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Banco Nacional y BCR opuestos a impuesto de utilidades a instituciones con apoyo de Sugef

Durante dos sesiones, la superintendente Rocío Aguilar y los gerentes del Banco Nacional y BCR argumentaron que aportar 30% de utilidades no es posible 

La banca pública se opuso este miércoles al plan del Gobierno para gravar con hasta 30% las utilidades de 13 instituciones públicas, una de las propuestas fiscales negociadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Comisión de Económicos tramita el proyecto de Ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal (22.384).

El martes, el primer criterio negativo contra el proyecto fue presentado por la superintendente de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar.

“No parece oportuno utilizar o agregar más gasto a los bancos del Estado, a este conjunto de entidades, porque estaríamos afectando la variable más importante: su capital”, afirmó entonces.

En la sesión del 13 de octubre, fueron los gerentes generales Bernardo Alfaro del Banco Nacional (BN); y Douglas Soto del Banco de Costa Rica (BCR) quienes repitieron este mismo criterio.

“Nos oponemos, consideramos que no debería ser aprobado porque atenta contra la sostenibilidad futura, sobre todo en un momento crítico para el país, en el que se requiere fuertemente de la reactivación económica”, afirmó Alfaro.

Soto también acuerpó la negativa y manifestó que existen otras iniciativas que tocarían las utilidades de estas entidades públicas.

“Nos preocupa que hay 10 proyectos en fila que, para financiarlos cuentan con las utilidades de los bancos del Estado. De diferentes maneras, diferentes proyectos, que van desde un 1% de utilidades hasta un 10%. Eso también nos afecta muchísimo”, dijo Soto esta tarde.

Sobre los datos de afectación, Soto argumentó que el BCR perdería “20 puntos menos de suficiencia patrimonial”.

“El banco dejaría de prestar ¢215 mil millones”, afirmó el gerente. Este número, según indicó, corresponde a “3.400 soluciones de vivienda menos”

El gerente del BN, Alfaro, dijo que el “sacrificio” sería afectar créditos empresariales, que son el 58% de los créditos que otorga la entidad. Además, dijo que el 43% de los créditos son para micro y pequeñas empresas (mipymes) y que entonces el banco enfrentaría “28 mil créditos a mipymes que tendríamos que dejar que dar para poder atender esta contribución adicional.

“Un colón de capital es un tesoro para nosotros, implica 10 colones en crédito”, dijo también.

Dos propuestas para reemplazar el proyecto

Según Bernardo Alfaro, en abril, los bancos presentaron dos propuestas para modificar su aporte del proyecto 22.384.

Tanto Alfaro como Soto dicen que recomiendan, desde hace muchos años, sustituir por un “dividendo único” a  las cargas parafiscales con las que transfieren dinero a programas públicos.

Una segunda opción es que, por 4 años, el 50% de las cargas parafiscales que se trasladan a Infocoop, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “se destine al fisco” y la otra mitad continúe girándose a esas tres instituciones públicas.

Estas ideas no fueron comentadas con el FMI, tampoco se habló de este proyecto de ley durante la misión que finalizó hace una semana.

“Sobre este proyecto en concreto, no hemos tenido ninguna conversación (con el Fondo)”, dijo Alfaro.

Las 13 instituciones públicas de las cuales se pretenden tomar el 30% son los dos bancos públicos y sus subsidiarias (operadoras de pensiones y corredoras de seguros); el Instituto Nacional de Seguros y sus subsidarias; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); Correos de Costa Rica; la Editorial de Costa Rica; Acueductos y Alcantarillados (AyA); el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer); el  Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop); la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva); la Junta de Protección Social; Racsa y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

De estas, UNIVERSIDAD encontró que inclusive que cuatro de ellas son perdedoras, se trata del AyA; Incofer; Japdeva y la Editorial de Costa Rica.

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