21.650 y el 21.651) y que existan montos máximos de “apacalancamiento”, es decir, sugiere que las personas no deberían endeudarse por un monto superior al 40% de sus ingresos.
Por otro lado, Corrales también pide que la banca pública entre a jugar contra la oferta del mercado “oligárquico” de las tarjetas de crédito.
Los créditos más riesgosos: las tarjetas
Sugef dice que la pérdida por incumplimiento para las tarjetas, en realidad, suele calcularse en un 100% porque “no hay colateral, y la posibilidad de recuperación es casi nula”.
El último estudio trimestral de tarjetas de crédito del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) afirma que los ticos adeudamos ¢1.418.138 millones en saldos de tarjetas.
La mayoría de tarjetas de crédito de bancos privados están colocadas en tasas de interés del 45% al 49,9% (las cifras al 31 de julio del 2019 describen que un 69,9% de las tarjetas tienen esas tasas).
“Es absurdo y no es sostenible. Hay tarjetas de crédito del sector cooperativo que tienen una tasa de interés menos del 10% anual. Si vos considerás el costo de operación como un elemento clave, estarías premiando la mayor ineficiencia. O el gasto superfluo originado en la operación de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, en publicidad. Si Credomatic te va a poner toda su pauta publicitaria en partidos de fútbol, en los conciertos, en los artistas que traen, eso no es real. El único que puede verificarlo es la Sugef o el MEIC, que se niega a hacerlo”, explicó el economista Daniel Vartanian, quien trabaja el tema de crédito desde la Fundación Iustitia.
Para todos los economistas consultados por UNIVERSIDAD el riesgo que estiman las entidades de crédito no significan, en absoluto pérdida.
“Hay una regla en finanzas que dice que, a mayor riesgo, mayor precio. En el tanto que yo pueda ir bancarizando segmentos de ingresos más bajos, que son más riesgosos, y pueda cobrar una tasa de interés más alta que me cubra esos costos, lo hace rentable; lo hace bancable”, aseguró el economista Gerardo Corrales.
