Banco Nacional hace ínfima revisión para evitar deterioro de escuelas y colegios en fideicomiso educativo

Banco adquirió obligación legal de velar por el mantenimiento de los centros por ser el administrador del proyecto, pero ahora aduce que el presupuesto es insuficiente.

Muros con grietas, paredes despintadas, filtración de agua y hasta pisos resquebrajados ya se empiezan a ver en algunos de los centros educativos construidos con el préstamo de $167,5 millones (¢94.000 millones) que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó al Ministerio de Educación Pública (MEP) en el 2014 y que todavía está en ejecución.

La prevención del deterioro y el mantenimiento de las obras fueron compromisos legales que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) adquirió como administrador del fideicomiso creado para levantar las construcciones. Sin embargo, actualmente ese banco realiza una mínima supervisión del estado de las edificaciones.

Los colegios, las escuelas y las canchas que se construyen con este préstamo pertenecen al Banco Nacional durante un periodo de 15 años, tiempo en el cual se los alquila al MEP, mientras se paga la deuda al BID.

En el contrato que el BNCR firmó con el BID se comprometió a que las obras “sean mantenidas adecuadamente”. Para eso, incluso, contrató a una empresa que se encargaría de las inspecciones en los centros educativos y de gestionar el mantenimiento.

No obstante, ahora el BNCR aduce que el presupuesto es muy limitado y se atiene solo a los reportes que envían las juntas de educación o direcciones de los centros educativos. Lo anterior, a pesar de que una de las obligaciones del banco es, precisamente, velar porque las administraciones de cada institución no realicen modificaciones a la infraestructura.

En entrevista con UNIVERSIDAD, la directora de Fideicomisos del BNCR, Lourdes Fernández, argumentó que les está quedando un monto “ínfimo” para mantenimiento. La oficina de prensa del banco detalló que en este momento hay ¢146 millones destinados a ese rubro.

Fernández incluso mencionó que en los liceos Mata de Plátano y San Isidro de León Cortés –los primeros entregados en el 2016– “ya ha habido necesidad de mantenimiento y no se ha podido cubrir en su totalidad”.

En el 2014, el préstamo del BID se planteó para construir un total de 103 proyectos educativos, pero el dinero no alcanzó –por malas estimaciones, según el MEP– y solo se finalizarán 56.

Adicionalmente, los atrasos obligaron al Banco Nacional a pagar ¢1.000 millones en multas al BID.

Por el momento, hay 44 edificaciones entregadas, según el reporte que dio la Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional a este medio.

Entre los proyectos que están en camino se encuentra el colegio Sotero González, en Desamparados; sin embargo, la construcción está varada en medio de la disputa de dos empresas cuestionadas. (VEA NOTA APARTE).

Obligaciones

La Ley 9124, que creó este fideicomiso, establece que para la conservación de los edificios el MEP se encargará de “acciones menores”, como cambio de bombillos, pero el mantenimiento “preventivo y correctivo” corre por cuenta del fiduciario (Banco Nacional), que además debe velar porque las empresas constructoras cubran las fallas que entren en las garantías.

En el 2018, el BNCR contrató a la empresa Cytect MGS, S. A. como Unidad de Mantenimiento para cumplir la responsabilidad de velar por el estado de las construcciones.

En el contrato se indicó que, a partir del momento en que las edificaciones se entregaran al MEP, el fideicomiso debía contratar a esta Unidad para: verificar el estado de las obras recibidas, verificar si las juntas de educación realizan el mantenimiento adecuadamente, determinar las necesidades de mantenimiento y a quién le corresponde realizarlas, fiscalizar que esas labores de mantenimiento se realicen y recomendar la modalidad de contrataciones cuando sea necesario.

Sin embargo, el BNCR ahora evita encargar tareas a la empresa, alegando que el contrato es “por demanda” y solo le pidió recientemente dos inspecciones a los primeros centros educativos terminados. La compañía realizó las supervisiones “bajo protesta” por carecer de una orden de inicio, según el coordinador general de la Unidad de Mantenimiento, Mainrad González.

González cuestionó la posición del BNCR y manifestó que, sin una debida fiscalización, “no se tiene control sobre el correcto estado de conservación, entonces existe una depreciación acelerada y es un perjuicio al erario público”. (VEA NOTA APARTE).

No obstante, la directora de Fideicomisos del Banco Nacional sostuvo que “el contenido patrimonial ha resultado muy escaso para la cantidad de obras y para los temas adicionales, como es mantenimiento”.

En entrevista con este medio, Lourdes Fernández incurrió en dos contradicciones: primero indicó que la Unidad de Mantenimiento realizaba inspecciones a todos los centros educativos; no obstante, cuando se le detalló el reporte brindado por la empresa, se desdijo y alegó que el contrato es por demanda de los servicios que se requieran.

En segundo lugar, aseguró que la fiscalización por parte de Cytec MGS, S. A. solo es necesaria para los centros educativos con garantías vencidas, y que los dos centros educativos inspeccionados “son los únicos en donde las garantías han ido quedando prescritas”. No obstante, un reporte que envió el banco posteriormente indicaba que ninguna garantía está vencida por el momento.

Fernández agregó que ahora se está “planteando un acuerdo con el MEP para que la Unidad de Supervisión del MEP, que va a terminar funciones una vez que terminemos con las 55 o 56 obras, se convierta en una Unidad de Mantenimiento de esas obras, para lograr ese cometido que la ley nos da, pero sin contenido económico”.

Lo anterior, a pesar de que dicha Unidad Supervisora más bien actúa como la contraparte del Banco Nacional para este proceso.

Según el BNCR, de momento se han presentado 36 reportes de los centros educativos que han sido cubiertos por las garantías de las empresas constructoras.

Responsabilidad delegada

UNIVERSIDAD contactó a directores y otros funcionarios de algunos de estos centros educativos, quienes relataron que cuando existen necesidades de mantenimiento realizan los reportes ante el MEP, mediante la Unidad Supervisora. Dijeron desconocer la existencia de una Unidad de Mantenimiento.

Se consultó a Geovanny Rodríguez, director de la Unidad Supervisora del MEP, quien confirmó que han estado recibiendo reportes de las juntas de educación y trasladándolas al Banco Nacional, el cual determina a quién corresponde la reparación.

Mencionó reportes de fallas en paneles de alarmas, desprendimiento de llavines, de repellos, goteras, fugas de sistemas de agua, obstrucciones en sistemas mecánicos, oxidación y  desprendimiento de pintura.

Rodríguez resaltó que, una vez entregadas las obras, las empresas constructoras tienen un plazo de garantía de 540 días por “vicios ocultos”, por lo que hasta ahora han respondido por los arreglos, afirmó.

No obstante, en el Liceo Mata de Plátano, el asistente de dirección, Aristides Salas, comentó que se le ha pedido a la junta administrativa cubrir necesidades de pintura. “Son erogaciones altas y los presupuestos de las juntas son limitados”, expresó.

UNIVERSIDAD consultó a Rodríguez si esa oficina sustituye las tareas de la Unidad de Mantenimiento y respondió que realizan algunas de las labores, pero no todas.

“Nosotros lo que hacemos es trasladar la información de las necesidades al Banco Nacional. Cytec sí tenía que hacer una programación de presupuesto, creo que hasta llevar el proceso de contratación de las empresas que iban a hacer el mantenimiento. Entonces ese es un tema que está en la mesa con el Banco Nacional,  de cómo van a ser atendidos esos temas, porque primero, si nosotros empezamos a visualizar un tema de que podamos hacer esos trabajos, pasaríamos entonces casi a ser empleados del Banco Nacional”, expresó Rodríguez.

El funcionario sí consideró que, debido al escaso recurso con que cuenta el fideicomiso, si esta labor de supervisión la realiza la empresa contratada como Unidad de Mantenimiento “prácticamente tendría que pagarse con el porcentaje que se estaba reservando para el mantenimiento. Entonces se estaría dejando desprovisto a los centros educativos de direccionar la plata para lo que realmente es, que es mantenimiento”. Añadió que no por ello le están “quitando responsabilidad al Banco Nacional”.

UNIVERSIDAD también consultó a la directora de Fideicomisos del BNCR si considera que la labor de los funcionarios del MEP es suficiente para detectar incluso las fallas que deban ser cubiertas por las garantías y prevenir que estas se venzan.

“Dentro de nuestras posibilidades en este momento, legales y sobre todo patrimoniales del fideicomiso, estamos haciendo lo mejor posible, dentro del rubro pequeño que tenemos para mantenimiento”, respondió Fernández.





“Si se permite que los edificios continúen deteriorándose, las reparaciones van a ser más costosas”

Mainrad González, coordinador de la Unidad de Mantenimiento, advierte medidas legales por incumplimiento del Banco Nacional.

Hulda Miranda Picado

hulda.miranda@ucr.ac.cr

En el 2017, la compañía Cytect MGS, S. A. obtuvo un contrato para convertirse en la Unidad de Mantenimiento del fideicomiso BID-MEP, administrado por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

A pesar de que el contrato indicaba que, una vez que los centros se entregaran al Ministerio de Educación Pública (MEP) la compañía debía realizar inspecciones cada dos meses, eso nunca se llevó a cabo.

El BNCR alega que el contrato era “por demanda”, con lo cual solo deben ser contratados cuando haya necesidad de supervisión.

En la empresa tienen un criterio contrario y advierten de eventuales medidas legales contra el Banco Nacional, pero además señalan un daño al erario público porque si “no se tiene control sobre el correcto estado de conservación de los centros educativos, entonces existe una depreciación acelerada, estos se empiezan a devaluar”, indicó el coordinador general de la Unidad de Mantenimiento, Mainrad González, quien es ingeniero civil.

“Si se permite que los edificios continúen deteriorándose sin la debida atención, las reparaciones que se requieran van a ser más costosas que si se hubiera dado un adecuado mantenimiento, esas son las implicaciones que tiene hacia el interés público”, agregó.

González explicó que las tareas que tenían encomendadas eran visitar y “determinar el nivel de deterioro y, dependiendo, recomendamos cuáles son las acciones que hay que realizar, cuáles serían los términos de referencia para poder realizar el trabajo, tanto preventivo como correctivo, y también ayudaríamos al fideicomiso para hacer la recomendación técnica de las empresas que deberían realizar los mantenimientos”, explicó.

Añadió que, en el cartel de contratación, se especificaba que las inspecciones se realizarían para “verificar que se está implementando el mantenimiento recurrente y las reparaciones menores y para inspeccionar los trabajos de mantenimiento correctivo”.

Las labores de conservación podrían corresponder a las empresas constructoras si están dentro de las garantías, o al MEP si son asuntos menores, o al Banco Nacional, como fiduciario.

“Entonces, nosotros tenemos que determinar cuál es el tipo de mantenimiento apropiado, quién es el responsable”, agregó González.

Recientemente, el Banco Nacional le pidió a la Unidad de Mantenimiento inspeccionar los liceos de Mata de Plátano y de San Isidro de León Cortés, los dos primeros construidos con este fideicomiso, en el 2016.

La empresa hizo las supervisiones bajo protesta porque aseguran que no se dio la orden de inicio. El Banco Nacional, por su parte, afirma que la orden para estos dos casos sí se dio y que no se pagará el trabajo porque se entregó de forma tardía.

La directora de Fideicomisos del Banco Nacional, Lourdes Fernández, dijo a UNIVERSIDAD que es comprensible que la empresa espere que se les estén pidiendo tareas para que se les pague. El contrato indica que se cancela entre $720 y $1.878 por inspección, según si el centro educativo se ubica fuera o dentro del Gran Área Metropolitana. Para revisiones de canchas, el pago es de $121 a $317.

Fernández sostuvo que los términos del acuerdo es que la compañía será requerida “por demanda”.

González, por su parte, rechaza esa interpretación. “El concepto de ‘bajo demanda’ es porque es difícil determinar la cantidad exacta de visitas o trabajo que se tienen que realizar. El cartel indica un mínimo, pero puede ser que se requiera más trabajo; por ejemplo, que nos encontremos un deterioro muy exagerado o daños por fenómenos naturales, entonces el contrato por demanda permite la flexibilidad de atender distintas situaciones”, explicó.

Representantes de la empresa y del Banco Nacional han sostenido reuniones e intercambiado comunicaciones sin llegar a acuerdos. González advierte la eventual toma de medidas legales como una demanda contra el banco.

“Quiero recalcar que a los edificios no se les está realizando el adecuado control de su estado de conservación porque el banco no ha activado los mecanismos a través de la empresa de mantenimiento que contrató”, finalizó González.

 

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